"Los altos cargos, durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, no podrán prestar servicios en entidades privadas que hayan resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado". Ese es el tenor literal del artículo 15 de la ley. Pero hay rendijas para la interpretación. Desde la moción de censura de junio de 2018, la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI) ha dado el visto bueno a 174 peticiones para incorporarse al sector privado o volver a los puestos que ocupaban antes de su responsabilidad pública.
Muchas corresponden a los altos cargos del último Gobierno de Mariano Rajoy. En los primeros doce meses tras la salida de La Moncloa del expresidente se concedieron 94 autorizaciones para ejercer actividades profesionales o para el reingreso en empresas. Desde junio del año pasado se ha dado luz verde a otros 80 peticiones para trabajar en compañías dentro del período de dos años sujeto a autorización para quienes han ejercido responsabilidades en la Administración.
Los límites que marca la ley para decretar una incomptabilidad son difusos y la OCI ha recibido a lo largo de sus 14 años de vida algunas críticas respecto a su capacidad para vigilar y garantizar que los ex altos cargos cumplen la normativa. El propio Tribunal de Cuentas afeaba en un informe de 2014 que la OCI se limitaba a gestionar las declaraciones de bienes, sin verificarlas ni investigar su contenido.
El organismo encargado de vigilar y autorizar los saltos a la empresa privada apenas ha denegado un puñado de solicitudes desde 2006. Apenas un 2% de media, según una respuesta parlamentaria del Ejecutivo remitida al Congreso en 2018. La Audiencia Nacional fallaba esta semana contra este organismo dependiente del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, por negarse a facilitar los nombres de altos cargos que no habían presentado sus declaraciones de bienes y actividades.
La ley también establece que aquellos ex altos cargos deben realizar durante los dos años siguientes una declaración sobre las actividades que vayan realizar con carácter previo a su inicio. No en todos los casos se cumple, como con el salto del exministro de Justicia Rafael Catalá a la compañía Codere.
La Ley de reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado aprobada en 2015 dotó de nuevas competencias a la Oficina con más posibilidades de colaborar con otros organismos como la Agencia Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social, el Registro Mercantil o el Registro de Fundaciones.
La norma dice que un alto cargo participa en la adopción de una decisión que afecta a una entidad cuando éste, en el ejercicio de sus propias competencias o funciones o su superior a propuesta de él o los titulares de sus órganos dependientes, por delegación o sustitución, suscriba un informe preceptivo, una resolución administrativa o un acto equivalente sometido al Derecho Privado en relación con la empresa o entidad de que se trate. También cuando hubiera intervenido, mediante su voto o la presentación de la propuesta correspondiente, en sesiones de órganos colegiados en las que se hubiera adoptado la decisión en relación con la empresa o entidad.
De la Administración a la empresa privada
En el último año, la OCI ha dado luz verde a varios ex altos cargos para que se incorporen a la empresa privada. La última autorización concedida, según el Portal de Transparencia, es el del ex director general de la sociedad mercantil estatal Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (dependiente del Ministerio de Economía) que cesó el pasado 19 de noviembre. Se incorpora a la empresa Citibanamex como director de ciberseguridad.
En el ámbito económico, también se ha autorizado a la ex directora general de Análisis Económico del Ministerio de Economía Pilar Mas Rodríguez a incorporarse como analista del Grupo BBVA. Cesó de su puesto en la Vicepresidencia de Asuntos Económicos el pasado mes de febrero, dentro de la reforma del equipo de Nadia Calviño para la nueva legislatura. De ese mismo ministerio se ha autorizado a su ex secretario general técnico, José María Alonso Monforte a fichar por el despacho Latham & Watkins en España.
En el ámbito militar, la OCI ha dado el visto bueno para que el ex segundo jefe del estado mayor de la Armada José Luis Urcelay, que cesó el pasado mes de agosto, se incorpore en labores de asesoramiento a la compañía Maxam. De hecho, en mayo ha sido nombrado presidente de Expal, la división de defensa de la tecnológica especializada en materiales energéticos. También dentro del ámbito de Defensa se ha autorizado al que fue jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME) hasta el año pasado, Miguel Alcañiz, a integrarse como asesor en la firma Dynamics Santa Barbara Sistemas, especializada en la fabricación de armas.
Entre las últimas autorizaciones también hay nombres de exministros como Pedro Morenés, al que la OCI le autoriza a incorporarse como presidente del consejo de administración de la firma Kuitver Energía S.L. También se autorizó a la exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, a incorporarse al despacho Albiñana & Suárez de Lezo-CMS. Esta última autorización ya no está vigente, al igual que la concedida a su compañera en el Consejo de Ministros Isabel García Tejerina. La exministra de Agricultura pidió autorización para ser asesora de Ernst & Young.
