Un presidente de Gobierno, 22 ministerios (con cuatro vicepresidencias) y 28 secretarios de Estado como resultado de dos partidos coaligados (PSOE y Podemos) han servido para crear un sobredimensionado ‘staff’ en el aparato del Estado de 541 altos cargos (y altas cargas) que en 2021 costarán 88.914.730 de euros al contribuyente.
Esta inflación de altos cargos se produce cuando muchas actividades económicas están demandando ayudas para sobrevivir y cuando el esfuerzo que se pide al sector privado para atemperar la crisis no se observa en las partidas más improductivas del sector público. Por si fuera poco, sucede cuando la mayoría de las funciones de muchos departamentos están transferidas a las autonomías y están vaciadas de contenido administrativo.
La cifra incluye a los ministerios y sus organismos autónomos de la Administración central, así como el resto de entidades, pero no a los de las empresas públicas y otros entes, ni los de las comunidades autónomas, diputaciones, ayuntamientos o sus múltiples organismos. En 2018, con Mariano Rajoy de inquilino en La Moncloa, el Gobierno del PP tenía 455, y en 2019, en la primera prórroga de los Presupuestos, se estimó inicialmente en 485. De 2020 no hay una estadística oficial, pero ya se intuía un crecimiento importante, porque a lo largo de este ejercicio el Gobierno de Pedro Sánchez ha tenido que recurrir a ampliaciones permanentes de crédito para pagar su nómina mensual.
Por tanto, el incremento de esta cúpula, desde el director general para arriba (hasta secretarios de Estado y ministros), es del 19% si la comparación se hace con 2018 y del 12% si se realiza con 2019. Algo similar ocurre con el gasto público: esos 89 millones destinados a altos cargos suponen un incremento de casi el 10% respecto al Presupuesto inicial prorrogado de 2019 (81,7 millones) y de más del 15% si la comparación se hace respecto a 2018 (77,2 millones). Si sumamos el repunte de altos cargos y de los asesores del nuevo Gobierno de Sánchez e Iglesias, sale un ejército de 1.753 personas con un coste de 154,3 millones.
Muchos de estos altos cargos proceden de la Administración, es decir, son funcionarios, pero su sueldo es muy superior al que tenían como meros empleados públicos
Muchos de estos altos cargos proceden de la Administración, es decir, son funcionarios, pero su sueldo es muy superior al que tenían como meros empleados públicos. Es más, cuando salen del cargo, porque cambia de partido el Gobierno de turno, no suelen incorporarse a su antiguo desempeño, porque el nuevo Ejecutivo no se fía, ya que podrían pasar información a quienes les nombraron anteriormente. Es un problema irresuelto de falta de confianza de los partidos sobre la profesionalidad demostrada de los altos funcionarios con una Administración excesivamente politizada.
También hay altos cargos que son contratados de exterior, elegidos a dedo por el Gobierno, aunque existe una norma que pretendía evitar esta fórmula. El PSOE y Podemos son los partidos que más han abusado de las excepciones que permite la ley por causas justificadas. Hay al menos una treintena de directores generales que no proceden de la Administración.
Por ejemplo, el director general de los Derechos de los Animales, Sergio Antonio García, técnico superior en artes aplicadas a la escultura, no ha tenido relación alguna con las administraciones. En la misma situación se encuentra el consejero áulico de Sánchez y jefe de la fontanería política en La Moncloa, Iván Redondo, con categoría de secretario de Estado. O las también secretarias de Estado para el Deporte, Irene Lozano; de Igualdad, Noelia Vera o de la Agenda 2030, Ione Álvarez. El sueldo medio de los altos cargos suele estar entre los 60.000 euros en los casos de algunos directores generales hasta los más de 125.000 que pueden alcanzar los secretarios de Estado (los que más cobran en la escala administrativa). Depende en todo caso de los trienios que acumulen en la Administración.
Zapatero llegó a tener 548
En realidad, no es la primera vez que el Gobierno dispone de más de medio millar de altos cargos. Ocurre en todas las crisis. Ya sucedió con Zapatero. En 2010 alcanzó el récord de 548, 44 más de los que se encontró cuando llegó a la presidencia del Ejecutivo. Es decir, la cifra ha crecido siempre que la crisis ha hecho acto de presencia. El PP consiguió adelgazar esa estructura progresivamente hasta llegar a los 443 en 2014, con 13 ministerios, pero en los años siguientes, con los primeros crecimientos del PIB, su número volvió a crecer. Ahora, con la nueva crisis acentuada por el coronavirus, vuelve el rebrote de estos directivos.
Es el Ministerio de Justicia el que tiene mayor número de altos cargos. De los 129 de los que dispone, con un gasto de 16,7 millones frente a los 16,2 millones en 2019, 90 están adscritos a la Secretaría de Estado, 17 al ministerio fiscal y otros 12 a la fiscal general. La sección de la Presidencia del Gobierno tiene 42 en su nómina, con un coste de 2,7 millones (la media salarial es de unos 65.000 euros). Al menos 27 figuran en el Programa de Gasto (912 millones) directo de Sánchez con un gasto de más de 1,3 millones, mientras que Rajoy sólo disponía de 12 altos cargos con un coste de 759.000 euros.
Le sigue en número el Ministerio de Política Territorial y Función Pública con 35 altos cargos (23 corresponden a la Secretaría General de Coordinación Territorial) y un coste cercano a los 2,4 millones. Por su parte, Asuntos Exteriores dispone de 27 (1,8 millones de gasto) mientras que el Consejo General del Poder Judicial se apunta 22 (con un coste de 2,9 millones), y a 20 (con más de 1,2 millones de gasto) llega el Ministerio de Transportes.
El vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, dispone de 13 altos cargos con un coste cercano a los 900.000 euros. El ministerio que menos altos cargos dispone es Universidades (6), pero se trata de un nuevo departamento adjudicado a Podemos ya que históricamente ha sido una secretaría de Estado o una secretaría general integrada en Educación.
Si a estas cifras le sumamos los 628 altos cargos que se cuentan aparte de los Presupuestos Generales del Estado de que disponen las Cortes (diputados, senadores y Defensor del Pueblo) y el Tribunal Constitucional, sale que el Gobierno y las instituciones del Estado acumulan un inmenso equipo directivo de 1.169 personas con un gasto de 149 millones. En concreto, a los 350 diputados y los 265 senadores se les considera altos cargos, con un coste de 38,7 millones a título de asignaciones constitucionales (remuneraciones directas vayan o no a las Cámaras).
A esta cifra hay que sumarle otros 18,9 millones que corresponden a las indemnizaciones por razón de servicios para cubrir una especie de dietas que en realidad sirven para complementar el sueldo de sus señorías vayan a no a las Cámaras (en 14 pagas) y por las que no tributan a Hacienda.
Lo que es evidente es que este ingente gasto, improductivo en general, se ha convertido en una bola de nieve que no para de engordar. Si a la cifra de altos cargos totales le sumamos la de los asesores, tanto del Gobierno como de las altas instituciones del Estado (Congreso, Senado o Tribunal Constitucional), sale que en 2021 habrá que pagar 230 millones a nada menos que 2.844 personas (la media es de unos 80.000 euros).
Este exceso de puestos y de sueldos en las cúpulas públicas, ajenos a lo que sucede fuera de los ministerios, no incluye el número de que disponen las autonomías, ayuntamientos y al resto del sector público administrativo o empresarial. La cifra global de este ejército puede superar fácilmente los más de 40.000 empleados.
