La pléyade de altos funcionarios que opera bajo la égida de la vicepresidenta Sáenz de Santamaría ha elaborado una regulación del alto cargo caracterizada por su doble rasero: al tiempo que ellos mismos se rebajan las condiciones para poder dar con mayor facilidad el salto a la empresa privada, blindan todavía más los altos cargos públicos, de modo que se conviertan en un coto casi exclusivo de los funcionarios. “Es la ley del embudo. Se trata de un nuevo paso de los sorayos en su afán de implantar una suerte de tecnocracia a su medida”, denuncia una voz del partido.
El anteproyecto de Ley Reguladora del Ejercicio del Alto Cargo pone de manifiesto cómo preparan su futuro lejos de la Administración los sorayos, el grupo de altos funcionarios y demás allegados que lidera la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y que ha acaparado multitud de puestos destacados a lo largo y ancho del entramado público, desde la presidencia de RTVE a la secretaría de Estado de Cultura, pasando por la subsecretaría de Economía o la de Presidencia, entre muchos otros.
El alto cargo podrá fichar por una empresa que haya tenido relación con sus competencias, siempre y cuando no haya tomado una decisión sobre ella
Impulsado por el subsecretario de Presidencia e insigne sorayo, Jaime Pérez Renovales, el texto del anteproyecto al que ha tenido acceso Vozpópuli facilita bastante la marcha de los altos cargos hacia la empresa privada. Allá donde antes la ley rezaba que durante dos años los altos cargos “no podrán desempeñar sus servicios en empresas o sociedades privadas relacionadas directamente con las competencias del cargo desempeñado”, ahora la fuerza del articulado se diluye bastante y recoge que “no podrán prestar servicios en entidades privadas que hayan resultado afectadas por decisiones en las que haya participado”. Por leve que parezca, el cambio se antoja muy sustancial: el alto cargo podrá fichar por una empresa que haya tenido relación con sus competencias, siempre y cuando no haya tomado una decisión sobre ella.
Y respecto a este hecho precisamente ha llamado la atención el Consejo de Estado, que en su dictamen sobre el proyecto de ley considera que el término "competencia" resulta un concepto materialmente más amplio y por lo tanto más restrictivo que el de la "decisión".
O sea, que la cosa se relaja bastante para que los sorayos en particular y los políticos en general puedan ingresar en el mundillo empresarial tras su paso por la esfera pública. Es más, el propio Pérez Renovales, abogado del Estado de la misma promoción que el marido de Soraya, se ha incorporado a este Gobierno tras abandonar el banco Santander, y probablemente hará de nuevo el viaje de vuelta a una empresa tan pronto acabe su periplo en el Ejecutivo del PP.
El fallo reside más bien en la Oficina de Conflictos de Intereses, que no sirve para nada
“Hay que permitir una salida digna a los que han tenido posiciones de elevada responsabilidad en la Administración. El fallo más bien reside en la Oficina de Conflictos de Intereses, que no sirve para nada. Éste es el organismo que no ve inconveniente en que Salgado trabaje para Endesa-Chile... ¡porque no la ha regulado! Y éste es el mismo organismo que ni siquiera se plantea si hay un problema porque el marido de la vicepresidenta consiga un empleo en Telefónica cuando de Soraya depende RTVE y su tasa a las telecos. En fin, es un despropósito que no ocurre en las instituciones inglesas, para las que no existen tantas leyes y sin embargo son más estrictas a la hora de controlar este tipo de incompatibilidades”, explica una fuente conocedora de los entresijos de la Administración.
A la vez que se lubrica la puerta de salida hacia la empresa privada de cualquier cargo público, el anteproyecto incurre en una flagrante contradicción al poner nuevas trabas al aterrizaje de individuos del sector privado en los cargos de la Administración.
Los puestos de ministro o secretario de Estado son siempre de designación política. Y con la excepción de algunos asesores que pueblan los gabinetes de los ministros, prácticamente todos los altos cargos que proliferan por debajo suelen pertenecer al funcionariado. Sin embargo, hasta ahora siempre cabía la posibilidad de nombrar a un director general procedente del sector privado mediante el Consejo de Ministros.
Para poder nombrar a alguien del ámbito privado como director general, se tendrá que justificar que no se ha encontrado un perfil similar en toda la Administración
No obstante, de aprobarse esta nueva legislación, será mucho más difícil contratar a un ciudadano del ámbito privado con la intención de que ocupe un cargo de director general. Para poder incorporarlo, no bastará con una decisión del Consejo de Ministros. Según el texto del anteproyecto, además se tendrá que redactar una memoria razonada en la que se justifique que no se ha encontrado otra persona de características similares en toda la Administración, un hecho que complicará bastante la designación.
“Aunque siempre se pueda sostener que Roldán así habría tenido mucho más difícil ser director general de la Guardia Civil y eso sea en sí mismo algo bueno, también se cierra aún más la puerta a que vengan los mejores de otras parcelas de la sociedad. En realidad, subyace la concepción de que las oposiciones representan el mejor método de selección, y no siempre lo es”, comenta otra fuente.
