De ser objeto de sus críticas mientras estaba en la oposición a recibir millonarias inversiones ahora que está en el Gobierno. El Ministerio del Interior ha aprobado en los últimos meses dos fuertes desembolsos destinados a ampliar los Sistemas de Interceptación legal de las Telecomunicaciones (los conocidos por sus siglas SITEL) que permiten 'pinchar' bajo control judicial miles de llamadas y mensajes de delincuentes y terroristas.
En abril, adjudicó por el procedimiento de "negociado sin publicidad" un contrato por un valor de 1,3 millones para el servicio de mantenimiento 24 horas al día del SILDAT de la Policía y el GOLF de la Guardia Civil, sistemas integrados en el SITEL y desconocidos para la opinión pública. El segundo es del pasado lunes, y con él, el departamento de Jorge Fernández Díaz destinará 10,6 millones de euros a la "ampliación de capacidades y prestaciones" de los mismos. En total, 11,9 millones de euros. En ambos casos, la empresa adjudicataria ha sido la división de telecomunicaciones de Excem Grupo 1971 SA, la antigua Exportadora Española de Cementos Portland.
El primer contrato es de abril y garantiza el mantenimiento del sistema las 24 horas del día. El segundo, firmado el pasado lunes, busca ampliar sus "capacidades y prestaciones"
La primera de estas adjudicaciones fue firmada el pasado 10 de abril por el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. En ella, se encargaba a la empresa Excem los "servicios de reparación, mantenimiento y servicios asociados relacionados con ordenadores personales, equipo de oficina, telecomunicaciones y equipo audiovisual" de SILDAT y GOLF, así como los de "mantenimiento de infraestructura de telecomunicaciones" de los mismos. Aunque en un primer momento el presupuesto era de 2,2 millones, el precio final se redujo a los 1,3 millones, IVA incluido. Un contrato similar ya se había firmado dos años antes, en junio de 2012, aunque en aquella ocasión el importe fue de 1,6 millones de euros. La adjudicataria fue la misma compañía, aunque entonces aún se llamaba Cementos Portland.
El mismo día que se adjudicaba el contrato del 10 de abril pasado, Interior daba la orden de iniciar el expediente para el segundo, el de 10,6 millones de euros. En este caso, la resolución del mismo se alcanzó el pasado lunes, según la documentación a la que ha tenido acceso Vozpópuli. En dicho documento se detalla que Excem fue la única empresa invitada a participar en el mismo, al amparo de la ley que regula la contratos relacionados con la seguridad nacional.
En este caso, no hubo rebaja en el precio y el presupuesto final presentado por esta compañía se ajustó al céntimo al dinero previsto por Interior como inversión. Un desembolso que servirá para dotar a los sistemas de interceptación legal de las telecomunicaciones de la Policía y la Guardia Civil de nuevo "equipamiento hardware y software y la integración del mismo para la ampliación y actualización" de éstos.
Tachado de ilegal e inconstitucional por el PP
Las fuertes inversiones emprendidas por Interior en dichos sistemas contrasta con los ataques que realizó el PP contra SITEL cuando estuvo en la oposición. Entonces, los 'populares' llegaron a mostrar su sospecha de que el mismo se estaba usando fuera del control judicial para realizar tareas de espionaje político, además de asegurar que su utilización violaba la privacidad de los ciudadanos al ser capaz de almacenar otros muchos datos más allá de las conversaciones. Se refería al DNI del interlocutor, su domicilio, su equipo móvil, localización geográfica de emisor y receptor, tráfico de llamadas, SMS, MMS, correos electrónicos, accesos a Internet e información generada por la navegación. También cuestionó que fueran miembros de la Policía o la Guardia Civil los que seleccionasen qué información llegaba al juzgado que había permitido la escucha y cuál no, y mostraba sus dudas sobre el destino final de los datos descartados. Algunos de sus dirigentes llegaron a tildar el sistema de ilegal e inconstitucional.
Los dos contratos se han adjudicado por el procedimiento "negociado sin publicidad" por motivos de seguridad. La empresa adjudicataria ha sido Excem Grupo 1971 SA
Su posición fue fuertemente criticada por el PSOE, entonces en el Gobierno, que le recordó que la decisión de crear SITEL e invertir en ello 10 millones de euros se había producido durante la última legislatura de José María Aznar como presidente del Gobierno y, en concreto, por quien en octubre de 2001 era su ministro del Interior, Mariano Rajoy. De hecho, y aunque se retrasó por problemas técnicos, se puso en marcha en febrero de 2004 en una operación antidroga, con el PP aún en el poder.
La postura de los 'populares' también recibió críticas desde las filas de las Fuerzas de Seguridad del Estado, que consideraron entonces este sistema de interceptación de llamadas y mensajes un importante avance en la lucha contra la delincuencia y el terrorismo. Aún hoy, las fuentes policiales consultadas por Vozpópuli destacan su buen rendimiento y su seguridad jurídica: "Ahora sí que es prácticamente imposible que se haga un 'pinchazo' sin control de un juez".
Nueva regularización legal
Pese a ello, el Gobierno actual pretende regularizar su utilización a través de un texto legal. Así, el pasado verano, y tras estallar el 'caso Snowden', en referencia al agente americano que destapó las escuchas masivas de EEUU a otros países, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció la intención del Ejecutivo de hacerlo por medio de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que prepara el Ministerio de Justicia.
Según avanzó Vozpópuli el pasado mes de octubre, el borrador de este proyecto contemplaba “la intervención y registro de las comunicaciones de cualquier clase que se realicen a través del teléfono o de cualquier otro medio o sistema de comunicación telemática, lógica o virtual”, pero que será el “propio Tribunal, ponderando la gravedad del hecho que está siendo objeto de investigación, el que determine el alcance de la injerencia del Estado en las comunicaciones particulares”.
En este sentido, dicho documento de trabajo añadía que el tribunal deberá también “precisar el ámbito objetivo y subjetivo de la medida”, es decir, “tendrá que motivar, a la luz de los principios de la ley, si el sacrificio de las comunicaciones telefónicas no es suficiente y si la investigación exige, además, la interceptación de los SMS, MMS o cualquier otra forma de comunicación telemática de carácter bidireccional”. Asimismo, pretendía establecer un plazo de tres meses como duración máxima inicial de la intervención, con la posibilidad de ser ampliado por periodos sucesivos hasta un máximo de un año, “siempre que subsistan las causas que motivaron aquélla”.
De esta forma, los autores del borrador recalcaban que buscaban un equilibrio entre la necesidad de valerse de estas diligencias para la investigación y la importancia de no prologar “de forma innecesaria la interferencia de los poderes públicos en la privacidad de los ciudadanos afectados por la medida”. Por otro lado, el texto incluía ciertos límites a la utilización de las grabaciones en un proceso distinto al inicial y también contemplaba un precepto destinado a fijar los términos del borrado y eliminación de las grabaciones originales, una vez concluyera al procedimiento, conservándose sólo una copia bajo custodia de la Fiscalía o del Tribunal. De este modo, “se pretende con ello evitar toda difusión de un material que, por su propio contenido, podría dañar de forma irreparable la intimidad del afectado”.
