El Gobierno convertirá la descentralización de la Administración pública en un concurso provincial. El Ministerio de Política Territorial, que dirige Isabel Rodríguez, ultima un Real Decreto que regulará un proyecto largamente anunciado por el Gobierno para establecer fuera de Madrid organismos públicos de nueva creación. El decreto, según informan fuentes del Ejecutivo a Vozpópuli, reconocerá específicamente la capitalidad de Madrid para evitar el choque con la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso.
Rodríguez ha ofrecido este martes algunas pistas sobre cómo se decidirá la ubicación de estos organismos. Su Ministerio ha diseñado un proceso de elección de libre concurrencia, que se inspira en los que organiza la Unión Europea para ubicar sus agencias en los distintos países de la unión. Las comunidades podrán postular al municipio que estimen. Y, según estas fuentes, se establecerán baremos y puntuaciones sobre la base del índice demográfico o la tasa de desempleo, entre otros índices todavía por determinar.
"Se tendrá en cuenta también el tipo de organismo", explican estas fuentes. "Si es un ente relacionado con el vino, lo lógico es que puntúe mejor algún territorio que tenga vinculación con este sector; lo mismo si es algo de la oliva, por ejemplo".
Un concurso que reconoce a Madrid
Otra de las novedades del decreto es que se reconocerá específicamente la capitalidad de Madrid. La mención es un intento por evitar el "victimismo" de Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad ha acusado al Ejecutivo en el de querer "descapitalizar" Madrid. El Ministerio de Política Territorial lo niega y recuerda que es para organismos de nueva creación. Por eso, plasmará por escrito el reconocimiento de Madrid.
"Iniciamos este proceso dentro de los ejes de modernización y transformación en nuestro país para evitar desigualdades y avanzar en cohesión social", ha explicado Rodríguez este martes en el Senado. "La falta de vertebración en el territorio hace que sigan existiendo desigualdades que hemos de abordar".
El procedimiento concursal se gestionará a través de una Comisión consultiva, de carácter interministerial y presidida por la persona titular del Ministerio de Política Territorial. Esta Comisión será el órgano colegiado de la Administración encargado de asistir al Consejo de Ministros en el proceso de elección de las sedes en las que deben ubicarse las entidades del sector público institucional estatal, según recoge la referencia del Consejo de Ministros.
la Comisión consultiva elaborará un informe con los criterios para la determinación de la sede, que será publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) junto al acuerdo de inicio. Las autonomías podrán presentar un municipio para albergar la sede de la entidad correspondiente, acompañando una memoria justificativa y un informe de cumplimiento de los criterios establecidos. El Ejecutivo permitirá asimismo ofrecer compromisos adicionales en relación con "la cesión de bienes inmuebles, costes financieros o medidas de apoyo al personal trasladado".
El precedente de Córdoba y Jaén
La Comisión consultiva elaborará posteriormente un dictamen donde analizará las posibles sedes, del que se dará traslado a la Comisión Delegada del Gobierno para el Reto Demográfico. Este dictamen se remitirá al Consejo de Ministros, que decidirá de forma motivada la elección de la nueva sede.
La descentralización de organismos públicos no es una novedad. El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero impulsó una iniciativa incluso más ambiciosa que la actual, pero sin éxito. Pero sí es la primera vez que se crea un procedimiento sistematizado. La elección de sedes ha provocado choques entre territorios, e incluso entre provincias de la misma comunidad y gobernadas por los mismos partidos. Uno de los casos más sonados tuvo lugar hace ahora justo un año.
El Gobierno asignó a Córdoba una base logística del Ministerio de Defensa. La decisión provocó una ola de indignación en Jaén, que se consideraba favorita para albergar esta sede. El ayuntamiento de Jaén, gobernado por el PSOE, llegó a señalar a la exvicepresidenta Carmen Calvo por favorecer a su ciudad, cuyo ayuntamiento está ahora mismo en manos de una coalición de PP y Ciudadanos.
