La querella por sedición, rebelión y malversación presentada por la Fiscalía General del Estado ante el Tribunal Supremo contra los miembros de la Mesa del Parlament incluye a la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, al presidente del grupo parlamentario de Junts Pel Sí, Lluís Corominas, el vicepresidente primero de Lluis Guinó, la secretaria primera, Anna Simó y la secretaria cuarta, Ramona Barrufet i Santacana.
A pesar de la disolución del Parlament el pasado viernes por parte del Gobierno de Mariano Rajoy en aplicación del artículo 155 de la Constitución, todos estos cargos mantienen su condición de diputados como miembros de la Diputación Permanente. En consecuencia, mantienen su aforamiento que impide que sean juzgados por los tribunales ordinarios.
Maza solicita que sean citados para prestar declaración como investigados con carácter urgente, para valorar la adopción de medidas cautelares contra ellos, a tenor de la gravedad de los hechos y de los delitos que se les imputan. También solicita su detención en caso de que no acudan a sede judicial.
El fiscal solicita la declaración en calidad de testigos del vicepresidente segundo de la Mesa, José Mª Espejo-Saavedra (Ciudadanos) y del secretario segundo de ese mismo órgano, David Pérez Ibáñez. También pide la comparecencia como testigos del Letrado Mayor del Parlament de Cataluña Antoni Bayona y del Secretario General de la Cámara, Xavier Muro.
La querella de José Manuel Maza, presentada en paralelo a otra ante la Audiencia Nacional contra los exmiembros del Govern, también se dirige al secretario tercero de la Mesa, Joan Josep Nuet. A pesar de que no mantiene su condición de parlamentario, dice la Fiscalía, "ha venido actuando en unidad de acción y de consuno con el resto de los querellados". Por tanto, a criterio de Maza, "se estima imprescindible su enjuiciamiento conjunto con el resto de los querellados en un mismo procedimiento penal".
La querella presentada ante el Supremo también deja la puerta abierta a que la imputación se pueda extender "a otras autoridades y cargos públicos en función del resultado que pueda arrojar en el futuro la instrucción judicial". Además, la querella de la Fiscalía concreta que "los hechos que fundamentan" su presentación "se han desarrollado más allá del territorio de Cataluña y han producido efectos traspasando el territorio de dicha Comunidad Autónoma, irradiando al resto del territorio nacional".
A lo largo de los 116 folios, la Fiscalía hace un repaso pormenorizado por las sesiones parlamentarias en las que se aprobaron las leyes del referéndum y de transitoriedad en los plenos del 6 y 7 de septiembre; la declaración de independencia en diferido de Puigdemont el 10 de octubre; y finalmente la sesión del día 27 que culminó con la proclamación de la república catalana.
En este relato, la Fiscalía hace especial hincapié en el hecho de que los grupos de JxSí y la CUP ignoraron de manera reiterada las peticiones de reconsideración presentadas por PPC, Ciudadanos y el PSC, que advertían de que las propuestas de resolución impulsadas por los independentistas contravenían las órdenes del Tribunal Constitucional.
También resalta cómo los miembros de la Mesa querellados hicieron caso omiso de las advertencias de los letrados de la Cámara, en las que se les avisaba que debían "impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir la nulidad de las resoluciones parlamentarias afectadas por la sentencia y los autos del Tribunal Constitucional".
"El Govern necesitaba la intervención de los miembros de la Mesa del Parlament para que se permitiera tramitar y votar ambas leyes (referéndum y transitoriedad). Solo con ello se lograba la secesión de Cataluña. En efecto, una vez admitidas para su tramitación en el Parlament, todos los querellados sabían que las leyes iban a ser aprobadas con la mayoría absoluta de los votos de los grupos parlamentarios independentistas y que a continuación iban a ser suspendidas por el Tribunal Constitucional por desbordar claramente el ámbito constitucional de las competencias del Parlament de Cataluña", apunta la Fiscalía.
Además, la Fiscalía relata cómo Junqueras, Turul y Römeva dieron traslado a la Mesa del Parlament a través del Registro de la Cámara de los resultados de la consulta ilegal del 1 de octubre. Esto suponía -a juicio de Maza- "el último paso para cumplir con la declaración formal de la independencia de Cataluña".
Asimismo, recalca cómo Forcadell convocó al Pleno en sesión ordinaria para la tarde del día 10 de octubre con la comparecencia de Puigdemont como único punto del orden del día. El escrito del Fiscal también recoge las palabras del expresident y la declaración paralela que firmaron los diputados del bloque independentista y los exmiembros del Govern en el salón de actos del Parlament.
“Desde el punto de vista de la actuación legislativa, desde enero de 2016 hasta septiembre de 2017, los grupos parlamentarios Junts pel Sí y CUP en los que se integran los Srs. Puigdemont y Junqueras así como la querellada Carme Forcadell, impulsaron y consiguieron la aprobación de leyes y resoluciones dirigidas a dotar de aparente cobertura normativa al proceso de separación del Estado español, propiciando, tras los correspondientes recursos, numerosos pronunciamientos del Tribunal Constitucional declarando la inconstitucionalidad y nulidad de todas ellas”, apunta el escrito de la Fiscalía.
"El Govern necesitaba la intervención de los miembros de la Mesa del Parlament para que se permitiera tramitar y votar ambas leyes. Solo con ello se lograba la secesión de Cataluña. En efecto, una vez admitidas para su tramitación en el Parlament, todos los querellados sabían que las leyes iban a ser aprobadas con la mayoría absoluta de los votos de los grupos parlamentarios independentistas y que a continuación iban a ser suspendidas por el Tribunal Constitucional por desbordar claramente el ámbito constitucional de las competencias del Parlament de Cataluña".
"Los querellados, miembros de la Mesa, dieron curso a las propuestas de resolución siendo plenamente conscientes de su palmaria y evidente inconstitucionalidad y que su inclusión en el Pleno del Parlament, vista la configuración de la Cámara, se traducía de hecho en la declaración secesionista buscada por todos los querellados como fin último de todos sus actos. Los querellados, con su decisión, además de mostrar nuevamente una conducta abiertamente contraria a los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, permitieron culminar todo el proceso para proclamar la independencia de Cataluña que ellos, con sus
anteriores decisiones, habían promovido y ejecutado".
"Los miembros del Govern y los miembros de la Mesa del Parlament querellados conseguían así su objetivo de llegar a la declaración formal de independencia, marcado desde el inicio de la legislatura, y obtenido por la fuerza de los hechos consumados y por la imposición violenta de su objetivo frente a las resoluciones de las autoridades judiciales y las fuerzas del orden público, y en contra de la Constitución y de los fundamentos del Estado Español".
Con el mensaje institucional grabado en la sede de la Generalitat en Girona el 28 de octubre cuyo texto publicado el mismo día en la web de la Generalitat, aparece firmado por “Carles Puigdemont President de la Generalidat de Cataluña”, el hasta su cese President se abroga unas competencias y una legitimación de la que carece, evidenciando su voluntad de seguir actuando como máximo responsable de la Generalitat.
En su escrito, Maza asegura que los cimientos del Estado de Derecho "han sido dinamitados por los querellados que, con sus actos, realizados con absoluto desprecio a la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico, han determinado la proclamación de independencia de una parte de la Nación española, 'patria común e indivisible de todos los españoles'".
