Un culb de alterne para uso y disfrute en exclusiva de los cargos públicos. Una testigo protegida en un caso de corrupción en Palma de Mallorca ha relatado a los investigadores que un club de alterne de s'Arenal, el Table Dance, modificaba las horas de apertura para dar la bienvenida en exclusiva a distintos cargos públicos.
Así se recoge en el sumario judicial de la corrupción en la Policía Local de Palma, tal y como publica el Diario de Mallorca. Según explicó una trabajadora sexual del local, "el horario habitual del club es abrir a las 21 horas, pero para los políticos invitados abrían a las 17 horas", unas cuatro horas en las que el local solo estaba disponible para estos cargos públicos y las mujeres debían prestarse a mantener relaciones sexuales sin quejarse con el pretexto de que "tenían una fiesta" para los políticos y "no se podía decir que no".
En esas fiestas participaban hasta veinte personas de relevancia pública. No figuran los nombres de los asistentes
Los investigadores apuntan a que el propietario del local sería el cabecilla de esta trama empresarial dedicada a delinquir y a corromper funcionarios. Durante la visitas, entre las que se citan a "alcaldes de Mallorca, jefes de policía y políticos viejos de más de 60 o 70 años", nadie pagaba ni consumiciones ni servicios sexuales: "Las chicas cobraban directamente" del dueño "y los clientes aludidos no pagaban nada, ya que eran invitados", explicaron testigos del caso. La situación era todavía más ventajosa para los cargos públicos, que, además de no pagar, recibían dinero: "Todas las chicas del club [sabían] que se entregaban sobres a políticos, policías locales y guardias civiles". En esas fiestas participaban hasta veinte personas de relevancia pública. No figuran los nombres de los asistentes.
Según recoge el diario balear, una de las mujeres, obligada a participar en estas 'fiestas', tenía 17 años cuando en su primer día de trabajo, el dueño del club se acostó con ella sin preservativo. Además, otras testigos declararon que, a parte de estar obligadas a asistir a las fiestas privadas, tenían que aceptar toda clase de prácticas sexuales con o sin protección. Si se negaban, amenazaban a las trabajadoras sexuales con que no tenían la residencia legal en España.
