Rajoy no tiene miedo a afrontar los recortes. Hace meses, le dijo a su equipo de confianza: “Trabajad en las medidas a tomar, que yo me ocupo de la huelga general”. Además, en el PP se recuerda estos días que CiU ha encarado fuertes ajustes en Cataluña, gestionados por añadidura con grandes dosis de torpeza, y ha conseguido seis diputados más que hace cuatro años.
Entre los primeros papeles que el equipo de confianza de Rajoy le ha pedido a Moncloa figura una relación detallada de los puestos de trabajo que hay en cada ministerio. El objetivo es conocer con exactitud la lista de funcionarios y personal eventual destinados en cada departamento para evaluar su coste y su eficacia. A falta de concretar todavía el número exacto, el recorte que se plantea puede afectar a cerca de 15.000 trabajadores y llevará aparejado, según las fuentes consultadas, la congelación de la oferta pública de empleo durante varios ejercicios.
Los últimos datos oficiales disponibles, correspondientes al ejercicio de 2010, reflejan que en España hay 2,6 millones de personas empleadas en las tres administraciones. La mayor parte de ellas trabaja en las comunidades autónomas, alrededor de 1,4 millones, en los ayuntamientos, cerca de 630.000, y en los ministerios, casi 584.000. De estos últimos, más de 66.000 tiene contrato laboral indefinido pero no son funcionarios de carrera, y 15.000 son eventuales o interinos. Es en este último colectivo donde el PP se plantea meter la tijera, aunque tendrá en cuenta la peculiaridad de cada ministerio ya que hay competencias, por ejemplo las de Justicia, que están transferidas a las comunidades.
El equipo que asesora a Rajoy se plantea la posibilidad de incluir el recorte de empleo público en uno de los primeros decretos leyes que pasarán a la mesa del Consejo de Ministros. Es posible que esta oleada de despidos suponga un aumento de los recursos destinados a las prestaciones por desempleo, partida que ha consumido este año 30.000 millones de euros. En el PP no se descarta que también se tenga que frenar por esta vía el crecimiento del gasto mediante una reforma del seguro de desempleo que endurezca las condiciones para tener acceso al mismo.
Las mismas fuentes recuerdan que los sindicatos se muestran más proclives a permitir estos recortes que a mirar para otro lado si el nuevo Gobierno plantea una nueva rebaja en los salarios de los funcionarios. De los distintos escenarios que los asesores de Rajoy le han puesto sobre la mesa, el que más posibilidades tiene de salir adelante es el de una congelación de los sueldos públicos, por lo que en 2012 no solo no recuperarían el 5% del tijeretazo sufrido este año sino que perderían más poder adquisitivo por culpa de la inflación.
El equipo de Rajoy está estudiando también la conveniencia de recortar el capítulo uno del Presupuesto mediante la poda de los complementos especiales y las dietas que ingresan algunos funcionarios, aunque todavía no ha cifrado el coste del ahorro que puede conseguirse por esta vía.
Desde el PP se recuerda la necesidad de adelgazar las tres administraciones, a partir de una deuda acumulada que supera los 700.000 millones de euros. De esta cifra, 107.000 corresponden a las autonomías y 35.000 a los ayuntamientos. Un número creciente de estos últimos ha dejado de pagar los recibos de la luz a las eléctricas, empresas con las que acumulan deudas superiores a los 300 millones de euros. En España hay también un porcentaje nada desdeñable de corporaciones locales que destinan más del 60% de su presupuesto al pago de nóminas.
