Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) es el socio más numeroso y, por tanto, el más importante del Bloque de investidura formado por Pedro Sánchez en 2019, pero también el menos fiable. Es lo que se desprende de su rechazo a la reforma laboral, hace tres meses, y ahora al decreto de medidas urgentes para paliar la crisis derivada de la guerra de Ucrania so pretexto de que el PSOE no ha satisfecho la demanda de depurar responsabilidades políticas por el presunto espionaje a 63 independentistas desvelado por la revista estadounidense New Yorker.

La debilidad parlamentaria resultante provoca entre barones autonómicos y alcaldes socialistas consultados por Vozpópuli sensaciones que van desde compresión resignada, caso de Ximo Puig, presidente de la Comunidad Valenciana, -“son tiempos líquidos o gaseosos, pero el enfermo a pesar de los achaques tiene una salud de hierro”-, a una muy generalizada “indignación” al ver cómo Gabriel Rufián y los diputados republicanos han vuelto a dejarles en la estacada después del desgaste que supone admitir su presencia y la de Bildu en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso. ”Pendientes de sus caprichos”, resume una fuente autonómica.

Cuando el presidente anuló el miércoles in extremis un viaje a Polonia y Moldavia -lo cual ya aportaba pistas de lo delicado del momento- ordenó al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, iniciar conversaciones con Ciudadanos y PP, y anunció que el decreto se tramitará como proyecto de ley a modo de gesto hacia estos dos grupos, muchos de esos cuadros socialistas, a los cuales les cuesta defender en sus territorios el pacto con independentistas vascos y catalanes -ha calado la oposición de PP y Vox-, respiraron “aliviados”.

Con Alberto Núñez Feijóo ya al frente de los populares en sustitución de Pablo Casado ese sector creyó que se abría una ventana de oportunidad para sacudirse de encima a ERC, Bildu y poner a Podemos en el brete de seguir o no en el Ejecutivo, dando un ”giro” al resto de legislatura con un gobierno del PSOE en solitario pactada con el PP no solo la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sino la política-Marco anticrisis. Pero el espejismo apenas duró unas horas; en la mañana del jueves torcieron el gesto al ver que la portavoz de Bildu el Congreso, Mertxe Aizpurúa, anunciaba el sí abertzale al decreto de medidas y a los pocos minutos el PP daba su no porque La Moncloa no acepta finalmente la rebaja de impuestos que buscan Feijóo e Inés Arrimadas.

Algunas federaciones no comparten tanto entusiasmo del Grupo Socialista con Pedro Casares, quien llegó a equiparar la inclusión de Bildu a la del PP en la Comisión de Secretos Oficiales: “¿Pero nos hemos vuelto locos, comparando a un partido de gobierno con los antiguos socios de ETA?”, se preguntan

La guinda la puso el portavoz de Economía del Grupo Socialista, Pedro Casares, al cerrar el turno de intervenciones cargando duramente contra el PP, en un encendido discurso durante el cual llegó a igualar la presencia de Bildu con la del PP en la Comisión de Secretos Oficiales: "Por cierto, ustedes que se creen tan dignos de estar en la comisión de secretos oficiales, ¿de verdad lo creen cuando hoy sabemos que son un partido que han saqueado este país incluso en los peores momentos de la pandemia, con comisiones indignantes, señorías del Partido Popular?".

Aunque fue muy aplaudido in situ por Bolaños y la bancada del Grupo Socialista puesta en pie, diversos cuadros en las federaciones creen que Casares se excedió en el tono y en el contenido: ”¿Pero nos hemos vuelto locos comparando a un partido de gobierno con los antiguos socios de ETA?”, se pregunta más de uno. De hecho, Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, marcaba distancias al día siguiente, viernes, durante un acto de Guadalajara en el que replicó a Casares ”ahora se pone de moda meter a los lobos en los mismos rebaños que las ovejas, lo cual no tiene explicación”.

Y en esa misma línea destaca el apoyo del presidente aragonés, Javier Lambán, a la ministra de Defensa, Margarita Robles, tras el contraataque de ella el miércoles en la sesión de control frente a los independentistas catalanes y a Unidas Podemos, que también pide a Sánchez su cabeza por el asunto del espionaje del Centro Nacional de Inteligencia (CNI):

Pasada la tormenta política del decreto, lo que predomina entre las distintas fuentes socialistas consultadas es una sensación de resignación, un ”esto es lo que hay” y hay que apechugar con los caprichos de ERC hasta que Pedro Sánchez decida disolver las Cortes y vayamos a elecciones generales, que ya ha dicho serán a finales de 2023 o principios de 2024, después del semestre de Presidencia española de la Unión Europea.

Solo una circunstancia podría alterar en alguna medida el calendario presidencial: una fuerte derrota socialista en las elecciones andaluzas del 19 de junio que genere una reacción interna de miedo en los alcaldes a perder el poder en los comicios autonómicos y locales de mayo de 2023, como ocurrió en mayo de 2011 bajo mandato de José Luis Rodríguez Zapatero.

