Mediapro Cloud S.L., la empresa propiedad de Jaume Roures, presta soporte a un sistema de mensajería usado por la Generalitat para asegurar el envío de comunicaciones entre miembros de la Administración catalana. Esta compañía, que fue registrada por la Policía Nacional hace una semana en el marco de las investigaciones sobre la organización del 1-O, es la propietaria de las direcciones de IP que sustentan este programa interno llamado e-Valisa.
La Brigada de Información de Barcelona desveló esta relación siguiendo la pista de uno de los correos clave para acreditar que el Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat) cedió los datos de la población catalana a la Generalitat para hacer el censo del 1-O. En concreto, el documento es un archivo de word que guardaba el director del Idescat, Frederic Udina bajo el nombre "comunicacio_RP2_2017", según el informe policial al que ha tenido acceso Vozpópuli.
El documento estaba dirigido a uno de los cerebros del procés, Josep María Jové, y se le comunicaba que "El Idescat entregó al Sr. Daniel Gimeno, Jefe del Gabinete Técnico (de la Consejería de Economía y Hacienda), la última versión del Registro de Población de Cataluña, a fecha 1 de abril del 2017”.
El 19 de mayo de 2017 Udina recibió un mensaje automático de vuelta en el que le confirmaba que la comunicación había llegado a su destino. Este intercambio se hizo a través de la baliza interna e-Valisa. Los investigadores sostienen que lo hicieron “bajo una apariencia de total legalidad” cuando en realidad “la única finalidad de elaborar un censo electoral para el 1-0”.
El programa de e-Valisa es una herramienta, distinta al correo electrónico tradicional, que da respuesta a la necesidad de remitir, dentro del ámbito de la Administración de la Generalitat de Cataluña, documentación en formato electrónico con constancia fidedigna del envío. A partir del hallazgo del mensaje sobre el censo, la Policía siguió tirando del hilo y descubrió que el portal de soporte para la e-Valisa se encuentra gestionado por la AOC (Administración Abierta de Cataluña).
Según la web de contrataciones públicas, bajo el título "Servicio de alojamiento cloud y explotación de las plataformas tecnológicas", se muestra un proceso de licitación del Consorcio AOC con fecha de terminación de la presentación de ofertas del 10 de julio del año pasado. Era para un contrato de Servicios de informática y servicios conexos de dicho Consorcio.
En la propia web de la Administración Abierta de Cataluña se aprecia lo que se llama “un calendario de intervenciones de migración del Centro de Procesamiento de la Datos (CPD) de la propia AOC. Según recoge el informe policial, “debido a la alta cantidad de IPs públicas a migrar", se avanzó la disposición de unos rangos públicos para habilitar el acceso: 157.97.64.0/24 y 157.97.65.0/24.
Tras analizar esas coordenadas, la Policía Nacional asegura que “dicho rango de direcciones pertenecen a la empresa MEDIAPRO CLOUD S.L. con domicilio en Av. Diagonal 177, Planta 12, Edificio Imagina de Barcelona”.
“Existen indicios racionales suficientes para determinar que el servicio de la e-Valisa sería explotado por la Administración Oberta de Cataluña, bajo el mandato del "Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge" dentro del paraguas de servicios de la Extranet de las Administraciones Públicas (EACAT), y que su Centro de Proceso de Datos (CPD) se encontraría migrado a la empresa MEDIAPRO CLOUD S.L. con domicilio en Av. Diagonal 177, Planta 12, Edificio Imagina de Barcelona”, concluye el informe policial.
Estas pesquisas son las que provocaron que el juez de Instrucción número 13 de Barcelona que investiga la organización del referéndum del 1-O autorizase a la Policía Nacional a registrar la sede de Mediapro Cloud el pasado martes así como la sede del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) en L'Hospitalet de Llobregat, y también el despacho de Gimeno en la Consejería de Economía.
Tanto Daniel Gimeno como el que mandó el documento confirmando la cesión de los datos censales, Frederic Udina fueron detenidos. La Policía argumentó la necesidad de registrar el despacho del primero por el convencimiento de que “con toda probabilidad puede guardar evidencias como destinatario del fichero enviado por Udina con los datos del RPC, así como evidencias del destino posterior que pudo hacer del mismo”.
