El Tribunal Supremo ha reactivado el caso Delcy tras meses de parálisis. Según informan fuentes jurídicas, la Sala de lo Penal quiere conocer la opinión de la Fiscalía sobre los recursos de Vox y el Partido Laócrata contra las fianzas que tendrían que pagar para poder ejercer la acusación contra el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, por su reunión en Barajas con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez.
Una vez que el ministerio público se pronuncie sobre este punto, los jueces tomarán una decisión y trasladarán de nuevo la pregunta a la Fiscalía sobre el fondo de la cuestión. A partir de ahí, el Tribunal Supremo tendrá que decidir si nombra un instructor para que investigue formalmente a Ábalos por un presunto delito de prevaricación. Tal y como desveló este periódico, el ministro se reunió en secreto con la dirigente bolivariana en el interior de un avión sobre la pista de aterrizaje del aeropuerto en enero.
Delcy Rodríguez tiene prohibida la entrada en territorio de la Unión Europea al estar acusada de violar los Derechos Humanos. La primera denuncia, presentada por el partido Laócrata, defendía que "las distintas versiones que dio el ministro Ábalos sobre lo ocurrido acreditan el dolo". A juicio de esta pequeña formación, cambió tantas veces su explicación "porque sabía que lo que hacía era ilegal".
El conocido como Delcygate lleva meses paralizado. Hasta que la Fiscalía no se pronuncie y el Tribunal Supremo no designe a un instructor, la causa especial 20084/2020 no echará a andar oficialmente. Desde el Departamento que dirige Dolores Delgado informan a este periódico que durante todo este tiempo no han recibido ninguna petición de informe. Fuentes jurídicas recuerdan que el Real Decreto del Estado de Alarma, aprobado el 14 de marzo por el Gobierno, paralizó los plazos procesales, que se mantuvieron congelados hasta principios de junio.
Hasta 12.000 euros de fianza
Fuentes del caso informan a Vozpópuli de que finalmente esa comunicación a la Fiscalía salió del Tribunal Supremo a finales de la semana pasada. El tribunal compuesto por cinco magistrados y que preside Manuel Marchena dictó el pasado 6 de marzo un auto en el que le imponía a VOX una fianza de 6.000 euros para personarse en el caso como acción popular. Tan solo unos días antes, el 20 de febrero le había impuesto en al partido Laócrata 12.000 euros de fianza. Ambas formaciones recurrieron la decisión al considerar la suma demasiado elevada.
La diferencia en las cuantías, según las fuentes consultadas, se debe a que las fianzas tienen el objetivo de garantizar el rigor de una acusación popular. VOX cuenta ya con numerosas personaciones en el Tribunal Supremo mientras que los Laócratas eran hasta ahora una formación desconocida. Sin embargo, a la hora de imponer la fianza a la formación que lidera Santiago Abascal, los jueces le advirtieron de que tenía que supeditarse a la dirección de los laócratas por haber denunciado primero.
“La actuación de cada querellante con su propia representación y asistencia letrada, provocaría sin duda unas inútiles reiteraciones así como una artificial complejidad en la tramitación derivada de a pluralidad de partes que supondría un sacrificio injustificado en el derecho a una rápida respuesta judicial", decía un auto de la Sala de lo Penal. Pero se da la circunstancia de que, si los Laócratas no pudieran hacer frente al pago, VOX quedaría como única acusación y llevaría la iniciativa en caso de se sumasen otras en el futuro.
La ley permite ejercer como acusación popular en una causa cuando no eres un perjudicado directo (acusación particular) y se entiende que el hecho denunciado ha generado un perjuicio público. Asociaciones, colectivos o incluso cualquier ciudadano pueden ser parte en un proceso si reciben el visto bueno del tribunal. En los últimos años, los partidos políticos se han sumado a esta opción, desde las grandes investigaciones por corrupción hasta el juicio del procés. Su presencia ya ha sido objeto de recelo por parte del alto tribunal.
En el mismo sentido, la causa paralela que se instruye en el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid contra los policías que acompañaron a Ábalos durante su paso por Barajas también ha sufrido un importante parón con la crisis del coronavirus. Como no se consideró una causa urgente, el juez que instruye la misma, Antonio Serrano-Arnal, no pudo impulsar sus pesquisas, explican fuentes jurídicas a este diario. En julio, la Fiscalía se opuso a la solicitud del partido Laócrata de reducirse la fianza de 5.000 euros que le impuso el juez.
