El PSC ha elaborado un documento interno que expone su propuesta de reforma de la Constitución Española y que plantea que la Ley Fundamental regule la financiación autonómica y las "singularidades" de comunidades como Cataluña. Los socialistas catalanes presentan sus propuestas en un documento de trabajo elaborado por la fundación del partido -Rafael Campalans- y al que ha tenido acceso Europa Press, y en el que han participado Carme Chacón, Miquel Iceta, Jaume Collboni, Francesc Vallès, Joaquín Tornos, Xavier Arbós, Meritxell Batet y Eduard Roig.
Fuentes de la dirección del PSC han aclarado que se trata de un documento abierto para fomentar el debate, y que se presentará para ser debatido en los próximos meses tanto en el seno del PSC como del PSOE, que también es partidario de la reforma de la Ley Fundamental.
Sobre financiación, la propuesta del partido que lidera Pere Navarro reivindica acabar con los "resultados discriminatorios" entre el sistema de régimen común -como el catalán- y el concierto económico vasco y navarro.
Según el PSC deben constitucionalizarse una serie de principios que articulen la financiación autonómica: la suficiencia de recursos, bilateralidad y multilateralidad, la autonomía en la recaudación mediante consorcios Estado-Comunidad, y que, después de la solidaridad interterritorial, no haya autonomías que pierdan posiciones en un 'ranking' de comunidades -principio de ordinalidad-.
El documento recoge lo expresado hasta la fecha por Navarro, que es contrario al concierto económico que en su día reclamó el Parlament con los votos de CiU, ERC e ICV-EUiA, pero que avala la necesidad de mejorar los recursos que tiene actualmente Cataluña limitando la solidaridad territorial.
La propuesta alude en varias ocasiones a las reivindicaciones soberanistas destacando la necesidad de promover un nuevo consenso constituyente porque, de lo contrario, algunas nacionalidades "podrían desear iniciar un camino separado". La propuesta de reforma del PSC no contempla el 'derecho a decidir' de Cataluña, ya que como argumentó Navarro en su día, las constituciones no deben recoger esta cuestión, aunque tampoco prohibirla expresamente.
