España

El PP admite que no puede obligar por ley a que gobierne la lista más votada en las CCAA

El PP admite que no puede obligar por ley a que gobierne la lista más votada en las CCAA

  • Alberto Núñez Feijóo presentando el Plan de Calidad Institucional. -

Alberto Núñez Feijóo insistirá hasta las elecciones municipales y autonómicas en cerrar con el PSOE un acuerdo de Estado para que gobierne la lista más votada. No obstante, en su Plan de Calidad Institucional, presentado ayer, limitó a los ayuntamientos esa garantía mediante una reforma legislativa. Desde el PP explican que solo puede aplicarse al ámbito municipal porque las leyes electorales autonómicas 'blindan' el actual sistema de mayorías.

Así lo explican a Vozpópuli desde la dirección nacional del PP, donde insisten que Feijóo quiere que gobierne la lista más votada en todas las elecciones: tanto locales, como regionales, y también generales. Para ello, en todo caso, se necesita un "pacto político" que va a seguir defendiendo el partido, pero "no se puede obligar por ley" a nivel autonómico por las leyes propias, en cada comunidad autónoma, en materia electoral.

Por ese motivo, en el Plan de Calidad Institucional que el líder del PP dio a conocer en Cádiz, el partido incluye, en el punto 22 de ese documento, la propuesta para reformar el artículo 180 de la ley orgánica del régimen electoral general (LOREG) "para garantizar que sea proclamado alcalde o alcaldesa quien haya recibido el mayor número de votos y asegurar la gobernabilidad de la lista más votada".

Esta reforma, destaca el PP en su plan, "garantizará que el Gobierno local no tenga que someter al pleno asuntos de naturaleza gestora, lo que deberá complementarse de un estatuto de la oposición para que no se menoscabe la labor de control al Ejecutivo local".

Debates entre el Gobierno y las CCAA

Para las generales y autonómicas, por tanto, solo podría gobernar la lista más votada si PP y PSOE llegan a un acuerdo previo a las elecciones, aunque ajeno a cualquier reforma legislativa.

A nivel regional, eso sí, el PP propone en su Plan de Calidad Institucional "fortalecer el papel del Senado", como "única cámara a la que nuestro ordenamiento otorga la competencia exclusiva para celebrar debates conjuntos entre el Gobierno de España, los gobiernos de las comunidades autónomas y los grupos parlamentarios, especialmente para que los debates en la Comisión General de Comunidades Autónomas resulten más atractivos y útiles".

Para ello, el PP propone que, tras la la celebración de los debates de la Comisión General de Comunidades Autónomas, "puedan presentarse y votarse resoluciones".

Sin 'puertas giratorias' autonómicas

En el plan presentado ayer, Alberto Núñez Feijóo incluye también la eliminación de las 'puertas giratorias' pero no solo a nivel nacional, sino también autonómico.

Así, se impedirá que puedan ser designados presidentes o directores de los organismos reguladores y autoridades independientes quienes hayan ocupado puestos políticos de representación o hayan sido nombrados miembros del Gobierno de la Nación o de las Comunidades Autónomas o hayan ostentado cargo orgánico en un partido político u organización sindical en los últimos cinco años.

En el mismo Plan de Calidad Institucional, además, el PP propone recuperar los delitos de sedición y malversación reformados por el Gobierno; una reforma urgente de la ley del 'solo sí es sí' para recuperar las penas a los agresores sexuales vigentes con anterioridad; la creación de una Oficina de calidad legislativa; limitar el recurso al Real Decreto Ley; blindar la celebración anual del debate sobre el estado de la nación; y abrir un registro sobre el uso del Falcon y del helicóptero Súper Puma por parte de los miembros del Gobierno.

El PP, asimismo, tratará de blindar la independencia de diferentes organismos e instituciones. Así, el plan también incluye la modificación del Artículo 10 de la Ley 39/1995, de 19 de diciembre, de Organización del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), para que el presidente sea elegido entre catedráticos de reconocido prestigio; el veto a que el presidente del CNI haya ocupado un cargo político en cinco años; la regulación de los supuestos de inelegibilidad de los candidatos a Magistrados del Tribunal Constitucional; y la derogación de la reforma que quita competencias al CGPJ en funciones.

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