Policías y guardias civiles se movilizan en vísperas de las dos jornadas marcadas en rojo en el calendario para protestar por los cambios anunciados por el Gobierno respecto a la Ley de Seguridad Ciudadana, también conocida como Ley Mordaza. Los agentes arremeten contra las modificaciones -"nos deja vendidos"- y piden al Ejecutivo que tengan en cuenta sus opiniones antes de cerrar la reforma. A pesar de las discrepancias internas en la organización de las movilizaciones, sindicatos y asociaciones de ambos cuerpos aspiran a cerrar filas y a concentrar al máximo número de agentes en los actos convocados. Un llamamiento que cala hondo entre las filas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, pero que también se extiende a los miembros de los demás cuerpos autonómicos y locales.
En vísperas de los preparativos, Vozpópuli reúne las opiniones de todos los sindicatos y asociaciones que forman parte de los Consejos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil; una docena de representantes que coinciden en su valoración: "No vamos a parar". Aseveran que la decisión del Gobierno ha provocado un profundo malestar en el seno de ambos cuerpos, no sólo por las consecuencias directas que tendrá en su forma de intervenir o en cuestiones propias de seguridad, sino porque el anuncio se ha llevado a cabo sin atender las voces de los representantes sindicales y asociativos.
Los uniformados mantienen dos fechas en el tablero, el 24 y el 27 de noviembre, para manifestar su malestar. En la primera protestarán frente a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno de toda España. En la segunda se prevé una gran movilización en Madrid. Sindicatos y asociaciones no fueron capaces de ponerse de acuerdo a la hora de convocar las protestas en una única jornada, pero ahora, tras unos días "frenéticos" -así lo tildan fuentes internas de la organización-, todos ellos han manifestado su adhesión a ambas movilizaciones contra la derogación de la Ley Mordaza.
Porque los agentes consideran que las modificaciones anunciadas por el Gobierno, aún sin fecha para su aplicación, son "contraproducentes" para su actuación. Consideran que la Ley de Seguridad Ciudadana -o Ley Mordaza-, tal y como estaba representada hasta ahora, les daba un blindaje frente a la difusión de imágenes en las que se les pudiera identificar, "cuestión fundamental" especialmente en regiones donde consideran que su seguridad o las de sus familias están en juego: Cataluña, País Vasco o Algeciras.
También consideran que la decisión de permitir manifestaciones espontáneas puede comprometer el orden público. Y que la reducción del tiempo de identificación del detenido -de seis horas se pasa a dos-, así como la obligación de dejar al arrestado en el mismo sitio donde se le capturó les convierte en "taxistas" y dificulta su intervención.
Así, representantes sindicales y asociativos coinciden en que las movilizaciones son el primer paso para manifestar su disconformidad, y que todavía hay margen para "canalizar" las modificaciones. En términos legislativos, porque aún no hay un texto definitivo ni una fecha en la que vaya a ver la luz, por lo que "hay tiempo" para que el Gobierno atienda sus demandas. Y en términos políticos, por la posibilidad de que grupos de la oposición presionen para lograr un resultado diferente. El Partido Popular ya ha anunciado que recurrirá la ley al Tribunal Constitucional en caso de salir adelante y que participará en las movilizaciones. También lo harán desde Vox y Ciudadanos.
A continuación, la opinión de todos los sindicatos y asociaciones con representación en los Consejos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil sobre los cambios en la llamada Ley Mordaza. En la imagen que abre este artículo figuran, de izquierda a derecha y de arriba abajo, el secretario general de Jupol, Aarón Rivero, la secretaria general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Mónica Gracia, el presidente nacional del Sindicato Profesional de Policía (SPP), Adolfo Medina, el portavoz de la Confederación Española de Policía (CEP), David Pola, el secretario general de Unión Federal de Policía (UFP), Víctor M. Duque, el secretario general de Jucil, Ernesto Vilariño, el secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Juan Fernández, el presidente de Unión de Oficiales de la Guardia Civil, capitán Francisco García, el presidente de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), Francisco Javier Benito, el presidente de la Asociación Profesional de Cabos de la Guardia Civil (APC-GC), José Manuel Rodríguez Tovar, la presidenta de Independientes de la Guardia Civil (IGC), Vanesa González, y el presidente de la Asociación Escala Suboficiales de la Guardia Civil (ASES-GC), José Francisco Silva.
Sindicatos de la Policía Nacional
Aarón Rivero, de Jupol, considera que "la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana busca limitarnos ante los violentos, reducir nuestra operatividad para poder apaciguar la violencia en las calles y poner el foco delictivo en los policías y guardias civiles en vez de en los delincuentes y los violentos". Y añade: "La eliminación de esta ley no hace más que poner a los pies de los caballos a los agentes de la autoridad, poniendo en riesgo su integridad física, la de sus familias y la del resto de los ciudadanos en beneficio únicamente de los manifestantes violentos y de los delincuentes".
Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP), con Mónica Gracia como secretaria general, consideran que la reforma "destruye el principio de autoridad, merma la capacidad operativa de la Policía y pone en riesgo a sus agentes". Una decisión que les preocupa por el contexto de "especial conflictividad social, en medio de una pandemia y un aumento creciente de las agresiones a policías": "Esta reforma nos criminaliza y desprestigia, sitúa a los policías al mismo nivel que los delincuentes cuando retira la presunción de veracidad que tenían las actas policiales frente a las declaraciones de los infractores y compromete los derechos y la seguridad del resto de ciudadanos cuando se permita la celebración de manifestaciones espontáneas sin comunicación previa ni advertencia del recorrido".
El Sindicato Profesional de Policía (SPP), presidido por Adolfo Medina, ha remitido un escrito al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el que arremete contra la decisión anunciada por Moncloa: "La trayectoria democrática y respetuosa con el ordenamiento jurídico de los policías nacionales en las últimas décadas merece ser respetada. Lo que se conoce de las intenciones del Gobierno denota una criminalización injustificada de los policías nacionales".
La Confederación Española de Policía (CEP), con David Pola como portavoz, asevera que "hace falta apretar el botón de alarma y trasladar a la sociedad un mensaje claro: los policías no podemos proteger a los demás si cada vez se nos expone más en la calle y se nos quitan herramientas jurídicas básicas que garanticen nuestra seguridad profesional". Y le piden al Gobierno que "dé marcha atrás en este proyecto polémico, ajeno a cualquier necesidad técnica o jurídica, y abrace la cordura política para impedir que un colectivo funcionarial de más de 220.000 familias perciba que su sacrificio diario y el jugarse la vida sólo sirven para que, a cambio, se limiten nuestras atribuciones y se ponga en riesgo, todavía más, nuestra seguridad jurídica".
La Unión Federal de Policía (UFP), con Víctor M. Duque como secretario general, considera que la modificación legislativa supone un paso "hacia un caos preocupante": "Todas las enmiendas presentadas por los partidos del Gobierno están encaminadas a permitir, sin control alguno, todo tipo de actos que vayan en contra de las seguridad de los ciudadanos. Por el contrario, pretenden dificultar la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, impidiendo en ocasiones la realización eficaz de su trabajo y demonizando y poniendo en duda su función como garante de los derechos y libertades de todos".
Asociaciones de la Guardia Civil
Jucil, con Ernesto Vilariño como secretario general, es la asociación hermana de Jupol, de la Policía Nacional. Ambas conforman la plataforma Jusapol, que considera que la modificación de la ley "pone en entredicho la profesionalidad de nuestro trabajo, genera un estigma negativo y distorsionado sobre los agentes y creará inseguridad ciudadana". También que es "una temeridad" y que "el objetivo de la ley no clarifica si es para que se garantice la seguridad de la mayoría de los ciudadanos o es para que unos pocos violentos campen a sus anchas".
Por su parte, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), con Juan Fernández como secretario general, reclama "desde hace tiempo la reforma del Código Penal para endurecer las penas a los agresores de los miembros de la seguridad pública": "Por el contrario, el anuncio de la derogación de parte de la Ley de Seguridad Ciudadana deja aún más indefensos a los guardias civiles y resto de agentes de los cuerpos de seguridad del Estado. En este sentido, especialmente preocupante es la retirada de la prohibición de grabación y de difusión sin autorización previa de imágenes de los agentes durante sus actuaciones".
La Asociación Española de Guardias Civiles, presidida por Francisco Javier Benito, manifiesta su "disconformidad con una reforma que se ha hecho ignorando la opinión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que sólo es garantista con una parte de la población": "AEGC exige al Gobierno que la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana sea garantista para todos los ciudadanos, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad incluidos. Guardias civiles y policías sufren un incremento de agresiones y el Ejecutivo no cambia su consideración a autoridad".
José Manuel Rodríguez Tovar preside la Asociación Profesional de Cabos de la Guardia Civil (APC-GC): "Toda la ciudadanía, no sólo guardias civiles y policías de todos los ámbitos, deberían estar en contra de la modificación de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana y acudir a todas las movilizaciones que se están convocando para el miércoles 24 y el sábado 27". A su juicio, "la nueva ley no será un instrumento del Estado para garantizar la seguridad ciudadana sino que, torticera y maliciosamente utilizada, será instrumento de los alborotadores, delincuentes y enemigos del orden".
La asociación Independientes de la Guardia Civil, presidida por Vanesa González, apunta que los cambios "causarán un daño irreparable a la operatividad policial": "Además se atacarán procedimientos esenciales como, por ejemplo, el mantener un flujo ordenado en los controles fronterizos de Ceuta y Melilla, el condicionamiento del cacheo superficial teniendo que realizarse únicamente en un lugar reservado a tal efecto o la prohibición en el uso de pelotas de gomas en dispositivos de orden público, sin especificar que otros medios disuasorios suplirán a éstas".
La Asociación Escala Suboficiales de la Guardia Civil (ASES-GC), presidida por José Francisco Silva, también mantiene contactos con otros sindicatos y asociaciones para organizar las protestas de la próxima semana, así como con representantes políticos para manifestar su oposición a la reforma. En un comunicado conjunto firmado con la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, también incluida en las negociaciones y presidida por el capitán Francisco García, aseveran que "los cambios de la Ley de Seguridad Ciudadana dificultan el trabajo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y ponen en entredicho el principio de autoridad y la profesionalidad de éstos".
