El Gobierno no se mueve y sigue rechazando la petición del Partido Popular de convocar una Conferencia de Presidentes para abordar la crisis migratoria. Este mismo martes el Ejecutivo ha asumido el fracaso de la reforma de la ley que se consumirá esta tarde en el Congreso, pues no cuenta con los apoyos necesarios para sacarla adelante.
Esta reforma pretende que el reparto de los menores migrantes no acompañados, o menas, sea obligatorio entre las comunidades autónomas, y no opcional como hasta ahora, debido a lo cual Cataluña se ha negado a la acogida.
El Gobierno, en boca de su portavoz, Pilar Alegría, argumenta que ya se ha celebrado una conferencia sectorial especifica y el Partido Popular está en los ejecutivos con los que se ha abordado este asunto.
Alegría ha concretado este martes que fueron precisamente las comunidades del PP las que pidieron que se convocase la reunión de la Conferencia Sectorial de la Inmigración de ayer lunes y que la propuesta de reforma nace de un acuerdo con el Gobierno de Canarias, en el que está el PP, que también preside las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, con las que igualmente se ha tratado este tema.
"Al PP le sobran excusas"
En declaraciones en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Alegría ha recordado además que hasta la fecha se han celebrado 26 conferencias de presidentes y que 20 de ellas las ha presidido Pedro Sánchez.
"Al Partido Popular le sobran excusas y desde luego le falta solidaridad, humanidad y responsabilidad", ha zanjado la portavoz.
Estas declaraciones se han producido poco después de que la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, expresara la voluntad del Gobierno de convocar la Conferencia de Presidentes "lo antes posible". "Por nuestra parte no va a quedar, seguimos buscando soluciones", ha subrayado.
Diez comunidades del PP recurrirán la decisión
Los gobiernos autonómicos del PP de Aragón, Baleares, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Galicia, Murcia, Andalucía y Extremadura han anunciado que recurrirán judicialmente contra la no convocatoria de la Conferencia de Presidentes por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez, como ya adelantó el de Madrid la semana pasada y el de Cantabria estudia hacerlo.
Estos y otros ejecutivos de comunidades y ciudades autónomas que llevan meses pidiendo la convocatoria de este órgano multilateral de cooperación -catorce de ellos lo hicieron de forma conjunta en noviembre de 2023 y en abril de este año- quieren debatir en él con el Gobierno central sobre asuntos como la inmigración pero también otros como la financiación autonómica, la falta de médicos o la política del agua.
La primera en anunciar un recurso fue la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que el pasado viernes comunicó que su Ejecutivo iniciará acciones legales contra el presidente del Gobierno "si no convoca inmediatamente" la Conferencia de Presidentes, ya que no se reúne desde marzo de 2022 pese a que su reglamento estipula al menos dos sesiones al año.
Este martes, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha anunciado también la presentación de un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo para reclamar la convocatoria de la conferencia y ha mostrado su confianza en que si Sánchez no está dispuesto a cumplir el reglamento, "sean los jueces los que le obliguen a tener que escuchar a los presidentes de comunidades autónomas".
El Govern balear de Marga Prohens ha informado de que la Abogacía de la Comunidad Autónoma interpondrá un recurso contencioso administrativo contra la "inactividad" de Pedro Sánchez, por incumplir su obligación de convocar la Conferencia de Presidentes autonómicos.
En Castilla y León, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado la presentación de un recurso contencioso administrativo para que el presidente del Gobierno "cumpla con su obligación de convocar la Conferencia de Presidentes".
El Gobierno valenciano ha dicho igualmente que presentará un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo en respuesta a la "negativa" del presidente del Gobierno a convocar la Conferencia de Presidentes, que entiende como una "deslealtad institucional".
Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia, ha confirmado que su Gobierno también recurrirá para que el ejecutivo central deje de imponer de modo unilateral o de tratar bilateralmente con algunos territorios temas que afectan al conjunto de los ciudadanos.
También este martes, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha anunciado la presentación de un recurso contencioso administrativo contra el Gobierno y ha declarado: "Si no han querido cumplir con el reglamento, lo tendrán que hacer porque se lo diga un juez".
A través de un mensaje en la red social X, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha señalado que presentarán un recurso contra la "inactividad" del Gobierno central, ya que "hay problemas urgentes y no pueden aplazarse sin fecha por los intereses personales de Pedro Sánchez".
Igualmente, el Ejecutivo de Extremadura ha decidido interponer un recurso contencioso ante el Tribunal Supremo, puesto que la presidenta extremeña, María Guardiola, ha subrayado la "urgencia" de convocar esta conferencia para debatir asuntos cruciales que no pueden seguir postergándose, como son la reforma del sistema de financiación autonómica o la crisis migratoria que afecta al conjunto del Estado.
Asimismo, la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha avanzado que su Gobierno trabaja en la presentación de un recurso contencioso administrativo para que el Ejecutivo central convoque la Conferencia de Presidentes.
