La decisión más controvertida sobre la agenda de Felipe VI desde que este último asumió la Jefatura del Estado hace seis años aún no tiene padre intelectual. Se sabe que esa persona está dentro del Ejecutivo, pero nadie quiere dar la cara para explicar por qué el monarca no puede estar este viernes en Barcelona para la entrega de despachos a la nueva promoción de jueces españoles.
El silencio de la Casa de Su Majestad el Rey sobre una rectificación de tanto calado y la negativa del Gobierno a decir la causa de tan abrupta marcha atrás en un acto al que ya se habían enviado las invitaciones en nombre de Felipe VI, tal y como desveló El Mundo, han provocado enorme inquietud en los partidos -sobre todo, en los de la oposición- y en la judicatura.
El más explícito fue José María Macías, vocal conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), quien aseguró este miércoles en una entrevista con la Cadena SER que el monarca "no podía participar en el acto" porque "el Gobierno no lo autorizaba".
"Se recibió una comunicación por parte de Casa Real en la que se indicaba que su majestad no podía participar en el acto. Hasta donde yo conozco y he sido informado, la razón indicada en la comunicación es que el Gobierno no lo autorizaba", detalló el magistrado.
Mientras, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, afirmó que "hay decisiones que están muy bien tomadas", aunque no aclaró el motivo de este caso ni tampoco quién ha sido el responsable de que se adoptase. Preguntada por esto último, echó balones fuera: "Quien corresponde".
Por el momento, se sabe que La Zarzuela había comunicado al CGPJ la disposición del monarca a presidir, un año más, este acto que siempre se ha celebrado en Barcelona a excepción del año pasado, cuando se eligió Madrid. De ahí que se cursasen las citadas invitaciones. Sin embargo, el pasado martes se revocó la decisión al no contar con el refrendo del Gobierno.
La Casa Real diseña su propia agenda como institución independiente que es, pero es el Gobierno el que la refrenda en última instancia. La Constitución señala que "los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes".
La duda de un posible contagio por coronavirus entre los miembros de la Familia Real quedó disipada este miércoles con la asistencia de Felipe VI a la apertura del curso universitario en Madrid. En nombre del Gobierno estuvo el titular de Universidades, Manuel Castells.
También ha quedado descartada la posibilidad de que existiese un riesgo para la seguridad del jefe del Estado, según supo Vozpópuli de fuentes solventes. En este sentido, no se ha modificado la alerta ante un posible ataque terrorista ni se ha reforzado la presencia policial en Barcelona, aunque en el PP aún se mantiene que la ausencia del monarca se debe a un problema de seguridad y que, por tanto, el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, debe dimitir.
Un dato a tener en cuenta es que este año se ha cambiado la sede del acto. En esta ocasión, se celebrará en el edificio de la propia Escuela Judicial, a las afueras de Barcelona, en vez de la sala de L'Auditori, situada en el centro de la ciudad y que en los últimos años acogía la ceremonia. Por tanto, hay menos riesgo en cuanto a seguridad.
Las presiones del independentismo
Así las cosas, sólo queda la opción de que el independentismo catalán haya presionado para que el jefe del Estado no visite una parte del propio Estado o que el Gobierno de Sánchez tema que coincida la sentencia del Tribunal Supremo sobre la inhabilitación de Quim Torra con Felipe VI en las mismas calles de Barcelona.
Sobre lo primero, el Gobierno ha tenido gestos en los últimos días con las formaciones secesionistas. Al anuncio de que la próxima semana iniciará la tramitación del indulto para los condenados en el procés, un hecho que coincide con el tercer aniversario del referéndum ilegal del 1-O, se une el que Sánchez haya desempolvado la reforma legal de los delitos de sedición y rebelión que estaba en punto muerto.
En paralelo y no menos importante, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ha iniciado conversaciones con Bildu para sumarles a los PGE y ayer mismo la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, se sentó con la portavoz de los herederos políticos de Batasuna, Mertxe Aizpurua, para hablar de las cuentas públicas del próximo año. Una foto que no tiene precedentes en el periodo democrático.
Con todo ello, no es de extrañar que el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, se decante ya por el sí, según revelan fuentes gubernamentales y de ERC preguntadas por este periódico, tras la conversación que mantuvo esta semana con Iglesias.
En este sentido, Iglesias detectó la “disponibilidad” de Rufián y de Bildu para dar “estabilidad” a la legislatura. El líder de Podemos ha defendido en varias entrevistas que hay que ser “realistas” y que la longevidad de la legislatura solo dependerá de que Sánchez mantenga la fe en su relación con los socios de investidura. De ahí que la ausencia de Felipe VI del acto de la Escuela Judicial en Barcelona pueda ser fruto de esta estrategia de PSOE y Podemos para congraciarse con las formaciones que permitieron su coalición.
