El Partido Popular ha registrado en el Congreso una batería de preguntas sobre el reciente viaje del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, a Bolivia para conocer en detalle la agenda de sus actividades en este país.
Los populares quieren conocer si Iglesias "aprovechó" su viaje a Bolivia para hablar con algunas autoridades locales sobre una citación pendiente con la Justicia de este país en relación con el llamado caso Neurona, y saber si el Gobierno considera adecuado ese viaje cuando Pablo Iglesias podría haber obtenido "sustanciosos contratos de consultoría" durante el mandato de Evo Morales, informa Efe.
Según ha informado hoy el Grupo Parlamentario Popular en una nota de prensa, se trata de que el Gobierno aclare si su vicepresidente segundo mantuvo contacto con las autoridades locales en relación con la petición de la Fiscalía General de Bolivia para que preste declaración junto a otros exdirigentes de Podemos, Juan Carlos Monedero e Íñigo Errejón.
Financiación irregular de Podemos
El PP ha insistido en saber si el Ejecutivo considera apropiado este viaje (Iglesias acompañó al Rey Felipe VI y a la ministra de Asuntos Exteriores a la toma de posesión del presidente de Bolivia) y ha recordado además el proceso que investiga la presunta financiación irregular de Podemos.
Interpela además el principal partido de la oposición al Gobierno para saber "si está igualmente al tanto de la naturaleza de las relaciones que Iglesias mantuvo con el Gobierno de Morales junto a otros (Monedero y Errejón), los términos en los que se produjo dicha relación y si, como consecuencia de la misma, hubo algún tipo de contraprestación económica".
Antes de registrar esta batería de preguntas, el PP ya se había interesado por conocer si las autoridades bolivianas se habían dirigido al Gobierno español en relación a una citación del vicepresidente segundo en el marco de una comisión rogatoria para tomar declaración a Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero e Íñigo Errejón.
El Gobierno, ha recordado el PP, respondió que sí, que tenía conocimiento de esa comisión rogatoria, que esas solicitudes de cooperación jurídica internacional se enmarcan en procedimientos judiciales en terceros países y que las competencias del Gobierno se refieren únicamente a la recepción de las solicitudes de cooperación judicial internacional, a la comprobación de que reúnen los requisitos formales, y su envío a la autoridad judicial para que adopten las medidas necesarias para dar respuesta a lo que se solicita.
