El Partido Popular (PP) está dispuesto a negociar con el PSOE el desbloqueo de nombramientos por parte de este Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones mientras se llega a un acuerdo sobre su renovación, pero si ese nuevo cambio legal le faculta para nombrar no solo a dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) -como quiere el Gobierno-, sino también las catorce vacantes que hay ahora mismo en el Tribunal Supremo, aseguran a Vozpópuli fuentes de la Dirección Nacional.
El principal partido de la oposición critica que Pedro Sánchez quiera ahora dar marcha atrás en su reforma del artículo 570 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para bloquear en funciones cualquier nombramiento, únicamente para que el órgano gobierno de los jueces sí nombre a los dos magistrados del TC que le corresponden; y porque legalmente es condición sine qua non para que el Consejo de Ministros de PSOE y Unidas Podemos pueda nombrar a otros dos. El objetivo último de esa rectificación legislativa, señalan desde la sede de la calle Génova, no es acabar con la parálisis en los juzgados españoles, sino forzar un cambio en la composición actual del tribunal de garantías por otra más progresista presidida por Cándido Conde Pumpido.
Una persona de la máxima confianza de Alberto Núñez Feijóo conocedora de los contactos que mantienen desde hace dos meses el vicesecretario general de Política Institucional del PP, Esteban González Pons, y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, asegura que "no es cierto" que los populares se nieguen a volver a la mesa de negociación para renovar el CGPJ hasta que el PSOE "retire" esta reforma urgente de la ley.
"Lo que nosotros decimos es: Si ustedes, PSOE, retiran esa reforma o la amplían para que, además del Tribunal Constitucional, se pueda renovar inmediatamente el Tribunal Supremo, nos sentamos mañana a negociar", matiza la citada fuente. Los populares se hacen eco así de la carta que envió el propio Supremo al CGPJ la semana pasada para alzar la voz ante la maniobra del Gobierno destinada a desbloquear solo el Constitucional y trasladarle su "honda preocupación" por la situación "insostenible" en que se encuentra el tribunal de casación.
Según datos del Poder Judicial, hay 59 puestos sin cubrir, entre magistrados del Supremo, Audiencia Nacional, Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) y Audiencias provinciales, lo cual está abocando a un auténtico "bloqueo" por retraso para los ciudadanos
Según datos del Poder Judicial, en total hay 59 puestos sin cubrir, entre magistrados del Supremo, Audiencia Nacional, Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) y Audiencias provinciales, lo cual está abocando a un auténtico "bloqueo" por retraso para los ciudadanos en segunda y tercera instancia. Además de los catorce magistrados del Supremo que el PP quiere desbloquear en la negociación con el PSOE, hay seis Presidencias de TSJ vacantes en Andalucía, Cataluña, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Murcia, y otras veinte plazas de miembros de esos y otros TSJ.
Asimismo, restan por cubrir, desde que entró en vigor la reforma de la LOPJ que impide nombramientos a un Poder Judicial en funciones, la Presidencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, y la Presidencia de 18 Audiencias Provinciales: Alicante, Álava, Ávila, Barcelona, Burgos, Cádiz, Cuenca, Gerona, Guipúzcoa, Huesca, La Rioja, Lugo, Málaga, Murcia, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Teruel y Zamora.
Desde el Gobierno y el PSOE se acusa a Feijóo de propiciar ese bloqueo por su rebeldía contra el mandato constitucional de renovación del Poder Judicial, la última vez este mismo jueves Pedro Sánchez en una entrevista en La Sexta: 'El PP no ha hecho otra cosa que poner palos en las ruedas, ¿Es esto democrático?', se pregunta el presidente del Gobierno. A su juicio, con la llegada de Feijóo a la Presidencia del PP "hemos cambiado la cara pero seguimos con la misma cruz".
El Poder Judicial quiere elevar a la UE la reforma legal que pretende el Gobierno porque sabe que la Comisión Europea es sensible a su denuncia sobre la injerencia en España del poder político sobre el CGPJ
Desde el CGPJ, nueve vocales conservadores remitieron un escrito a su presidente, que lo es también del Supremo, Carlos Lesmes, instándole a que el pleno del Poder Judicial exija formalmente al Congreso que le permita informar de la nueva reforma del artículo 570 bis de la LOPJ porque consideran que el procedimiento elegido por el PSOE -una proposición de ley- tiene como única finalidad evitar ese preceptivo informe, que exige cualquier proyecto de ley remitido por el Gobierno a la Cámara. Lesmes aceptó incluirlo en el orden del día del pleno ordinario del CGPJ este jueves pasado, pero la muerte de la vocal Victoria Cinto hizo que se suspendiera la cita.
La mayoría conservadora de vocales del Consejo quiere elevar el asunto ante la UE porque sabe que la vicepresidenta de la Comisión, Vera Jourova, quien lleva urgiendo a la renovación del CGPJ desde que hace un año el Gobierno reformó la LOPJ para frenar nombramientos de un Poder Judicial en funciones, no acepta sin más la tesis socialista de que es el PP el culpable del bloqueo. Jourova, tras aquella polémica reforma, avisó al Ejecutivo de coalición de izquierdas que urge cambiar el actual sistema de elección por otro menos politizado en el que los jueces elijan diez de sus veinte vocales.
Pero el Gobierno no quiere cambiar ese modelo ahora, diga lo que diga Europa. Exige al PP renovar con el sistema de cuotas de elección parlamentaria (Congreso y Senado) un órgano de gobierno de los jueces que lleva en funciones tres años y medio, el último de ellos sin poder hacer nombramientos, que es lo que al final está provocando parálisis en todos los juzgados, no solo en el Tribunal Constitucional o el Supremo.
El PSOE está abierto a buscar, con posterioridad a la renovación que ahora toca, una fórmula nueva de elección de los vocales del CGPJ, pero el PP no se fía y quiere invertir el orden de los factores: primero reforma del sistema y luego renovación de vocales con ese nuevo sistema; algo que los socialistas no aceptan porque saben que la mayoría de la judicatura es conservadora y con ello los populares impedirían siempre cualquier mayoría progresista en el Poder Judicial.
