Los países de la UE tendrán en noviembre acceso a la primera vacuna contra el coronavirus de la empresa británica AstraZeneca en la que trabaja junto a la Universidad de Oxford, según han informado este jueves fuentes comunitarias.
Las previsiones de Bruselas pasan por que en noviembre salga al mercado la vacuna de AstraZeneca, firma con la que la UE ya tiene un contrato que le garantizará el acceso a al menos 300 millones de dosis.
"Lo importante es que es un esfuerzo colectivo y todos tendrán un acceso equitativo", han indicado las fuentes, que explican que Bruselas ya ha adelantado fondos para asegurarse las dosis, que a su vez la UE hará llegar a socios y terceros países.
Vacunas eficaces para todos los estados miembros
La idea es que el tratamiento se reparta entre los estados miembro en proporción a su población. Puesto que todos los países comunitarios se han adherido a la compra de vacunas a AstraZeneca, todos tendrán acceso a esta primera vacuna. Todo ello con el objetivo de que los Veintisiete tengan acceso a la vez y al mismo precio.
De todos modos, la Comisión Europea negocia, en nombre de la UE, con otros cinco laboratorios para cerrar contratos similares y tener a su disposición un amplio abanico de vacunas, intentando minimizar el riesgo de adquirir vacunas que no sean eficaces.
Según las mismas fuentes, corresponde a los estados miembro decidir quien recibe el tratamiento, aunque consideran que un buen primer paso sería vacunar a un 30 por ciento de la población.
Una autorización condicionada
Sobre las indemnizaciones de la UE a los fabricantes para costear posibles demandas civiles por efectos secundarios de las vacunas, en Bruselas argumentan que los estándares de fabricación se mantienen en este caso y que el único escenario, "poco probable", es que, haya algún "defecto oculto" que la Agencia Europea del Medicamento no detecte y que pueda acarrear la indemnización de un estado miembro a la compañía.
Y en cuanto a la autorización para salir al mercado, en la capital comunitaria ven probable que se emita una autorización condicionada, basada en los riesgos y beneficios del tratamiento, dando espacio a que la agencia del medicamento recabe más información.
