El separatismo catalán busca agujeros en el caso del presunto espionaje con el software israelí Pegasus después del revés que ha recibido del Parlamento europeo. El informe de la Eurocámara sobre Pegasus -que incluye un apartado sobre España- no es todo lo contundente que esperaba el independentismo tras aprobarse varias enmiendas que han modificado el borrador inicial.
Las conclusiones de la comisión Pegasus admiten que hubo vigilancia a "objetivos catalanes" por parte de las autoridades españolas. Y sostiene que el espionaje fue más allá de los 18 casos que admitió el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Sin embargo, y aunque se recoge el término Catalangate, ha desaparecido cualquier mención a actuaciones ilegales por parte del Ejecutivo español. Y tampoco se habla de una persecución sistemática o masiva a políticos separatistas catalanes, como quería el ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.
El informe ha contado con el voto a favor de PP, PSOE y ERC; la abstención de Puigdemont y el voto en contra del eurodiputado de Ciudadanos Jordi Cañas. Para Cañas, todo lo que se dice contra España, por muy rebajado que esté, es "falso". El informe en sí no se votará en el Pleno. Solo las recomendaciones de la comisión que se refieren al uso de Pegasus por parte de los 27 Estados de la Unión, y no específicamente España.
Estrategia del separatismo
El resultado no ha sido todo lo satisfactorio que esperaba Puigdemont, que ha hecho de este supuesto espionaje masivo denunciado por Citizen Lab el eje de su acción política. No se señala a España, pero a cambio el lobi separatista ha evitado referencias a la violencia asociada a Tsunami y la conexión con Rusia. Pero el independentismo no se da por vencido y quiere que este documento constituya una base para tumbar algunos procesos judiciales abiertos que están vinculados al procés de octubre del 2017 pero también a episodios más recientes como Tsunami Demócratic.
Gonzalo Boye y Andreu van den Eynde, abogados y presuntas víctimas del espionaje, han admitido que la Eurocámara "se ha quedado a medias". "Se ha perdido una oportunidad para explicar por qué nos espiaron", ha dicho Boye. Van den Eynde, por su parte, ha afirmado que el informe "tiene que tener incidencia en las causas judiciales abiertas por el espionaje en el programa Pegasus".
"Se han tenido que conformar con que hubo ese espionaje", explica José Javier Olivas, investigador de la UNED y profesor de la London School of Economics. "Lo que necesitan que las fechas de la supuesta infección del teléfono coincida con las reuniones entre abogados y clientes para anular los casos del procés".
Tumbar procesos judiciales
Olivas es probablemente la persona que más tiempo ha dedicado a denunciar los agujeros del Catalangate. El trabajo de Citizen Lab ha recibido críticas académicas por su falta de rigor y las dudas sobre los teléfonos que según Elíes Campo -supuesto activista que destapó el pastel- fueron infectados. Lo que el CNI ha reconocido son las 18 intervenciones, pero siempre con autorización judicial.
El objetivo ahora es hacer coincidir las fechas del supuesto espionaje con reuniones legales de abogados con sus clientes imputados. Sería una manera de frenar causas judiciales, siempre y cuando se demostrase el espionaje en dicho teléfono. A la tarea de casar estas fechas está José Navarro, perito presuntamente independiente que ha comparecido en el Parlament de Cataluña hace unas semanas. Citizen Lab nunca pudo establecer esas fechas, pero algunos de los supuestos afectados dicen que se produjo mientras representaba a los líderes del procés.
Al margen de Cataluña, el informe de la Eurocámara recoge el supuesto espionaje al teléfono del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que atribuye "posiblemente" a Marruecos. Según Olivas, se trata de un señalamiento sorprendente porque no existe prueba alguna que ahora mismo vincule a Rabat con la intervención del móvil de Sánchez.
