El Tribunal Supremo ha ordenado a la Guardia Civil la entrada y registro del despacho del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz en el marco de la causa abierta por presunta revelación de secretos. El instructor de la causa, Ángel Luis Hurtado, ordena incautar cualquier material en soporte papel o informático relacionado con estos hechos, así como su propio teléfono personal.
La diligencia se ha ordenado esta misma mañana con el objetivo de buscar pruebas en relación con la filtración en prensa de unos correos electrónicos que se intercambiaron el abogado del empresario con el fiscal que le investigó por dos delitos contra la Hacienda Pública. Además, el instructor acuerda igualmente la entrada y registro en el despacho de la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, también investigada en estos hechos.
Así consta en dos autos dictados de idéntico contenido y a los que ha tenido acceso Vozpópuli, en el marco de los cuáles el instructor acuerda la primera diligencia de calado contra los dos querellados. Además, fuentes del alto tribunal confirman que Hurtado ha decretado el secreto de las actuaciones por el plazo de un mes.
Registro en la sede de la Fiscalía
Cabe recordar que el alto tribunal admitió hace apenas unos días la exposición razonada del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para investigar a Rodríguez y García por la filtración en prensa de los correos que afectan a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Este mismo miércoles el instructor ha dado el primer paso al emplazar al fiscal general a que se persone con abogado dado que, a diferencia de Pilar Rodríguez (representada por la Abogacía General del Estado), no consta todavía representación de García Ortiz.
El juez ha ordenado la práctica del registro desde las 10.00 horas de este miércoles y ha habilitadp "expresamente las horas nocturnas" para asegurar la "efectividad" de la diligencia. La misma se ha encargado a agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
Se autoriza la intervención de documentación en soporte papel o informático que tenga relación directa con los hechos investigados. Se aprehenderá el teléfono móvil del interesado
El instructor ordena la incautación de "documentos en soporte papel o informático que tengan relación directa con los hechos investigados", así como de cualquier material de soporte informático y telemático (incluida telefonía móvil) que, según precisa, "pudieran servir como indicios o prueba de la comisión de los hechos que son objeto de investigación".
Además, ordena la incautación de su teléfono (o teléfonos) y de otros dispositivos informáticos vinculados al fiscal general (como ordenador portátil o tablet). En relación con los teléfonos, Hurtado autoriza proceder al "rooteo", técnica que permite obtener privilegios de administración sobre el dispositivo para poder realizar una imagen forense.
"Evitar eliminación intencionada de información"
"Se autoriza el volcado de las cuentas de correo electrónico, perfiles en redes sociales u otros repositorios de información en Internet administrados por el interesado, así como a la información contenida en servidores y copiar su contenido autorizando asimismo el cambio de contraseñas de acceso a los servicios y servidores mencionados al objeto de evitar la eliminación intencionada de información que pudiera ser de interés para la investigación", reza el instructor.
En ese sentido, recuerda que los afectados por estas medidas tienen el deber de prestar colaboración con esta diligencia, siendo, además, que están "obligados a facilitar la asistencia necesaria" a los agentes. Con todo, y en una resolución aparte, el magistrado del Tribunal Supremo ha acordado el secreto de las actuaciones durante un mes. En concreto, explica que protegerá la investigación hasta que no se recabe la documental que ahora buscan.
Por su parte, la Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera, ha vuelto a pedir la dimisión de García Ortiz, quien, por su parte, ya avanzó hace apenas unas semanas que continuaría al frente del Ministerio Público. Al hilo avisan que se trata de una situación "anómala" puesto que él está al frente de un órgano que debería acusar en el procedimiento. “Es evidente que durante la tramitación de la causa sobrevolará la duda sobre las decisiones que adopte el Fiscal designado para el despacho del procedimiento penal abierto contra el FGE", asegura la presidenta de la AF, Cristina Dexeus.
Por su parte, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha decidido personarse en estas diligencias en las que ejercará la acusación junto con Alberto González Amador. Este último solicitó lque se incautaran los correos al considerar que García Ortiz está detrás no solo de la elaboración de la nota de prensa sobre su investigación, sino también de la filtración de los mensajes recabados para elaborarla. El fiscal general, por su parte, niega este último extremo.
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