La tramitación en el Parlamento Europeo de los suplicatorios contra el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y sus compañeros de huida, los exconsejeros Clara Ponsatí y Antoni Comín, comienza el 7 de diciembre ante la Comisión de Asuntos Jurídicos, presidida por el eurodiputado de Ciudadanos Adrián Vázquez, y entre los partidos españoles empieza a cundir la sensación de que “no será fácil” porque el independentismo catalán ha conseguido instalar en los pasillos la duda de que están ante un caso político, y no penal, por más que la petición del Tribunal Supremo no presente ningún defecto de forma.
”A mí ya me han preguntado en privado eurodiputados de otros países por la decisión de rebajar la pena por sedición en España y lo que subyace en todas esas reflexiones es: '¿Por qué vamos a levantar la inmunidad a alguien por un delito que su propio Gobierno considera que está desfasado y no es homologable a otras jurisdicciones europeas?'”, confiesa una eurodiputada a Vozpópuli.
Inocular esa duda forma parte de la estrategia de lobby que están realizando tanto los afectados como su abogado, Gonzalo Boye. Y aunque jurídicamente “no se sostiene”, porque la UE se basa en el reconocimiento recíproco de las respectivas jurisdicciones nacionales -según señala a este periódico el exministro de Justicia y hoy eurodiputado del PSOE, Juan Fernando López Aguilar- es, sin duda, un argumento muy poderoso en la discusión, admiten diversas fuentes. No tanto como para resultar en solitario determinante para un rechazo final del suplicatorio, pero sí podría llegar a serlo sumado a otros argumentos.
En todos los plenos se aprueban levantamientos de inmunidad "de trámite" y sin debate en pleno, pero en este caso son tres de una tacada y suscitarán un vivo debate sobre "libertades" que complica su aprobación
Por ejemplo, que sean tres las peticiones de levantamiento de inmunidad, no una, y en relación no a un caso anónimo contra un exalcalde o exdiputado nacional por una irregularidad urbanística en su país -un suponer-, sino al muy seguido en los medios internacionales desde hace una década intento de secesión de Cataluña, le confieren naturaleza “política” al debate que se abrirá el 7 de diciembre en la Comisión de Asuntos Jurídicos (IURE).
Un debate sobre “libertades” al que Europa es muy sensible en pleno pulso con Polonia y Hungría, y en el que cualquier novedad que altere el actual statu quo en relación al conflicto catalán puede ser vista con recelo en muchas capitales europeas.
Lo habitual en una Cámara con tantos miembros -705 eurodiputados- es que, al inicio de cada sesión plenaria, su presidente, el italiano David Sassoli, solicite la aprobación cuasi "de trámite" de varios dictámenes pidiendo el levantamiento de la inmunidad de tal o cual eurodiputado, "incluso con el voto a favor de los afectados", señalan todas las fuentes consultadas.
Y no funciona, como en España, la disciplina de partido. Aunque todos estén integrados en grandes grupos parlamentarios por ideología, hay múltiples intereses geoestratégicos y diplomáticos de cada país que convierten el futuro penal de Puigdemont, Comín y Ponsatí en una incógnita a una semana de que empiece un trámite parlamentario que, si en condiciones normales debería durar tres o cuatro meses, todos dan por seguro que el abogado Boye “intentará retrasar mucho más” en perjuicio de España.
50 suplicatorios aprobados, cinco rechazados
De hecho, en la pasada legislatura 2014-2019, el Parlamento Europeo solo rechazó cinco de los 55 suplicatorios. Se suelen votar sin debate político en el pleno, algo que en el caso de Puigdemont, Comín y Ponsatí se puede dar por descartado, “porque tanto los grupos a la izquierda del Grupo Socialista como la ultraderecha y los euroescépticos, por razones contrapuestas, han decidido hacer del asunto un ariete contra el yugo bruselense que oprime a las naciones y a los Estados”, señala un veterano eurodiputado socialista.
Y aquí llega otro factor en contra: la pandemia de covid-19 está jugando a favor de los tres fugados de la Justicia española, tanto en el retraso del calendario de los suplicatorios, como en la menos visible -pero no menos importante a la hora del resultado final del debate sobre Cataluña- alteración del debate parlamentario en el día a día; y esto está propiciando que el discurso independentista quede sin respuesta.
La covid ha obligado a recortar los plenos y los eurodiputados de PSOE, PP y Ciudadanos ya no disponen de los 30 segundos por alusiones que pedían cada vez que Puigdemont atacaba a España
Tanto Puigdemont como sus compañeros no pierden ocasión, durante cualquier debate en pleno, de sacar a colación que España “no es una democracia” y que el delito de sedición es una rémora del franquismo. A ello ayuda que, desde hace tres años, ni Bélgica ni Alemania han concedido al magistrado instructor del Supremo, Pablo Llarena, la entrega a España de los fugados.
Antes de la pandemia, cualquier eurodiputado de PSOE, PP o Ciudadanos presente alzaba la denominada tarjeta azul que tiene cada uno de los 705 parlamentarios en su escaño tras escuchar las soflamas del expresident de la Generalitat, de Comín o de Ponsatí y el presidente Sassoli, automáticamente, le concedía 30 segundos para responder a los ataques a la democracia española.
Esto ya no es así. El procedimiento se ha "encorsetado" de tal forma -para eliminar las horas interminables de sesión y así prevenir contagios- que solo se concede turno de palabra a quienes previamente se apuntan a una lista de oradores. Esto está permitiendo a Puigdemont y los suyos introducir un discurso muy aplaudido a izquierda y derecha de los grandes grupos parlamentarios, socialista y popular, formados básicamente nacionalistas varios afines a la causa catalana, la izquierda alternativa, la ultraderecha y euroescépticos varios del Este.
Cuatro son los grandes grupos que dominan la Eurocámara: los Tradicionales Partido Popular y S&D, los Liberales y los Verdes, estos últimos grandes triunfadores en los comicios de 2019. Ellos y los populismos del Este en países como Hungría o Polonia, más la izquierda no socialista, van a decidir el futuro de los tres suplicatorios.
