El president catalán, Carles Puigdemont, no será imputado ni detenido antes del 1 de octubre, fecha en la que está prevista la celebración del referéndum separatista, según han explicado a Vozpopuli fuentes del caso, que sí destacan que la investigación apunta a la presunta financiación ilegal de Convergència Democrática de Catalunya (CDC) en el conocido como caso del 3% en Girona.
En la causa se investigan los delitos de administración desleal, apropiación indebida, falsedad y malversación de caudales públicos en la gestión de la empresa municipal Aigües de Girona, Salt i Sarriá (Agissa), en la que en los últimos años se habrían desviado 15 millones a la parte privada de la empresa -Girona SA-, en cuyo accionariado están Caixabank, FCC y Aguas de Barcelona (Agbar), en detrimento de la pública o municipal, lo que podría haber implicado una subida de la tarifa del agua.
Entre otras irregularidades se investiga la última renovación del contrato de suministro del agua, en 2013, cuando Carles Puigdemont era alcalde de Girona. Por ese motivo, en el marco de esta investigación, los agentes acudieron al Ayuntamiento de Girona para solicitar documentación relacionada con la sociedad municipal.
La Guardia Civil inició el registro a las 9.20 horas del martes en la sede de Agissa, así como en los domicilios de Narcís Piferrer, consejero delegado de Agissa; Xavier Ballell, sucesor de Píferrer y director técnico de Agissa cuando se produjeron los presuntos desvíos; el empresario Joan de Llobet, consejero de Agissa; y en el despacho de abogados Sibilis.
15 registros
En total, la Guardia Civil practicó un total de 15 registros en Girona, Fornells de la Selva, Bescanó y Navata, en el marco de la denominada Operación Aquarium.
La intervención de los agentes se produce por orden del titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Girona, Manuel Marcello, que investiga la corrupción en el Ayuntamiento de Girona tras una denuncia interpuesta en 2015 por la CUP contra directivos de la concesionaria que gestiona el abastecimiento de agua en Girona.
En concreto, el magistrado investiga supuestas irregularidades en la gestión de la empresa de suministro de aguas entre los años 1998 a 2013, lo que incluye las etapas de gobierno de los socialistas Joaquim Nadal y Anna Pagans, pero también la de Puigdemont.
Origen en El Vendrell
La Fiscalía Anticorrupción se sumó al caso después de recibir un informe que la Agencia Tributaria elaboró en el Juzgado de Instrucción número 2 de El Vendrell (Tarragona) a raíz del caso 3% de presunta financiación ilegal de Convergència Democrática de Catalunya (CDC), sobre las posibles mordidas vinculadas a la empresa municipal del agua de Girona, en la que se han detectado salarios sin justificar por 5 millones, un reparto irregular de 10 millones de euros y créditos irregulares.
Los registros llevados a cabo por la Guardia Civil han coincidido con las protestas de dirigentes y partidos independentistas, entre ellos de la alcaldesa de Girona, Marta Madrenas (PDeCAT), que ha calificado de 'show' la presencia de la Guardia Civil en el Ayuntamiento gerundense, y que ha enmarcado esta actuación en los intentos del Estado por impedir el referéndum del 1 de octubre.
En la misma línea han reaccionado formaciones como ERC y la CUP, partido que está en el origen del caso, ya en 2015 interpuso una denuncia contra el ex consejero delegado de Aguas de Girona, Salt y Sarrià de Ter (Agissa) Narcís Piferrer, según informa Efe.
