La mayoría absoluta de que goza el PP en el Senado está siendo clave para que los populares marquen buena parte de la iniciativa política mientras el Gobierno sigue en funciones y su presidente tratando de pescar en el independentismo catalán los apoyos necesarios para desatascar su investidura. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya ha avisado de que su partido seguirá empleando su mayoría en el Senado para contrarrestar en lo posible el impacto de las políticas del Gobierno y de las intenciones del propio candidato socialista.
Hasta la fecha, el pleno del Senado ya ha aprobado dos mociones a instancias del PP en contra de la amnistía. Del mismo modo, Génova ha exhibido poder territorial mediante la presencia de sus barones en la Comisión General de Comunidades Autónomas con ocasión de la intervención en ella de Pere Aragonès y en contraste con la ausencia de los presidentes autonómicos socialistas.
En este uso sostenido de la mayoría popular en la Cámara Alta se enmarca también la proposición de ley presentada por el PP con la propuesta de que se suprima en todo el Estado el impuesto de sucesiones y donaciones.
Sin embargo, el Gobierno en funciones ha vetado la iniciativa amparándose en el artículo 134.6 de la Constitución, en que se señala que toda "proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno". Es evidente que el Gobierno no está conforme.
Periodo de inactividad en el Congreso
El PP proponía en esta iniciativa derogar la ley 29/1987 para suprimir el impuesto de sucesiones y donaciones, por considerarlo una "doble imposición" que grava el ahorro y dificulta a la clase media la aceptación de herencias. La propuesta incluía igualmente la compensación del Estado a las comunidades autónomas por la supresión del gravamen hasta la aprobación de un nuevo sistema de financiación autonómica.
El veto gubernamental da idea de que en el Ejecutivo cunde cierta preocupación por el protagonismo del PP en la agenda pública en virtud de, entre otras razones, su amplia mayoría senatorial.
Del modo que sea, esta estrategia de los populares puede verse potenciada por el periodo de inactividad en que entra ahora el Congreso, y en este sentido se prefigura clave la opción que se le presenta al PP de abrir la Cámara Alta a las sesiones de control al Gobierno en funciones al tiempo que persevera en dilatar la validación de iniciativas de Sánchez y sus socios procedentes del Congreso. Podrá asimismo solicitar la comparecencia de ministros (de hecho, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, tendrá que hacerlo el próximo 7 de noviembre) y hasta convocar el debate del estado de las autonomías en el que el PP podría seguir proyectando su hegemonía autonómica. Que se sepa, ninguna de estas últimas iniciativas lleva ligada merma presupuestaria alguna.
