El día del acuerdo entre la Presidencia del Gobierno y el Partido Popular para renovar y reformar el Consejo del Poder Judicial, se conoció que una magistrada del Tribunal Constitucional 'indulta' a peces gordos del PSOE andaluz condenados por el escándalo de los ERE. Se trata de Inmaculada Montalbán, vicepresidenta del TC que junto a otras dos magistradas adoptan decisiones coincidentes con los intereses de Moncloa. Lo hacen paralelamente a otras titulares de altas responsabilidades, conformando una cierta guardia pretoriana protectora de Pedro Sánchez mediante el `blanqueo´ de ciertas medidas o en el cumplimiento de la obediencia debida.

Por las manos de ocho `pretorianas´ situadas en altas instituciones del Estado o en centros neurálgicos del sector público -y cuatro de ellas en la Fundación Pablo Iglesias- pasan asuntos tan sensibles como la amnistía y las condenas por malversación, el control de sectores estratégicos como redes eléctricas y de telecomunicaciones, las claves del rescate de Air Europa, la supervisión de entes estatales como RTVE o Correos, la legislación educativa frente a pretensiones nacionalistas, el pronunciamiento o el silencio ante la adecuación de determinadas leyes a nuestro Estado de derecho, etcétera. No son las únicas altos cargos, mujeres y hombres, en puestos claves fuera del Gobierno pero sí las que en estos momentos manejan cuestiones candentes de la legislatura desde los siguientes puestos, con las siguientes atribuciones y retribuciones/año:

Inmaculada Montalbán, vicepresidenta del Tribunal Constitucional (157.889 €), antigua portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia, ha sido ponente de la sentencia favorable al recurso de la exministra y exconsejera andaluza Magdalena Álvarez, condenada por prevaricación en los ERE de Andalucía. Se anuncian pronunciamientos semejantes de Montalbán sobre otros condenados por el mismo escándalo de corrupción, Carmen Martínez Aguayo y José Antonio Griñán. Así, la vicepresidenta del TC está corrigiendo al Tribunal Supremo que dictó sentencias condenatorias sobre los cargos del PSOE en la Junta de Andalucía.

María Luisa Segoviano, magistrada del Tribunal Constitucional (142.448 €), con su inesperado voto favorable aupó a Conde-Pumpido a la presidencia del TC. Ha sido ponente de la sentencia favorable al diputado de Podemos que fue condenado por el Tribunal Supremo por agredir a un policía, así como de la sentencia que avala las fórmulas de acatar la Constitución añadiendo coletillas con eslóganes reivindicativos o despectivos, como hacen los electos independentistas y populistas.

Laura Díez, magistrada del Tribunal Constitucional (142.448 €) a propuesta del Gobierno. Su paso anterior por puestos políticos en la Generalitat, recomendada por el PSC, y en Moncloa, la convierte en abstencionista o recusable en frecuentes asuntos sobre los que da ver el TC, como ocurrió con el de la ley catalana que incumple la sentencia sobre el 25% de enseñanza en castellano. Pocos días antes de tomar posesión en el Constitucional, Díez se mostró partidaria de una reforma del sistema autonómico en su conjunto, sin soslayar “aspectos básicos como la distribución competencial o la financiación”.

Carmen Calvo, presidenta del Consejo de Estado (90.824,16 €), ministra con Zapatero y vicepresidenta con Sánchez, mantiene la misma condescendencia que sus predecesoras Valerio y Fernández de la Vega con el arrinconamiento al que el Ejecutivo somete al Consejo de Estado para evitar dictámenes negativos sobre las iniciativas legislativas más polémicas y dudosas de los últimos tiempos. Calvo Poyato compatibiliza su destino institucional con un asiento en el Patronato de la Fundación Pablo Iglesias junto a Félix Bolaños y Santos Cerdán, y hace constar en su presentación como presidenta del máximo órgano consultivo que sus funciones incluyen “la jefatura de todas las dependencias del Consejo de Estado”.

