"Fondos importantes y condiciones importantes". Así resumen fuentes conocedoras de la negociación europea el acuerdo que se ha sellado este martes y que parece satisfacer a todas las partes involucradas: desde los países más afectados por la crisis del coronavirus, como Italia y España, hasta los países del norte de Europa, contrarios a entregar fondos sin contrapartidas. Entre ellas, reformas estructurales en empleo y pensiones, y un apretón de cinturón en el gasto público.
El Gobierno de Pedro Sánchez sale del encuentro de Bruselas con un botín de 140.000 millones de euros. Es decir, que cumple con sus expectativas. Tal vez logra incluso mejorarlas, puesto que de ese dinero, algo más de la mitad (72.000 millones) llegará como transferencia directa, aunque vinculadas a una serie de reformas estructurales que el Ejecutivo deberá ejecutar si quiere recibir el dinero. El resto, se entregará como préstamos.
El vaso está medio lleno porque Sánchez ha logrado salvaguardar sus 140.000 millones previstos para hacer frente al colapso de la economía. Sin embargo, el Ejecutivo se compromete a abordar una serie de reformas estructurales, desde la digitalización hasta la economía verde, y sobre todo en el sistema de pensiones y el trabajo, que pueden considerarse “impopulares”.
Adiós a la derogación de la reforma laboral
Este diario ya adelantó que el Ejecutivo trabaja en una mayor flexibilización del mercado laboral y en subir la edad de jubilación para responder a las exigencias europeas. Y el acuerdo de este martes confirma esa directriz, que aleja definitivamente el debate sobre la derogación integral de la reforma laboral del Partido Popular: una de las grandes promesas electorales del Gobierno de coalición PSOE-Podemos.
A la vez, el Ejecutivo deberá sin duda corregir su plan expansivo de gasto público, por ejemplo en partidas consideradas no estructurales y en las que ya trabajaban varios ministerios. El dinero que España recibirá se recaudará de unos bonos emitidos por la Unión Europea y para cuya garantía se utilizan los ahorros de los trabajadores de todos los países comunitarios. "Es un freno al despilfarro", sentencia un dirigente de la oposición.
Sánchez presumió en su día de estar impulsando un "gran plan Marshall" con un gasto general para la UE de un billón de euros. La Comisión ya había rebajado esa cifra a 750.000 millones, incluyendo préstamos y transferencias directas. Durante el debate en el Consejo, esa cifra se mantuvo, pero las subvenciones bajaron de 500.000 millones a 390.000. Aun así, en el Gobierno de Sánchez se felicitan por el acuerdo alcanzado. Para varias fuentes el pacto europeo representa algo "histórico", que permite al Ejecutivo respirar con más tranquilidad ante un otoño que muchos prevén "caliente".
Los grandes acuerdos tienen detrás muchas horas de trabajo. Mi reconocimiento y gratitud a los empleados públicos que han defendido con brillantez y eficacia los legítimos intereses de nuestro país. Sin ellos/as no habría sido posible este acuerdo histórico para Europa y España. pic.twitter.com/MB7XZZXLj0
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 21, 2020
Sin vetos directos
En cuanto a la asignación de los fondos, España consigue esquivar el veto que planteaban los países frugales. Evitar ese veto en el Consejo Europeo era otro punto muy importante de la negociación. Vozpópuli señaló que el equipo de Sánchez confiaba en la colaboración de Angela Merkel, alineada con los países del sur (Italia, Francia y España) para intentar que la Comisión Europea se convirtiera en la protagonista del mecanismo de evaluación de las reformas y entrega del dinero.
Por su parte, los países frugales (Holanda, Dinamarca, Suecia, Austria y Finlandia) han compensado la pérdida del veto en el Consejo (decidirá por mayoría cualificada) con un mecanismo ad hoc llamado “freno de emergencia”. Se trata de una capacidad de iniciativa en los organismos técnicos del Consejo para paralizar la entrega del dinero a un país receptor si éste incumple con su compromiso reformista. Los frugales pueden presumir de ejercer cierta vigilancia activa sobre países como Italia y España, aunque el grueso del arbitraje le corresponda a la Comisión Europea.
En definitiva, Sánchez vuelve a España con un importante paquete de ayudas bajo el brazo. Una cuantía de dinero que entre el sábado y el domingo pareció esfumarse, pero que finalmente se ha acordado permitiendo a todos los mandatarios europeos presumir de éxito. Ahora, sin embargo, empieza otra etapa. Sánchez tiene hasta el 15 de octubre para entregar a la Comisión su plan presupuestario para 2021, e incluir en él las reformas para recibir los fondos de la covid.
Si los organismos comunitarios darán su visto bueno, a partir de enero (tal vez en marzo), España recibirá el primer tramo de ayudas. Con ellas Sánchez tendrá algo de oxígeno, pero sobre él no descansará la mirada de otras cancillerías europeas, que cubren con sus ahorros el endeudamiento de la Comisión para que España reciba las ayudas, y que no permitirán pasos falsos ni triquiñuelas.
