Publicado: 01/07/2024 15:55
Actualizado: 01/07/2024 20:22
El juez instructor del 'procés' en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha acordado dejar sin efecto la orden nacional de detención que mantenía contra la secretaria general de ERC, Marta Rovira, procesada por desobediencia.
En su auto, recogido por Europa Press, el juez adopta esta decisión al considerar que "se ubican en el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, las acciones y omisiones susceptibles de ser subsumidas en el delito de desobediencia por el que está procesada".
Llarena entiende amnistiable la desobediencia que se le imputa a la dirigente de ERC, así como al expresidente catalán Carles Puigdemont y los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig. Los cuatro no fueron juzgados porque huyeron de la Justicia tras el 1-O.
No obstante, Llarena da diez días a las partes "para que puedan aportar sus consideraciones sobre la pertinencia de plantear una cuestión de inconstitucionalidad" ante el Tribunal Constitucional (TC) "respecto a la previsión de la Ley Orgánica 1/2024 de amnistiar la responsabilidad derivada del delito de desobediencia objeto de investigación".
Rovira permanece huida en Suiza y el juez mantenía hasta hoy la orden de detención nacional en su contra para poder recibir su declaración indagatoria y concluir sumario. Además, la dirigente de ERC está investigada en la Audiencia Nacional por su presunta implicación en 'Tsunami Democràtic', la plataforma independentista a la que se achacan los disturbios posteriores a la sentencia que condenó a los líderes del 'procés'.
Juvillà (CUP) se opone a ser amnistiado
Por otra parte, el exdiputado de la CUP en el Parlament Pau Juvillà se ha opuesto a ser amnistiado y ha presentado una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) contra España por vulneración de su "libertad ideológica y libertad de expresión".
En declaraciones este lunes ante el Palau de la Justícia de Lleida, junto con el diputado 'cupaire' en el Parlament Dani Cornellà y el abogado Carles López, Juvillà ha explicado que rechaza ser amnistiado porque su sentencia ya fue ejecutada, pagó la multa y cumplió su inhabilitación.
Juvillà fue condenado por no retirar lazos amarillos del Ayuntamiento de Lleida cuando era concejal en 2019 durante la campaña de las elecciones generales de 2019, tras ser requerido varias veces a hacerlo por la Junta Electoral Central (JEC). El exdiputado anticapitalista ha sostenido que no acogerse a la Amnistía le permite ir al TEHDH: "Es muy importante que Estrasburgo se pronuncie, que Estrasburgo marque esta vulneración evidente de estos derechos".
López ha explicado que la demanda ante el TEDH está hecha bajo la premisa de que la Amnistía "no reconoce la condición de víctimas de vulneraciones de derechos por parte del Estado, ni repara estas víctimas del agravio sufrido".
La defensa de Juvillà también ha sostenido que la Amnistía no causa "ningún efecto legal relevante e incluso puede obstaculizar por parte del Estado el ejercicio de acciones que está llevando a cabo para denunciar la vulneración de derechos fundamentales". Por su parte, Cornellà he reclamado que no se amnistíe a los "policías agresores de los votantes del 1-O", ya que considera que los delitos de tortura y maltrato, que según él cometieron, no deberían tener cabida en la ley.