El Partido Popular ha registrado este jueves la solicitud de comparecencia urgente de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, para que explique el cambio de criterio de la Fiscalía sobre cooperación jurídica internacional ya que facilita que se investiguen posibles crímenes del Franquismo desde el extranjero, según supo Vozpópuli de fuentes populares.
Delgado envió el pasado 4 de agosto una nota informativa interna que, en la práctica, invalidó otra orden del Ministerio Público de 2016 -cuando la fiscal era Consuelo Madrigal- para que Argentina no investigase posibles crímenes cometidos durante el franquismo que fueron amnistiados por ley en 1977, según adelantó Libertad Digital.
Fuentes jurídicas consultadas por ese medio denunciaron que Delgado había puesto "a la Fiscalía al servicio de la Memoria Histórica" para que la juez argentina, María Servini, interrogase a Rodolfo Martín Villa por varias muertes que se produjeron en España entre los años 1976 y 1978, cuando era ministro del Interior. Dicho interrogatorio se desarrolla este mismo jueves, por lo que la iniciativa del PP coincide con este hecho.
Desde Génova se considera que Delgado ha cedido "parte de nuestra soberanía nacional en favor de Argentina", según las citadas fuentes populares, por lo que "ante la ausencia total de explicaciones" por parte de la fiscal general se ha exigido su comparecía ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. La solicitud está firmada por la nueva portavoz popular en la Cámara baja, Cuca Gamarra.
La nota de Delgado
Según la nota interna informativa de Delgado, "es responsabilidad directa del Estado la adecuación permanente de las políticas de memoria democrática a las nuevas necesidades a escala nacional, autonómica y local, así como a los nuevos paradigmas memoriales y de defensa de los derechos humanos que se articulan en el ámbito internacional".
"El mantenimiento", añadía Delgado, "de una interpretación que en la práctica supondría la imposición de una cortapisa general o automática frente a las solicitudes de asistencia judicial para la realización de actos de investigación o su abordaje desde una perspectiva exclusivamente nacional, sin integrar en el principio de legalidad otras exigencias derivadas de la legalidad internacional, podría entrar en contradicción con el principio de buena fe y de interpretación más acorde a la consecución del objetivo del mencionado tratado bilateral, cuyas disposiciones favorecen decididamente la asistencia mutua".
La Fiscalía General del Estado tuvo conocimiento en 2016 que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correcional Federal nº 1 de Argentina había librado múltiples comisiones rogatorias a órganos judiciales españoles para investigar delitos cometidos durante la Guerra Civil española, abarcando el periodo de posguerra y extendiéndose hasta el año 1977.
Madrigal elaboró en aquel momento una orden para que el Ministerio Público no diera contestación a las comisiones rogatorias libradas por Argentina con la siguiente argumentación jurídica que ha sido anulada sin ser rebatida: "Los hechos que desde Argentina se trata de investigar son hechos cometidos por ciudadanos españoles en España contra ciudadanos españoles, por lo que serían competencia de la jurisdicción española y no de la argentina", argumentó.
"El objeto de tal proceso", añadía la orden de Madrigal, "indeterminado, y la extensión temporal que trata de abarcar, el período comprendido entre 1936 y 1977, apuntan a una especie de causa general radicalmente incompatible con el propio concepto de proceso penal y con sus principios inspiradores. Los hechos estarían claramente prescritos".
Cumplimentar una comisión rogatoria como las impulsadas por el Juzgado argentino supondría quebrantar gravemente la legalidad española", advirtió Madrigal en 2016
"Aun en el altamente improbable caso de que se individualizara un responsable vivo y con capacidad de obrar procesal, las autoridades españolas no podrían conceder la extradición, por tratarse de hechos competencia de los tribunales españoles, prescritos y amnistiados. Es absolutamente inviable que la Justicia argentina pueda llegar a enjuiciar los hechos de referencia", se subrayaba el escrito.
"Cumplimentar una comisión rogatoria como las impulsadas por el Juzgado argentino supondría quebrantar gravemente la legalidad española, concretamente en lo que hace a la regulación de la prescripción de los delitos, la Ley de Amnistía de 1977 y al principio de legalidad, incompatible con la estructura del procedimiento penal y las garantías que lo legitiman, por lo que la Fiscalía, como garante de la legalidad, debe oponerse a la cumplimentación de tales comisiones rogatorias", concluía.
