La reforma de la Administración autonómica que ha planteado el nuevo Ejecutivo de Castilla-La Mancha (PSOE-Podemos) para recuperar el plus de alto cargo va en contra de la línea mantenida por los socialistas en otras comunidades autónomas donde gobiernan, como por ejemplo Asturias o Baleares. Ambas regiones suprimieron el privilegio que se conoce como "Nivel 33" y que ahora el presidente castellano-manchego, Emiliano García-Page, quiere rescatar justo tras aliarse con Podemos. El anterior gobierno de María Dolores de Cospedal (PP) lo eliminó en la Ley de Presupuestos del año 2012.
Se trata de un complemento para aquellos funcionarios que regresan al servicio activo después de haber ocupado puestos de responsabilidad en la política de moqueta. Precisamente, el líder de Podemos en esta región y nuevo vicepresidente segundo de la Junta, José García Molina, está entre quienes se beneficiarán de esta medida al ser profesor titular universitario, tal y como ha publicado Vozpópuli.
En septiembre de 2012, el Gobierno asturiano de Javier Fernández acordó la supresión de este complemento o "sobresueldo" que percibían, en concreto, 68 funcionarios de la Administración del Principado. El ahorro para las arcas públicas regionales fue de 392.566 euros anuales.
De igual modo, el Ejecutivo balear de Francina Armengol anunció en septiembre de 2015 que llevaría al Parlament la eliminación de este privilegio del que disfrutaban hasta 172 funcionarios autonómicos. Si bien en un primer momento el Govern pensó en suspender el pago, finalmente optó por suprimir esta prebenda, incluyendo tal reforma en un nuevo redactado de la Ley de la Función Pública regional.
Podemos se mostró "absolutamente en contra" de este privilegio en Baleares, a diferencia de su postura ahora en el Gobierno de Castilla-La Mancha
El texto fue aprobado por la Cámara balear en mayo de 2016. Los socialistas de Armengol insistieron en que la continuidad de este plus no era justificable. "Es un privilegio que genera desigualdades entre empleados públicos y entre trabajadores públicos y trabajadores del ámbito privado", manifestó la diputada María José Camps.
Por su parte, Podemos se mostró también "absolutamente en contra" del "Nivel 33", ya que, según declaró la entonces parlamentaria morada Montserrat Seijas, "en tiempos difíciles tenemos la obligación de dar mayor ejemplo que cualquier otro trabajador". Esta postura de la formación de Pablo Iglesias en Baleares, donde todavía no ha entrado en el Gobierno pese a mantener un pacto de legislatura con el PSOE, contrasta con la sostenida ahora en Castilla-La Mancha.
A raíz de la polémica generada, el presidente García-Page señaló este viernes que pedirá al consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, que "hable con los sindicatos", cuyos representantes han expresando su profundo rechazo a esta reforma de la Ley de la Función pública autonómica y han exigido la retirada del texto. No obstante, en declaraciones a la cadena Ser, García-Page justificó la recuperación de dicha prebenda para "no perjudicar la carrera profesional de aquellos funcionarios que acceden a un puesto de responsabilidad en la Administración regional".
Un aumento del 42%
De su lado, la presidenta del Grupo Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Guarinos, denunció que "lo que quieren hacer Page y sus amigos de Podemos, que han venido con los sobresueldos debajo del brazo, es una auténtica vergüenza, la mayor cacicada que se puede hacer en una administración". Además, Guarinos enfatizó que en los Presupuestos regionales para 2018 se incrementa el gasto en altos cargos un 42%. La necesidad del PSOE de sacar adelante estas cuentas autonómicas ha estado detrás de la entrada de Podemos en su gobierno.
