La representante legal de Repsol, María Díaz Aldao, ha comparecido durante más de dos horas ante los investigadores del caso Tándem para responder por el encargo que la petrolera hizo al Grupo Cenyt en el año 2011. La empresa, que fue imputada como persona jurídica por el contrato derivado del proyecto Wine, ha insistido en sede judicial que "no hubo conducta irregular" al contratar con el entramado de José Manuel Villarejo y que tampoco existió "afán de ocultación".
Así lo confirman fuentes presentes en el interrogatorio que se produce en el marco de la pieza número 21 del caso Tándem. El magistrado Manuel García Castellón imputó tanto a Repsol como Caixa al considerar que fallaron los controles normativos en la contratación del comisario, que entonces estaba en activo en la Policía Nacional. El encargo se produjo en plena crisis dentro de la petrolera por la acción sindicada entre Sacyr (bajo la presidencia de Luis del Rivero) y Pemex de hacerse con un tercio del total de las acciones y así acceder al control de la compañía.
Tras escuchar en sede judicial a Antonio Brufau e Isidro Fainé, Anticorrupción puso el foco en los pagos de este servicio (que se presupuestó en un primer momento en cerca de un millón de euros) y apuntó a que habrían fallado los sistemas de control interno al haber dado luz verde a este contrato en el que se espiaron a Luis del Rivero, su entorno familiar y el exjefe de seguridad de Sacyr, Rodrigo Álvarez. Hoy la representante legal de la empresa ha apuntillado que no hubo irregularidad alguna en esta gestión y ha insistido en que no se contrató a Villarejo sino al Grupo Cenyt.
"Reconocido prestigio"
De éste ha dicho que desconocían que estaba en activo. Díaz Aldao ha precisado en la misma línea que otros grandes clientes del comisario al incidir que pensaban que estaba en excedencia. Las fuentes explican que Repsol ha insistido en que se contrató a Cenyt por "el reconocido prestigio" que tenía y porque era la proveedora de seguridad de otras grandes del Ibex (algunas de las cuáles también están imputadas en esta causa de corrupción).
“Ningún documento de los entregados a Repsol tenía la más mínima evidencia o prueba de que se había utilizado medios intrusivos”, ha explicado la representante de la empresa de acuerdo con las fuentes consultadas por Vozpópuli. Responde de este modo a los investigadores que sostienen que Villarejo acometió sus trabajos vulnerando los derechos fundamentales de sus espiados mediante el control de sus llamadas telefónicas y seguimientos.
En este caso, el propio Villarejo expuso en sus notas que se había accedido al tráfico de llamadas de su teléfono móvil y que también se hizo una exhaustiva investigación patrimonial tanto del empresario murciano como de su familia. Al respecto, cabe recordar que el magistrado solicitó a Asuntos Internos que verificara si el comisario utilizó bases de datos policiales para este encargo y éstos concluyeron en un informe adelantado por este diario que no accedió a información confidencial de las bases de la Policía Nacional.
Cenyt era proveedor
Repsol ha precisado este lunes que los entregables que recibieron por el proyecto Wine nunca contuvieron ningún dato obtenido a partir de actuaciones ilícitas, sino que su objetivo era obtener la información de fuentes de prueba abiertas. Al hilo ha insistido ante el juez y los fiscales Anticorrupción que no se contrató ningún trabajo de espionaje sino de inteligencia corporativa y que tampoco hubo irregularidad alguna con el pago de facturas.
Frente a la tesis de Anticorrupción de que se fracturaron los abonos para que éstos pudieran gestionarse desde el departamento de seguridad, la representante de Repsol mantiene que esto se hizo así porque el trabajo no respondía a un único objeto sino que se dividía por fases. Del mismo modo se ha amparado el informe elaborado por el jefe de cumplimiento normativo, Enrique Hernández, cuya declaración solicitó sin éxito Araujo.
Sobre Cenyt ha precisado que no era un proveedor desconocido para Repsol sino que figuraba como cliente de empresas del grupo y que por tanto estaba registrado en el sistema. Se trata de una declaración que viene a respaldar lo ya manifestado el año pasado en sede judicial por el exjefe de seguridad de Repsol (Rafael Araujo) y de CaixaBank (Miguel Ángel Fernández Rancaño). Ambos dejaron claro que el encargo se gestionó desde el departamento de seguridad de la petrolera cumpliendo con la normativa y que había mucho temor a que Sacyr y la empresa estatal mexicana asaltaran el capital.
Ley de Seguridad Privada
La representante de Repsol -que solo ha respondido al juez, fiscales y abogado de la firma- ha hecho especial hincapié en el hecho de que la empresa no pudo consultar la situación de Villarejo en las bases de datos policiales. En el auto de imputación de Repsol y Caixa, el magistrado Manuel García Castellón les afeó que alegaran desconocer la condición de comisario de Villarejo, máxime teniendo en cuenta que sus entonces jefes de seguridad eran un policía en excedencia, en el caso de Repsol, y en segunda actividad en el caso de Fernández Rancaño. "Esta falta de comprobación constituye otra omisión que requiere una explicación por parte de las dos personas jurídicas", reflejó el magistado.
Ahora Díaz ha respondido que la Ley no les permitía verificar este dato ya que, aunque existe una orden ministerial que informa sobre el funcionariado, la condición policial se refleja en un anexo al que solo tienen acceso los agentes de la Policía Nacional en activo. Del mismo modo, se ha referido a la Ley de Seguridad Privada que regula las actividades relativas a este sector. Según ha explicado, en 2011 se regían con la normativa de los años noventa ya que no había entrado en vigor la reforma de 2015 y, por tanto, no había una regulación como tal de los servicios de inteligencia normativa que pudieran llevar a cabo funcionarios en activo.
Junto con la representante legal de Repsol ha comparecido también su homólogo de CaixaBank. Ignacio Redondo Andreu ha explicado que el encargo a Villarejo lo gestionó la petrolera y que, por ese motivo, no cuestionaron ni el contrato ni la tramitación del servicio. Con todo, el magistrado ha suspendido la sesión del lunes cuando llevaba una hora declarando y le ha emplazado a volver este martes a las 16.00 horas.
