Uno testigo clave del caso Villarejo ha pedido protección a la Audiencia Nacional. El empresario William Anthony Schwank, reclamado por Guatemala por su implicación en el pago de comisiones millonarias al expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina, remitió una misiva en abril a la Fiscalía Anticorrupción en la que expuso que su vida correría "grave peligro" si le entregan al país centroamericano.
El magistrado Manuel García Castellón acaba de acordar su declaración en la macrocausa de espionajes del comisario jubilado; en concreto, en la pieza Pit. El juez ha accedido a la petición de Anticorrupción de que se cite a este empresario como testigo. En su escrito, al que ha tenido acceso Vozpópuli, el Ministerio Público alega que debe comparecer debido al vínculo entre esta causa y la investigación en Guatemala por sobornos de 30 millones de dólares que habrían pagado Ángel y Álvaro Pérez Maura.
La Fiscalía recoge una serie de conversaciones que obran en esta pieza cuarta del caso Villarejo en las que los principales imputados hablan de ofrecer protección a Schwank y tratar de evitar su extradición a Guatemala. Sin embargo, este empresario, que se afincó en Barcelona, acabó siendo detenido e ingresado en prisión en febrero. El día 11 de marzo compareció ante los investigadores pero se acogió a su derecho a no declarar por temor a represalias.
"Se me aconsejó no regresar a Guatemala"
Pese a su silencio en sede judicial, envió una carta a la Fiscalía en la que explicó los motivos por los que guardó silencio. Schwank no admitió la acusación que pesa sobre él, pero sí dijo que trabajó como "asesor externo" en las negociaciones que se llevaron a cabo entre la empresa Quetzal-EPQ y la Terminal de Contenedores de Barcelona, firma esta última que, según los investigadores, se hizo con el contrato para la explotación de una terminal de contenedores en Puerto Quetzal gracias a las dádivas que pagaron a Pérez Molina los implicados en la trama.
Por el temor sumamente fundado que tengo, puesto que mi vida corre grave peligro, no declaré. Lo que manifestara podría perjudicarme en el procedimiento que se sigue contra mí en GuatemalaExtracto de la carta enviada a Anticorrupción
El empresario expuso que, cuando se inició el proceso contra el expresidente de Guatemala por estos hechos, él se encontraba en España. "Entonces se me aconsejó por el momento no regresar a mi país y quedarme aquí, a cambio de una ayuda que relataré en su momento oportuno", explica y añade: "Cuando resulté detenido en febrero se me citó a declarar en calidad de testigo y por el temor sumamente fundado que tengo, puesto que mi vida corre grave peligro, me acogí a mi derecho a no declarar", expuso.
Testigo protegido del caso Villarejo
El testigo, que puede arrojar mucha luz sobre la investigación en Guatemala del soborno que salpica a los hermanos Ángel y Álvaro Pérez-Maura, terminó la misiva explicando que ahora mismo está dispuesto a prestar declaración pero a cambio de garantías. "Estoy dispuesto a prestar declaración en calidad de testigo protegido, siempre y cuando se me pueda garantizar unos mínimos de seguridad y se inicien los trámites para regular mi situación administrativa", sostiene.
La petición del empresario, sin embargo, parece que no va a prosperar. Los fiscales Anticorrupción han respondido que no es procedente por el momento otorgarle esta condición de testigo protegido porque los riesgos sobre su integridad física los correría en Guatemala y no en España, por lo que entienden que no es pertinente que actúe la Justicia española.
Sin embargo, sí que quieren que declare, y ello porque obran en la causa audios de Villarejo y otros imputados -como su socio en Cenyt Rafael Redondo o el empresario de la jet, Adrián de la Joya- en los que apelan a la necesidad de protegerle, conocedores de que si lo extraditan a Guatemala "va a ir a la cárcel por mucho tiempo". Los implicados en este encargo de espionaje prometieron ayudarle llegándole a dar 1.000 euros para que aguardara hasta que se regularizara su situación.
Delgado, citada como perjudicada
Por todo ello, el juez ha decidido volver a citarle en aras a que, esta vez sí, declare en relación a este asunto. Esta es una de las muchas diligencias que ha acordado el magistrado Manuel García Castellón el cual, además de prorrogar esta línea de investigación medio año más, también ha ofrecido a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, su personación como perjudicada del caso Villarejo. Sostiene que los audios que obran en la causa contienen alusiones que podrían vulnerar su derecho al honor.
Estoy dispuesto a declarar como testigo protegido, siempre y cuando se me garanticen unos mínimos de seguridad y se inicien los trámites para regular mi situación administrativa
El juzgado está a la espera de incorporar un informe de la Agencia Tributaria relacionado con las mordidas abonadas para lograr la adjudicación y también el resultado de una comisión rogatoria girada a Guatemala. Los investigadores tratan de esclarecer dos puntos en esta pieza concreta: por un lado, la contratación de los hermanos Ángel y Álvaro Pérez-Maura de Villarejo para frenar la extradición del primero de ellos y, por otro, la deriva en Guatemala.
De los audios y diligencias practicadas hasta el momento se traduce que los hermanos querían también que Villarejo desplegara sus influencias en Guatemala para obstaculizar la investigación allí. El comisario jubilado, que cobró más de siete millones con este encargo, activó un plan que consistía en aupar a la presidencia de Guatemala al exembajador guatemalteco en Estado Unidos, Julio Ligorría, para que así hiciera decaer las pesquisas por los sobornos.
Villarejo implicó en este asunto tanto al entonces magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón como a Dolores Delgado, en aquel momento fiscal de dicho órgano. El policía les aseguró que ellos podrían frenar la extradición y evitar así que uno de los dos hermanos navieros tuvieran que responder ante la Justicia guatemalteca por los 30 millones de dólares con los que habría sobornado al presidente Pérez Molina para hacerse con la adjudicación del contrato en Puerto Quetzal.
