Los siete magistrados que han juzgado la causa del procés en el Tribunal Supremo han aprovechado la sentencia para reprender a los políticos españoles. En concreto, han criticado la incapacidad del gobierno central y del autonómico para llegar a un acuerdo sobre "un problema de profundas raíces históricas". Y han reprobado que los dirigentes pretendieran dejar en manos de la Justicia las posibles soluciones. "No nos incumbe", han sentenciado.
La frase se enmarca en el fallo de 493 folios en el que se condena por sedición a nueve líderes independentistas -cuatro de ellos con la agravante de malversación- y por desobediencia a otros tres.
La Sala de lo Penal, presidida por Manuel Marchena, ha hecho hincapié en que su trabajo se ha limitado al enjuiciamiento de unos hechos que el Ministerio Fiscal, la Abogacía del Estado y la acción popular consideraron delictivos. "No nos incumbe ofrecer -ni siquiera, sugerir o insinuar- soluciones políticas a un problema de profundas raíces históricas", han subrayado.
Los jueces han admitido que se trata de una causa penal que "encierra elementos que la singularizan y atribuyan una dimensión histórica". Han destacado, sin embargo, que no por ello pueden "rebasar los límites que legitiman" su función como órgano de enjuiciamiento.
"Nuestra aproximación valorativa a esos hechos ha de limitarse a examinar si los procesados que impulsaron una declaración unilateral de independencia (...) han quebrantado valores constitucionales sujetos a protección penal", han explicado los magistrados.
Vox y la acusación popular
Además de señalar a los dirigentes políticos, los jueces han apuntado directamente a Vox y su papel como acusación popular en la causa del procés. El tribunal ha reconocido que "la presencia de partidos políticos en el proceso penal no es desde luego positiva".
De hecho, han tachado de "pertubardora" la presencia misma de la formación de Santiago Abascal, ya que "se corre el riesgo de trasladar al ámbito jurisdiccional la dialéctica e incluso el lenguaje propio de la confrontación política". Y han hecho hincapié en la necesidad de abordar una regulación sobre la participación de partidos políticos como acusaciones populares.
Con estas referencias, el Supremo se blinda ante la posible reacción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a los recursos que las defensas de los líderes condenados amenazan con interponer. Fuentes jurídicas consultadas por Vozpópuli han explicado que se trata de un punto clave, ya que en Estrasburgo no se entiende la participación de un partido como acusación en una causa contra políticos adversarios.
Durante el juicio, la intervención de Vox estuvo marcada principalmente por los conflictos que generaban al tribunal los testigos cuando se negaban a contestar a sus abogados; y por errores sonoros como dejar pasar la declaración del exmajor de los Mossos, Josep Lluís Trapero -solicitada por el partido- sin preguntarle por sus reuniones entre Junqueras e Interior.
La formación pidió hasta 74 años de cárcel por dos delitos de rebelión, malversación y organización criminal. La cifra supera con creces la solicitud de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado -que requirieron penas de 25 y 12 años, respectivamente- y las condenas emitidas por el Supremo que se quedaron en 13 años de máxima.
