España es el país de la Unión Europea que registra un mayor número de entradas irregulares por vías marítimas. 40.000 a lo largo de todo 2020; 8.000 en apenas 48 horas en Ceuta. Unas cifras que ponen de manifiesto las consideraciones del Departamento de Seguridad Nacional (DSN) en un informe publicado antes de la crisis sufrida esta semana en la ciudad autónoma: alerta de que es “vital” que se implementen medidas para ordenar los flujos migratorios e insta a las administraciones a que mantengan una “unidad de criterio y doctrina”.
Según informa el DSN -órgano adscrito a Moncloa y de asesoramiento a la presidencia del Gobierno-, la crisis del coronavirus hizo “más visibles” las “lagunas estructurales” en materia migratoria de los principales países de origen. Lagunas que propiciaron el crecimiento de los flujos hacia España, con Canarias como principal destino.
Las cifras hablan por sí solas. 41.875 personas llegaron a España por vías irregulares, un 29,6% más que en 2019. Más de 40.000 por mar. Casi 21.500 a Islas Canarias. El cierre de fronteras en los respectivos países de origen imposibilitó la devolución de los inmigrantes, lo que generó un “cuello de botella” difícil de absorber. El resultado es conocido, con unas instalaciones completamente saturadas en el archipiélago canario, obligando al Gobierno a reubicar a las personas en hoteles o instalaciones militares.
El Informe Anual de Seguridad Nacional -aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional en una reunión del 9 de marzo de 2021- analiza los principales retos a los que se enfrenta España en materia migratoria. “Resulta vital implementar medidas que permitan gestionar estos flujos”. E incide en la “necesidad” de “paliar algunos efectos de la migración irregular”, como los ahogamientos en el mar, o de “canalizar” la inmigración por “vías regulares y ordenadas”.
Unidad de criterio sobre inmigración
Asimismo, el DSN urge a ampliar y reformar las infraestructuras para la atención temporal, internamiento y acogida de emergencia de los inmigrantes; también las “capacidades de transporte, salvamento, montaje de campamentos y otras necesidades críticas”. Para ello insta a las diferentes administraciones a mantener una coordinación y una “unidad de criterio y doctrina”.
Este es precisamente uno de los puntos que ha puesto de manifiesto la crisis vivida en Ceuta a lo largo de esta semana. De las 8.000 personas que han llegado a la ciudad autónoma, 200 son menores que hay que distribuir entre las comunidades autónomas. No ha faltado alguna voz discordante, como la de Vox en Andalucía, que rechazaba la acogida de ninguno de ellos.
Seguridad Nacional añade la necesidad de colaborar “con los países de origen y tránsito” para reducir los flujos migratorios hacia España. Cabe recordar que la crisis de Ceuta tiene lugar -y agudiza- en la grave crisis diplomática entre Madrid y Rabat. Marruecos manifiesta su determinación de cortar el diálogo si el líder del Frente Polisario, ingresado en un hospital riojano, no se enfrenta a las diversas causas que tiene pendientes con la Justicia.
El Gobierno español, por su parte, confía en encauzar la tensión diplomática con la mayor premura posible. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, considera que Ceuta no registrará nuevos episodios como el de estas jornadas. Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, denuncia el “chantaje” de Marruecos y lanza un mensaje de advertencia: “Con España no se juega”.
Una tensión diplomática que dificultará la gestión migratoria en la frontera entre España y Marruecos, bien a través de las ciudades autónomas, bien a través del Estrecho y el mar de Alborán. “La cooperación bilateral es clave y coadyuva al refuerzo institucional de los países de origen y al desarrollo de sus propias políticas migratorias y de asilo”, concluye el DSN en su informe.
