Más problemas para Susana Díaz. Un juzgado de Sevilla ha citado este lunes a declarar en calidad de investigados a dos altos cargos del Gobierno de la presidenta andaluza por un posible delito de prevaricación al no readmitir a los orientadores laborales cuyos despidos fueron declarados nulos.
Tal y como publica el periódico El Mundo, se trata de Julio Samuel Coca Blanes, actual secretario general de Empleo y director gerente del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y su antecesor, Antonio González Marín, que el pasado mes de enero fue nombrado director general de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA).
Aunque los orientadores ya no ejercen su actividad en el Servicio Andaluz de Empleo, el organismo, según el rotativo de Unidad Editorial, debe pagarle sus salarios. Se trata de un colectivo formado por 413 personas contratadas en octubre de 2008 a través de un contrato de obra que fue objeto de varias prórrogas hasta que el SAR decidió extinguir su relación laboral cinco años después.
La titular del Juzgado de Instrucción 8 de Sevilla, María de los Reyes Flores, abrió diligencias previas en octubre al apreciar que los hechos denunciados "presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal" después de que varias sentencias del Tribunal Supremo reconocieran que los trabajadores tenían la condición de "personal laboral indefinido no fijo de la Junta, al haberse celebrado los contratos de manera fraudulenta".
