Las declaraciones de bienes que exigía la nueva Ley de Transparencia se escudan en la cláusula de "salvaguarda de la privacidad y seguridad de sus titulares" para publicar información telegráfica y poco útil. La transparencia sigue sin llegar.

La pléyade de altos funcionarios que opera bajo la égida de la vicepresidenta Sáenz de Santamaría ha elaborado una regulación del alto cargo caracterizada por su doble rasero: al tiempo que ellos mismos se rebajan las condiciones para dar el salto más fácilmente a la empresa privada, blindan todavía más los cargos públicos, de modo que sean un coto casi exclusivo de los funcionarios.