Belén Gualda, presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, SEPI, (245.125 €), ocupó durante diez años diferentes cargos en la Junta de Andalucía gobernada por el PSOE hasta que en 2020 llegó a la presidencia de la pública Navantia. Fue designada al frente de la SEPI en 2021, tres meses después de que dicha sociedad saliera al rescate de Air Europa con 475 millones, una operación sobre la que Belén Gualda ha de aclarar al juez Peinado si Begoña Gómez tuvo relación con la misma. En sus manos está la ejecución de las iniciativas de Moncloa para tomar posiciones de control en compañías punteras, como ha ocurrido recientemente con Indra y Telefónica y se prepara con Talgo. Del holding estatal presidido por Belén Gualda dependen entidades de gran interés para el presidente del Gobierno como RTVE, agencia de noticias EFE, Correos, Mercasa, etc.

Beatriz Corredor, presidenta de Redeia y ex presidenta de la Fundación Pablo Iglesias, con una retribución anual de 546.000 €, la mayor del sector público, encabeza una corporación que a través de sus “infraestructuras críticas y neutrales”, afirma, “garantizamos el suministro eléctrico y las telecomunicaciones”. De la naturaleza estratégica y sensible para el Estado de esta gran gestora de redes eléctricas, fibra óptica, señales de satélite, etc., da idea que sea la SEPI su accionista mayoritario. La presidencia de Redeia, por tanto, ha de estar en manos de una persona cualificada y de máxima confianza, lo que llevó al jefe del Ejecutivo a colocar en ese puesto a Beatriz Corredor, una registradora de la Propiedad con trayectoria política como concejal de Madrid por el PSOE, ministra de Vivienda y secretaria de Estado con Rodríguez Zapatero, presidenta de la Entidad Pública del Suelo (SEPES) y, dentro del PSOE, miembro de su ejecutiva federal hasta 2020 y presidenta de la Fundación Pablo Iglesias a cuyo patronato sigue perteneciendo.

Hana Jalloul, eurodiputada (153.646 € más 350€/jornada parlamentaria) y secretaria de Política Internacional del PSOE, es el comodín de Sánchez para la Internacional Socialista, para su proyección en Iberoamérica y a veces para el PSOE/Madrid. De su fidelidad al líder es una muestra un tuit del 9 de junio con el texto “votando con la zurda” junto a su foto introduciendo la papeleta en la urna con la mano izquierda. Participante en los movimientos previos al reconocimiento por España del Estado de Palestina, el pasado día 16 se sumó desde su cuenta en X a la celebración musulmana del Día del Cordero. Jalloul, miembro del Presidium de la Internacional Socialista y del patronato de la Fundación Pablo Iglesias, promueve jornadas y seminarios de formación política en países iberoamericanos, casi siempre con patrocinio del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Con su reciente entrada en el Parlamento Europeo activará discretamente las relaciones del Grupo Socialista de la Eurocámara con el Grupo de Puebla que el líder del PSOE está interesado en llevar a cabo.

Mercedes González, presidenta de la Comisión de Educación del Congreso (68.443 € más servicios varios), bien valorada por Sánchez y mejor aún por Félix Bolaños, igual que aceptó el nombramiento como directora general de la Guardia Civil sin experiencia en materia de seguridad, a los tres meses acató el cese en dicho cargo para ir de candidata en las generales de 2023. Con reconocida beligerancia frente a sus rivales políticos, Mercedes González ha sido colocada al frente de la Comisión de Educación del Congreso que ha de ocuparse de asuntos conflictivos como las reformas educativas o la vigencia legislativa en Cataluña y País Vasco. Miembro también del patronato de la Pablo Iglesias, de su identificación con los mensajes más broncos del jefe del Gobierno dejó constancia en este artículo tras la `reflexión´ del inquilino de la Moncloa a finales de abril pasado: “Sí, por primera vez un presidente nos convocó a reflexionar con él sobre las agresiones y ataques verbales, la difusión de falsedades, el uso espurio de la Justicia (…) y el papel de los falsos medios de comunicación que enturbian con mentiras la vida pública”. Mercedes González, además de política, es titulada en Periodismo.

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