El Partido Popular y Ciudadanos tienen ya prácticamente cerrada la reforma de los organismos reguladores. La reforma incluye un nuevo sistema de nombramientos de altos cargos que obligará a los candidatos a pasar el examen de la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados y de una comisión específica compuesta por expertos independientes. El objetivo es evitar que los miembros de los organismos reguladores estén supeditados a los intereses de los partidos políticos y de las empresas sobre las que deben tomar decisiones.
¿Pero será suficiente? Los expertos ven con buenos ojos el intento de despolitizar el nombramiento de altos cargos, pero creen que esta propuesta se queda un poco coja. Hay algunos organismos, como la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que proponen que se debata la posibilidad de ir mucho más allá introduciendo un elemento que a todas luces garantiza la despolitización: el azar.
¿Por qué este elemento? Fedea cree que la elección de altos cargos con la intervención del azar lograría resultados más eficaces en las instituciones que hay que gobernar y mejoraría la política. Evitaría que los partidos, atendiendo a sus propios intereses, decidan colonizar los altos cargos del Estado con candidatos afines u ofreciendo una retirada honrosa a políticos que desean que salgan de otros frentes más directos de acción.
La propuesta de Fedea busca acabar con el interés partidista que mueve a las formaciones en los nombramientos
Y es que el documento de Fedea, firmado por el profesor de la Universidad Complutense Emilio Albi, sostiene que la política, en lugar de intentar mejorar el bienestar social eligiendo a los mejores expertos, persigue casi siempre intereses de partido. Al menos esto es lo que la experiencia hace sospechar que ha ocurrido en España a lo largo de estos años.
Por eso lanza la propuesta 'Cargos por azar' para el debate público. Su diseño se desarrolla en tres fases y siempre con la mayor transparencia. La primera consiste en una convocatoria pública de los altos cargos que hay que elegir. A esa convocatoria se pueden presentar todos los candidatos que quieran y que cumplan con una serie de requisitos.
En la segunda fase ya entra en acción el azar. Se formaría una comisión de evaluación con cinco o siete miembros, similar a la que quieren formar PP y Ciudadanos. Eso sí, con una diferencia importante. Esos miembros serían elegidos por sorteo. ¿Quiénes participarían en el sorteo? Profesionales, profesores universitarios, funcionarios o expertos de prestigio propuestos por los partidos con representación parlamentaria y por organizaciones profesionales o privadas de relevancia.
Los partidos harían propuestas
Cada partido u organización podría proponer un número determinado de expertos, de forma que ninguno pueda contar con una probabilidad alta de controlar, tras el sorteo, la Comisión. Una vez formada, la Comisión seleccionaría un número de candidatos de entre todos los que se presentaron en la primera fase.
Por ejemplo, si se presentan 50 candidatos para renovar las doce plazas de consejeros del Tribunal de Cuentas y solo se ha admitido a 40, la Comisión tendrá que seleccionar solo a 24 de ellos sin otorgar preferencias por algunos de ellos. Una vez hecha esta selección, empieza la tercera fase del proceso de participación parlamentaria. ¿Por qué aparece de nuevo el Parlamento? para respetar el voto ciudadano y por no dejarlo todo en manos del azar.
Esta tercera fase puede llevarse a cabo de dos maneras. La primera consiste en que los partidos elijan en función de sus mayorías entre los seleccionados, tras sesiones públicas de audiencia. Y si a través de este sistema no se llega a un acuerdo, se podría permitir a los partidos establecer vetos por mayorías adecuadas, con razones dadas por escrito y publicadas de hasta una cuarta parte de las personas propuestas por la Comisión.
El sistema podría aplicarse en organismos como el Banco de España, salpicado estos días por la polémica imputación de Fernández Ordóñez
Tras estos vetos, se haría un nuevo sorteo imparcial entre los candidatos que queden. Retomando el ejemplo del Tribunal de Cuentas, si los partidos vetasen a seis personas de las 24 escogidas por la Comisión, se haría un sorteo entre las 18 restantes para escoger a los doce nuevos consejeros.
El sistema que propone Fedea es novedoso y afectaría a instituciones que hoy siguen politizadas, como el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la Autoridad Fiscal, la Oficina Presupuestaria de las Cortes, el Consejo de Seguridad Nuclear y muchos otros. .
De hecho, podría aplicarse también a organismos tan importantes como el Banco de España, que precisamente estos días se ha visto envuelto en una fuerte polémica por la imputación del exgobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, por la privatización de Bankia. Fernández Ordóñez dirigió el supervisor durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tras ser propuesto por el propio Partido Socialista.
