Mientras el Gobierno no derogue el real decreto que en 2012 elevó el horario de los funcionarios a 37,5 horas semanales, es difícil que vuelva a aplicarse para ellos la jornada de las 35 horas anterior a la crisis. Aun así, el PSOE piensa hacer de ello una bandera en el debate presupuestario que se avecina, la misma que acaba de izar Susana Díaz en Andalucía a sabiendas de que tiene grandes posibilidades de perder el mástil en el Tribunal Constitucional, como ya ha pasado en Castilla-La Mancha y en el País Vasco, donde Emiliano García-Page e Iñigo Urkullu han intentado congraciarse con los empleados públicos de sus respectivas comunidades. En la primera de estas comunidades todas las capitales de provincia, salvo Ciudad Real, así como la mayoría de las diputaciones, ya han impuesto por su cuenta las 35 horas, y a lo mismo aspiran Castilla y León, Extremadura, La Rioja y la Comunidad Valenciana, donde de momento los procesos son más lentos mientras compiten por liderarlos tanto el PSOE como Podemos.
El Constitucional ha frenado ya la implantación de la semana de 35 horas en Castilla-La Mancha y el País Vasco
La paradoja es que el Gobierno andaluz ha dado el paso de legislar a favor de la reducción de horarios a sus cerca de 270.000 funcionarios a sabiendas de que es una medida mal vista por buena parte de los barones autonómicos del PSOE. El presidente asturiano, Javier Fernández, al frente ahora de la gestora provisional que pilota su partido, fue uno de los primeros en rechazar la recuperación de las 35 horas porque tendría como primera consecuencia la necesidad de contratar a más médicos, enfermeras y profesores, necesidades que en estos momentos no podría cubrir prácticamente ninguna comunidad sin violentar los compromisos de déficit contraídos con Hacienda.
El Gobierno es consciente de que la medida aprobada en Andalucía ha tenido de momento escaso eco en la mayoría de los territorios por razones puramente presupuestarias e interpreta la iniciativa de Susana Díaz como el intento de dejar huella en un ámbito tan sensible como el de los empleados públicos después de un largo periodo de desgobierno en esta comunidad autónoma.
Fuentes socialistas admiten que no está de más sumarse a Podemos en la defensa de las 35 horas semanales, después de que la formación morada esté intentando implantarlas en las administraciones donde gobierna, entre ellas el Ayuntamiento de Madrid, donde está pendiente de resolver un recurso de la Delegación del Gobierno “Es una apuesta totalmente gratuita porque sabemos que el Constitucional ha dejado claro que mientras no se derogue el real decreto de hace cuatro años, no hay margen para regular el nuevo horario desde el ámbito autonómico o local. Pero sería una torpeza dejar que Podemos se ponga en solitario esta medalla”, admiten en el PSOE andaluz.
Algunos barones socialistas no quieren secundar el ejemplo de Susana Díaz porque les falta dinero para pagar más médicos y profesores
El sindicato mayoritario en el sector público, la CSIF, ya ha abordado este problema con la nueva secretaria de Estado de la Función Pública, Elena Collado, así como la forma en que el decreto de 2012 restringe la negociación colectiva sobre las jornadas de trabajo en el sector público. Esta central opina que con las 35 horas aumentaría el empleo y la calidad de los servicios, sobre todo en la sanidad pública, donde el déficit de las plantillas y la interinidad son más acusados.
