Históricos socialistas como los expresidentes de la Comunidad de Madrid, Andalucía y Asturias, Joaquín Leguina, José Rodríguez de la Borbolla y Juan Luis Rodríguez Vigil, además de un grupo de catedráticos, han reclamado hoy la convocatoria urgente de elecciones generales anticipadas.
En un "Manifiesto a favor de una convocatoria electoral", remitido hoy a Efe, los firmantes, entre los que también se encuentran el expresidente del Senado Juan José Laborda, el expresidente del Parlamento de Andalucía Antonio Ojeda y el exalcalde de Sevilla Manuel del Valle, consideran que la sentencia sobre el caso Gürtel ha creado una situación de "extremada gravedad en España".
"Hacer frente a la misma exige coraje político, superación de miopes intereses partidistas y una rigurosa, fundada y amplia visión de Estado", defiende el manifiesto, que advierte de que la coyuntura que se vive en Cataluña pone en riesgo "la integridad territorial de España, los derechos de los catalanes, así como el orden constitucional del Estado social y democrático de Derecho".
Tras denunciar la falta de una "reacción ética proporcional" por parte del Gobierno de Mariano Rajoy a la gravedad de la sentencia, los firmantes subrayan que la "consistencia de las democracias" se mide también por la reacción de los políticos "ante sentencias que les son adversas".
Al mismo tiempo, los promotores del manifiesto rechazan "con la misma contundencia" los "juegos entre bambalinas" que se agotan en la "simple sustitución de unos por otros", porque "menoscaba" la confianza de los ciudadanos en su propia capacidad para decidir el futuro.
"Entendemos que solo un Gobierno nuevo y con amplia legitimación democrática podrá estar capacitado para dar respuesta a los graves problemas que afectan a nuestra convivencia como españoles y como europeos", señalan.
Un gobierno, según los firmantes, capaz de cerrar "un periodo de tiempo definido por los escándalos políticos y la deslealtad de los independentistas catalanes".
El objetivo, agregan, es volver a la normalidad, de forma que el gobierno "no se vea obligado a gastar energías en justificarse por cuestiones que terminan afectando no solo al actual Ejecutivo sino al entero sistema".
