El Ministerio de Transportes compró cinco millones de mascarillas por 12 millones de euros a Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas, una pyme con sede en Zaragoza y administrada por un empresario vinculado a los Papeles de Panamá a la que el equipo que dirige José Luis Ábalos confió la adquisición de material sanitario en los peores compases de la pandemia del coronavirus. Esta compra pública de emergencia, que se realizó sin concurso, se ejecutó a través del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en el mes de abril. Meses después se ha conocido que esta compra contenía mascarillas defectuosas.
"La entidad Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR) comunicó que de las 7.500 mascarillas que se les enviaron, 5.300 presentaban defectos", explica Adif en el Portal de Transparencia a la solicitud de información del abogado Ramiro Grau. "Esta queja se trasladó desde Adif a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas SL, quien se encargó de reponer las 5.300 mascarillas y de retirar las defectuosas", añade su respuesta.
Además de la licitación de Adif, esta empresa proveedora ha gestionado cuatro contratos más de emergencia. El primero de todos, que desveló este medio, fue la compra de ocho millones de mascarillas por valor de 20 millones de euros a Puertos del Estado, dependiente del Ministerio de Transportes.
Después fue el Ministerio del Interior, tras un acuerdo suscrito con el equipo de Ábalos, quien compró un millón más de mascarillas por 3,48 millones de euros a esta misma empresa. El Gobierno canario y el balear recurrieron también a este proveedor. Contratos, todos ellos, que se adjudicaron sin concurso previo, como todas las compras de stock sanitario en el pico más elevado de la pandemia.
La información tramitada a través del Portal de Transparencia detalla ese lote de mascarillas defectuosas que fueron a parar a Salvamento Marítimo. Cabe recordar que no es el primer caso en el que la administración debe devolver el stock tras detectar que no cumple con los estándares sanitarios marcados. Uno de los casos más notorios fue el del Ministerio de Sanidad, cuando detectó mascarillas inadecuadas de un fabricante chino llamado Garry Galaxy.
El Ministerio de Transportes ha defendido a Vozpópuli que "de nueve millones de mascarillas, se comprobó que había 5.000 defectuosas, que se retiraron antes de su uso y que la empresa sustituyó por otras nuevas". "Todas las mascarillas que recibieron los trabajadores de Sasemar estaban en las condiciones adecuadas", ha añadido.
47 millones en contratos
En el papel de administrador de la sociedad se encuentra un empresario que figura en la base de datos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que investigó los llamados Papeles de Panamá. Supuestamente, por tener empresas offshore en Malta.
Según los últimos datos del Registro Mercantil, el proveedor con sede en Zaragoza tiene cinco trabajadores. Durante la pandemia se ha llevado cinco contratos públicos de suministro de material sanitario por valor de 47 millones de euros. Un aumento de su actividad que contrasta con los 100.000 euros de facturación y un balance negativo de 1,1 millones de euros en sus cuentas 2017, la últimas cuentas presentadas en el Registro.
Desde la empresa explicaron a este medio en pasadas publicaciones que "ha tenido actividad desde 2017, lo que no ha tenido son ingresos de grandes proyectos desde el año 2018. En el año 2017 se finalizó un proyecto internacional y se facturaron unos cinco millones de euros. Aparte la empresa se ha mantenido estable mientras presentaba ofertas a proyectos internacionales".
Además, aseguran que su expertise en el sector sanitario llega porque "ha equipado decenas de centros de salud y laboratorios de análisis clínico a lo largo de su trayectoria, y en sus UTEs reformó y equipó un hospital". Entre sus actividades recientes destaca la que ha desempeñado en África. La sociedad constituyó una Unión Temporal de Empresas con la también española Cueto Comercial 92, a la que bautizaron con el nombre de Boavista II, para desarrollar una central térmica flotante en Angola.
El grupo parlamentario Vox cuestionó al Gobierno a través de una pregunta escrita los motivos que le llevaron a adjudicar los contratos a esta empresa. Desde el Ejecutivo afirmaron que "no consta" ninguna causa por la que no se le debiera asignar ninguna licitación pública: "Antes de la contratación con esta empresa, los órganos de contratación recabaron, de acuerdo con la normativa vigente en materia de contratación pública, la escritura de constitución de la empresa y certificados de la AEAT y de la Seguridad Social, que la empresa está al corriente de sus obligaciones tributarias y de cotización".
