El Gobierno contempla renunciar a una nueva senda déficit para esquivar la votación en el Congreso de los Diputados, según ha sabido Vozpópuli. El Ministerio de Hacienda admite que es una de las posibilidades que hay encima de la mesa, a pesar de que la ministra María Jesús Montero ha reiterado estos días que confía en llevar la revisión de la senda de déficit al Parlamento en las dos próximas semanas.
El movimiento permitiría a Pedro Sánchez ganar tiempo para la negociación de los Presupuestos y jugárselo todo a una sola votación y no a varias. El Ejecutivo mantiene abiertas dos vías de diálogo aparentemente antagónicas con el separatismo y con Ciudadanos.
Una nueva senda de déficit no es imprescindible para los Presupuestos. El Gobierno puede utilizar los objetivos de estabilidad que se aprobaron en febrero antes de la pandemia del coronavirus y expandir el techo de gasto con los fondos del rescate europeo. El techo marca el límite de gasto permitido para el conjunto de las administraciones públicas, mientras la senda de déficit establece el desfase presupuestario (la diferencia entre los ingresos y gastos) que el Gobierno se compromete a no superar en el año.
El techo de gasto "se informa"
Tal y como explican fuentes de Hacienda, el techo de gasto “se informa” y no hace falta que se vote en el Congreso. El de 2020, en previsión de unos Presupuestos que nunca se tramitaron, era de 131.437 millones de euros. La senda de déficit, sin embargo, debe pasar obligatoriamente por las Cortes.
La senda vigente, ratificada en el Congreso por la mayoría de la investidura, flexibilizó los objetivos de déficit, y elevó el margen de desfase de las cuentas públicas hasta el 1,8% del PIB en 2020; del 1,5% en 2021; del 1,2% de 2022; y del 0,9% en 2023. El problema está en que estos objetivos quedaron desactualizados por el impacto de la pandemia en las cuentas públicas. El fuerte incremento del gasto (sanitario y en medidas de protección social) y el hundimiento de los ingresos (por la caída de la recaudación) dispararán el déficit público de este año hasta el entorno del 11% del PIB (unos 132.000 millones de euros), según estimaciones de organismos oficiales.
“Hay una senda vigente, pero lo normal es llevar las dos cosas”, señalan desde el Ministerio de Hacienda. “Hasta ahora se ha hecho así. Son opciones teóricas, no sabemos qué se decidirá”.
Es decir, que hay dudas. Montero ha retrasado la tramitación presupuestaria, mientras el Gobierno sigue sin aclarar con quién negociará las cuentas. La titular de Hacienda siempre ha sido partidaria de ir al Congreso con los apoyos garantizados. Y no repetir lo que ocurrió tras la moción de censura del 2018, cuando el independentismo traicionó a Sánchez después de la cumbre con Quim Torra en Pedralbes, tumbó los Presupuestos y forzó el adelanto electoral.
El hecho de que la renuncia a la senda de déficit esté encima de la mesa a estas alturas evidencia que o bien Sánchez no las tiene todas consigo o bien quiere ganar tiempo para que algún socio se descuelgue de la negociación.
Sánchez gana tiempo
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha anunciado que comenzará a tramitar los indultos a los líderes del procés. Y se ha prodigado en gestos hacia el separatismo y Bildu en los últimos días. Pero no ha abandonado el diálogo con Ciudadanos. El jefe del Ejecutivo sostiene que son tiempos excepcionales y que una mayoría excepcional también debe ser factible.
Sánchez, sin embargo, tendrá que decantarse en algún momento. Podemos no quiere a Arrimadas en la ecuación presupuestaria y se ha afanado por recuperar el bloque de la investidura en las últimas semanas. ERC mantiene que no estará en una mayoría que incluya al partido naranja. Y Ciudadanos, por su parte, considera que el pacto con ERC también es inviable.
Si Sánchez renuncia a la senda de déficit, dicen fuentes consultadas por este diario, el Gobierno gana tiempo. Puede estirar la negociación y dar un margen para que se aclare el panorama en Cataluña, donde se abre un escenario de tensión e incertidumbre en el seno del independentismo ante la inhabilitación del presidente de la Generalitat.
"Es ahorrarse una votación difícil, donde tendrían que ceder a un lado y a otro", explican. "Es un año especial por así decirlo y el techo de gasto se puede modificar con los fondos de Bruselas".
