El pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el conflicto de competencias del Congreso de los Diputados contra el Gobierno en funciones por negarse a someterse al control del Parlamento. A partir de este momento se abre un plazo de un mes para que el Gobierno de Mariano Rajoy presente sus alegaciones y dos para que haya sentencia.
El pleno del Congreso aprobó el pasado mes de abril por 218 votos a favor, 113 en contra y 4 abstenciones presentar ante el Tribunal Constitucional (TC) el citado conflicto, que se formalizó tiempo después tras la no aceptación de las alegaciones del ejecutivo. La iniciativa, presentada de forma conjunta por todos los grupos salvo el PP, se produjo a raíz de que dos ministros no acudieran a sendas comparecencias en comisión a las que estaban convocados.
La sentencia podría servir para aclarar qué puede hacer un Gobierno en funciones, ya que la ley es ambigua
Los miembros del ejecutivo entendieron que no tenían la obligación de rendir cuentas ante una Cámara que no les había dado su confianza (es decir, por estar en funciones tras no haber reunido mayoría suficiente en el Parlamento una vez celebradas las elecciones). La decisión del tribunal de garantías no supone condicionamiento alguno sobre cuál será el fallo, sino simplemente que será estudiado el asunto.
La sentencia podría servir para aclarar qué puede hacer un Gobierno en funciones, ya que se ha demostrado que la ley es ambigua. El Constitucional aún no se ha pronunciado nunca sobre esa situación y sí hay varias sentencias de la sala tercera del Tribunal Supremo, con interpretaciones diversas.
"Rebeldía declarada"
El promotor del recurso, el portavoz parlamentario del PSOE Antonio Hernando, señaló al presentarlo que la iniciativa defiende "la democracia misma" ante la "rebeldía declarada" por el Gobierno en funciones y su "desprecio" a dar cuenta a los ciudadanos a través del control parlamentario, algo que, dijo, pone en cuestión el funcionamiento del sistema constitucional.
Por contra, el popular José Antonio Bermúdez de Castro aseguró que la "verdadera intención" de la iniciativa es "desgastar" al Gobierno de Rajoy; y recordó en ese sentido que en Cataluña y en Andalucía no hubo sesiones de control cuando sus gobiernos estuvieron en funciones tras las últimas elecciones.
