Entre los dos grandes partidos ya han hablado de manera informal sobre lo contraproducente que puede ser para ambos colocar los abundantes escándalos de corrupción en el centro del debate del estado de la nación. No solo por el mensaje que pueden transmitir a los ciudadanos, sino también porque los estudios demoscópicos que manejan tanto el PP como el PSOE, demuestran que cada vez que se enzarzan en las acusaciones mutuas mediante el “y tú más”, lo único que consiguen es alimentar el granero de votos de Rosa Díez.
PP y PSOE saben que las acusaciones mutuas de corrupción no hacen sino enriquecer el granero de votos de Rosa Díez
El consenso que existe al respecto entre las dos principales formaciones y, pese a las apariencias, la buena comunicación personal que hay entre Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba, conducen a pensar, según fuentes parlamentarias, que el grueso del debate se centrará en el escandaloso desempleo, lo que más quita el sueño a los españoles en las encuestas, aunque este también es un problema en el que, si se tira de las hemerotecas, tienen tanto que perder el PSOE como el PP.
Pero la preocupación del Gobierno y de los dos grandes partidos no solo se centra en lo que ocurra durante los próximos días 20 y 21 dentro del Congreso de los Diputados, pues en esas fechas también celebra su congreso Comisiones Obreras y su clausura coincide con un “golpe de estado democrático”, así lo califican algunos de sus convocantes, para protestar mediante manifestaciones masivas en las calles de toda España contra los efectos de la crisis económica y los escándalos de corrupción, justamente cuando se cumplen 32 años de la asonada de Tejero.
"Golpe de estado democrático", así califican la convocatoria algunas de las organizaciones que llaman a una movilización masiva contra la corrupción el próximo 23-F
Algunos de los principales cabecillas de los indignados, lo que fue el movimiento del 15-M, se han dirigido a UGT y Comisiones para que piloten también lo que se presenta como una “marea” ciudadana contra “otro golpe de estado que sufren los ciudadanos por el deterioro de la vida social y la escalada de corrupción”. Sin embargo, las dos organizaciones quieren huir de cualquier simbología relativa a un golpe de estado y por ello Cándido Méndez (UGT) e Ignacio Fernández Toxo (CC OO) han dado instrucciones a sus ejecutivas para que intenten reconducir la convocatoria de forma que encauce el malestar de todos los sectores que se están viendo dañados por los ajustes, sin por ello apadrinar ningún movimiento anti sistema y, menos aún, posibles revueltas callejeras que pueden terminar resultando muy violentas. “Nosotros no participamos en eso”, afirma un miembro de la ejecutiva de Comisiones, “estamos en contra de la corrupción y a favor de que los ciudadanos expresen en la calle su malestar, pero siempre a través de cauces democráticos y sin colaborar con malentendidos”.
El debate interno dentro de los dos sindicatos está siendo muy intenso ya que no se quiere dar la espalda al fuerte malestar social que se detecta en la calle pero, al mismo tiempo, tampoco se desea enviar una señal que sea malinterpretada “por aquellos que pescan en rio revuelto y están alentando alternativas antidemocráticas que cuestionan el sistema de partidos”, apunta la misma fuente sindical.
"Nosotros no participamos en eso, estamos en contra de la corrupción, pero siempre a través de cauces democráticos", afirma un miembro de la Ejecutiva de Comisiones
Los organizadores de las llamadas “mareas ciudadanas”, con mucho eco en las redes sociales, argumentan que buscan la simbología del 23F “como reacción ante un golpe de estado que, de hecho, 32 años después del intento de golpe militar, está sufriendo la sociedad civil bajo la excusa perfecta de la crisis”. Su llamamiento se presenta como “una confluencia entre las distintas mareas, movimientos, colectivos y organizaciones que rechazan el statu quo y las soluciones injustas que se están adoptando con el pretexto de la crisis”.
A los convocantes de las protestas no les faltará alimento: en esa misma semana está convocada la huelga de Iberia y para el mismo 23-F está previsto que Urdangarín declare en un juzgado de Palma, dos días antes de que Bárcenas lo haga, por primera vez, ante la Audiencia Nacional.
