La independencia era una “quimera”, un “artificio engañoso” y los líderes soberanistas “lo sabían”. Este es el mensaje que repite de forma contundente la sentencia de Tribunal Supremo, que condena a los responsables del procés a penas de entre nueve y 13 años de prisión. Los jueces dicen que engañaron a sus ciudadanos al prometerles una independencia “inviable” para de ese modo presionar al Gobierno y conseguir el reconocimiento del llamado derecho a decidir.
El tribunal que preside el juez Manuel Marchena dice que en la Generalitat encabezada por Carles Puigdemont con Oriol Junqueras como vicepresidente “eran conscientes de que la ruptura con el Estado exige algo más que la obstinada repetición de consignas dirigidas a una parte de la ciudadanía que confía ingenuamente en el liderazgo de sus representantes políticos y en su capacidad para conducirles a un nuevo Estado que solo existe en el imaginario de sus promotores”.
La resolución, de 493 folios, reconoce el “despliegue retórico” de los dirigentes independentistas, pero matiza que “la inviabilidad de los actos concebidos para hacer realidad la prometida independencia era manifiesta”. El Tribunal Supremo se apoya sobre este argumento para defender su apuesta por el delito de sedición -que afecta al orden público- y descartar el de rebelión -que atenta contra las estructuras democráticas- ya que, a su juicio, los soberanistas no tuvieron nunca ni la intención real ni los medios de doblegar al Estado.
"Mera quimera"
“El Estado mantuvo en todo momento el control de la fuerza, militar, policial, jurisdiccional e incluso social. Y lo mantuvo convirtiendo el eventual propósito independentista en una mera quimera. De ello eran conscientes los acusados”, dicen los siete magistrados que por unanimidad firman la sentencia. “Es claro que los alzados no disponían de los más elementales medios. Y lo sabían”, añade.
Entienden los siete jueces que, para que se produzca el delito de rebelión, la amenaza “ha de ser real y no una mera ensoñación del autor”. Tampoco “un artificio engañoso creado para movilizar a unos ciudadanos que creyeron estar asistiendo al acto histórico de fundación de la república catalana y, en realidad, habían sido llamados como parte tácticamente esencial de la verdadera finalidad de los autores”.
Puigdemont, Junqueras y el resto de responsables de la Generalitat “sabían que un referéndum sin la más mínima garantía de legitimidad y transparencia para la contabilización de su resultado, nunca sería homologado por observadores internacionales verdaderamente imparciales”. Aquella consulta declarada ilegal “no era otra cosa que la estratégica fórmula de presión política que los acusados pretendían ejercer sobre el Gobierno del Estado”.
"Ocultada a la ciudadanía"
La sentencia destaca la “disimulada certeza de los acusados, ocultada a la ciudadanía convocada, de que en ningún caso se accedería a la pretendida secesión territorial sin el asentimiento del Gobierno legítimo de (toda) España. Y de que su proclamación, sin este asentimiento, solo entraba en el plan de los acusados de una manera políticamente aparente, pero sin efectos jurídicos reales y apreciables”.
“Todo lo anterior conduce inexorablemente a la absolución de los acusados respecto del atribuido delito de rebelión”, zanja la sentencia. El argumento de que todo había sido simbólico, es el que usaron muchos de los acusados casi desde el momento en el que fueron detenidos y puestos a disposición judicial y que luego repitieron en el juicio.