Aquel batacazo autonómico y municipal fue histórico -el PSOE perdió los gobiernos de Extremadura, Castilla-La Mancha, Aragón, Asturias y Baleares, y una docena de capitales de provincia, entre ellas Barcelona, Sevilla y San Sebastián- y precipitó el relevo de Zapatero por Alfredo Pérez Rubalcaba; lo cual explica que en La Moncloa y en la sede de Ferraz se hayan encendido todas las alarmas.

Por eso, para evitar otro batacazo desestabilizador, hasta San Juan de Aznalfarache (Sevilla) se fueron el viernes el ministro Bolaños y el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, a reunirse con el candidato a la Junta, Juan Espadas, y con alcaldes y portavoces socialistas en ayuntamientos de ciudades intermedias de 20.000 a 50.000 habitantes, el verdadero poder socialista andaluz. Pidieron que contrarresten con los logros sociales del Gobierno como los ERTE o el bono social eléctrico y los 20 céntimos por litro de combustible frente al ”monotema” de la bajada de impuestos del PP.

Cierto que la respuesta del Gobierno de Zapatero -la UE le forzó a un recorte de 15.000 millones, incluida bajada de pensiones- no fue la misma que la de Sánchez ahora, quien, a modo de ejemplo, sigue decidido a compensar con 10.000 millones a los pensionistas por la inflación, pero una gran caída a manos del PP y Vox en un tradicional feudo socialista como es Andalucía podría obligarle a cambiar su determinación de agotar la legislatura.

No obstante, otro importante barón autonómico que prefiere anonimato advierte de que el adelanto de las elecciones generales a este año, o a la primavera de 2023, antes de municipales y autonómicas, tampoco resolvería el problema de fondo de la política española: ”un país donde no se reconocen los resultados electorales, mal asunto”, señala. Luego está la fragmentación y las dificultades de los dos grandes, PSOE y PP, para formar mayorías de gobierno y hablar a los españoles de los problemas reales, que no acabará el día que vayamos a las urnas. “El problema no se va a resolver votando porque, salvo la subida de Vox, el resultado no va a cambiar demasiado”, insiste esta fuente desafiando de alguna manera los últimos sondeos, que acercan una mayoría absoluta del PP/Vox.

Podemos, eufórico por el desenlace del decreto, pone deberes a Sánchez para mantener el pacto con ERC y Bildu: Ley de Memoria, subida de impuestos, Ley Trans y aprobación de una Ley de Bienestar Animal que cuenta con el rotundo rechazo de Andalucía y otras federaciones socialistas por miedo a un ‘voto cazador’ a Vox

En las antípodas de ese sector socialista incómodo con la situación de debilidad en que ve al Gobierno se sitúa Unidas Podemos. Es el gran triunfador de esta semana porque el resultado de la votación de que, o el gobierno de coalición de izquierdas sigue contando con ERC y Bildu, o habrá que disolver las Cortes. Creen que Pedro Sánchez ya ha asumido que con el PP no va a ninguna parte e incluso le disuaden de un posible pacto con Feijóo para renovar el Poder Judicial.

Desde esa posición, los morados se atreven incluso a ponerle deberes para recuperar la confianza de los independentistas catalanes tras la crisis del espionaje: Ley de Memoria Histórica, reforma fiscal con subida de impuestos a los ricos y aprobación de las leyes Trans y de Bienestar Animal. Esta última cuenta con un fuerte rechazo por parte de federaciones del PSOE en cuyos territorios la caza representa una importante fuente de ingresos para el mundo rural, como es el caso de Andalucía, Castilla-La Mancha o Extremadura. Sus dirigentes temen un voto de castigo de los cazadores -con 330.000 federados, es el segundo deporte más popular tras el fútbol- del que se va a beneficiar Vox en todo el campo español.

“El Gobierno de coalición tiene que volver a marcar el paso de la legislatura, tiene que rearticularse con urgencia y restablecer la confianza con la mayoría de la investidura y con la ciudadanía”, recalcó este viernes la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ante el Consejo Ciudadano de su partido. “La coalición se tensa y se pone en riesgo cuando la gente tiene la sensación de que se pisa el acelerador para llegar a acuerdos con la Casa Real y con el PP para una operación de maquillaje de la Monarquía que usurpa el debate al Congreso y busca tapar los escándalos sucesivos e incesantes sobre las actuaciones ilegales del Rey emérito. Al mismo tiempo que se pisa el freno en la ley de derechos LGTBI y Trans, la ley de protección animal, la ley de familias para ampliar los permisos de maternidad y paternidad o la reforma fiscal. O incluso, como en el caso de la empresa pública de energía o la banca pública, directamente se impiden los debates”.  

“Se habla mucho estos días de frenar a la ultraderecha y estamos de acuerdo. Pero frenar a la ultraderecha no se dice, se hace. Se hace con políticas valientes y no tendiendo la mano permanentemente un Feijóo que ya ha decidido que VOX es su socio estratégico de gobierno. Hace falta más gobierno y más coalición”, concluyó. 

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