El juez de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, Salvador Alba, ha remitido a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo un contundente informe sobre la actuación de la juez en excedencia y diputada de Podemos Victoria Rosell, que le precedió en este órgano, en el que da cuenta del retraso "evidente e inexplicable" el sufrido por una investigación que ésta inició contra el presidente de la UD Las Palmas Miguel Ángel Ramírez, a pesar de contar con juez de apoyo en esos momentos.
El escrito responde a una petición que le realizó el alto tribunal el pasado día 13 para que informara sobre las "vicisitudes e incidencias que hayan podido afectar a la duración del proceso" contra Ramírez en el marco de una querella presentada por el exministro de Industria en funciones, José Manuel Soria, contra la juez en excedencia.
La petición la adoptó el alto tribunal con carácter previo a resolver si admite o no a trámite la querella interpuesta por Soria contra Rosell por los delitos de calumnias, injurias, prevaricación judicial, retardo malicioso en la administración de justicia y cohecho al entender que la diputada de Podemos pudo favorecer a Ramírez, con el que su pareja, el periodista Carlos Sosa, negociaba la compra de una emisora de radio por cerca de 300.000 euros.
El juez: "NO -las mayúsculas son del juez de Las Palmas- ha habido ninguna incidencia que explique la falta de impulso procesal"
En el informe, al que ha tenido acceso Europa Press, Alba concluye que "NO -las mayúsculas son del juez de Las Palmas- ha habido ninguna incidencia que explique la falta de impulso procesal, de práctica de diligencias de instrucción durante más de un año, y si se ha de destacar alguna incidencia es la de la existencia de dos jueces de instrucción durante la tramitación de gran parte de este procedimiento lo que hace difícilmente explicable su duración" .
El juez Alba también apunta que en los últimos cinco meses, desde que él se hizo cargo del asunto y sin contar ya con un juez de refuerzo que él ha visto innecesario, ha debido dar impulso al procedimiento contra Ramírez -abierto por delitos fiscales y contra la seguridad social- y resolver diligencias que llevaban casi dos años paralizadas por Rosell, como sobre la fianza solicitada por la acusación, diversas pruebas periciales y tomas de declaración a investigados, e incluso la incorporación de documentos contables de todos los años a los que se refiere la investigación.
"Y ello, compatibilizando el cargo de juez de instrucción con el destino del que soy titular en la Audiencia Provincial de Las Palmas", subraya el juez Alba, que destaca que a lo largo de todo un año, entre julio de 2001 y el mismo mes de 2015, Rosell únicamente dictó un auto relativo a esta causa, que resolvía un recurso interpuesto por el ministerio fiscal en abril del año anterior.
La desidia de Rosell, según su juez sustituto, persistía "pese a existir escritos de ampliación de querella, solicitud de fianza, recurso de reforma pendiente, diligencias pendientes solicitadas por las partes, informes de la policía que deberían haber sido objeto de análisis y estudio, y se unieron al procedimiento sin sello ni registro alguno, ignorando la fecha en que ello se produjo, y destacando las sucesivas peticiones de impulso procesal".
Añade que el asunto se impulso por la hoy diputada de Podemos precisamente cuando la Fiscalía de las Palmas comenzó a investigar la situación a raíz de una denuncia anónima en la que se hablaba de que las relaciones comerciales existentes entre Ramírez y la pareja sentimental de la juez han existido durante años.
