La Audiencia Nacional permite que el entorno de Luis del Rivero entre en el caso Villarejo. La Sala de lo Penal ha dado la razón al magistrado que investiga los espionajes del comisario jubilado y entiende que, aunque la investigación sobre el encargo de Repsol y CaixaBank está agotada, hay margen para que la mujer de Del Rivero y el exdirectivo de Sacyr Vicente Benedito Francés actúen como perjudicados de este trabajo concreto.
Así se refleja en un auto del pasado 3 de mayo y al que ha tenido acceso Vozpópuli en el que la Sala de lo Penal da la razón a la Fiscalía Anticorrupción en su intento porque se ofrezca litigar como perjudicados a Natividad Martínez y Vicente Benedito. El instructor del caso Villarejo acordó esta diligencia el pasado mes de febrero, pero el exjefe de Seguridad de CaixaBank la recurrió al considerar que no se podía llevar a cabo por acordarse fuera de la instrucción.
Esta investigación se ha seguido en el marco de pieza 21 del caso Villarejo, centrada en el proyecto Wine. Se trata de un trabajo que Repsol y Caixa encargaron al comisario jubilado en 2011 para frustrar una operación de Sacyr con Pemex. La misión, por la que Villarejo facturó 413.600 euros, pasaba por evitar que la constructora que presidía Luis del Rivero se hiciera con un tercio del capital social de Repsol y diera el control de la petrolera a una sociedad pública mexicana.
Del Rivero, doble perjudicado
Al igual que hizo en otros encargos para empresas del Ibex, Villarejo decidió espiar todos los movimientos de su objetivo, Luis del Rivero, el cual figura también como perjudicado en la pieza del BBVA. El operativo consistió en interceptar todas las llamadas telefónicas y movimientos del empresario murciano y de su mujer Natividad Martínez. En el radar de Villarejo estuvo también el exsecretario del Consejo de Administración de Sacyr, Vicente Benedito Francés; el que fuera director financiero de Repsol Fernando Ramírez Mazarredo; y el exjefe de Seguridad de Sacyr, Rodrigo Álvarez, apodado 'el Cid'.
En los registros del domicilio de Villarejo y de su socio en Cenyt, Rafael Redondo, encontraron material que demostraría la existencia de este encargo. Los agentes se incautaron de anotaciones sobre el tráfico de llamadas intervenidas y otras evidencias de bases de datos confidenciales que el entramado del agente encubierto consiguió gracias a sus socios que todavía seguían en activo en la Policía y, en concreto, al que fuera jefe de la UCAO, Enrique García Castaño.
El avance de la causa llevó incluso a imputar a Repsol y Caixabank como personas jurídicas y también a Antonio Brufau e Isidro Fainé, además de una serie de cargos intermedios. La Fiscalía Anticorrupción les implicó en esta contratación, que se ideó desde la petrolera, y les atribuyó delito de cohecho al tratarse Villarejo de un funcionario policial que no estaría habilitado para operar en el ámbito privado.
Espiados por Villarejo
Tras una serie de archivos y reaperturas, la Sala de lo Penal terminó sacando del caso en enero de este año no solo a los presidentes de los dos entes, sino también a la propia Repsol y Caixabank. En su comparecencia ante el magistrado Manuel García Castellón se desligaron por completo del comisario y delegaron la contratación en el departamento de Seguridad de Repsol. El compliance que aportó la petrolera también sirvió para exonerar a los altos mandos y a las firmas y centrar el encargo únicamente en el área de Seguridad.
Por ese motivo, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 procesó únicamente a Villarejo, al exdirector de Seguridad de Repsol Rafael Araujo; su número dos, Rafael Girona; al exjefe de Seguridad de CaixaBank Miguel Ángel Rancaño y a Enrique García Castaño. Este primer paso para sentar a los imputados en el banquillo conllevó el fin de la instrucción, aunque Del Rivero pidió que se permitiera actuar como perjudicados a su entorno más cercano.
Posteriormente, lo solicitó la Fiscalía Anticorrupción y el magistrado lo acordó al considerarlo pertinente. El exjefe de Seguridad de Caixa llevó el asunto ante la Sala de lo Penal, cuya Sección Tercera ha resuelto dando la razón al juez y a la Fiscalía. Según explican los magistrados, el hecho de que se ofrezcan acciones a los también perjudicados del comisario jubilado no implica que se deje sin efecto resoluciones previas acordadas por el juzgado.
Legitimación de Anticorrupción
A ello añaden que Anticorrupción puede proponer diligencias pese a que la causa ha terminado de instruirse a tenor de lo recogido en el artículo 780.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). "En el presente caso la solicitud del Ministerio Fiscal cumple con los requisitos en cuanto al momento procesal, pues se realizó después de haberse dictado el auto de transformación, en el que se acordaba el traslado a las acusaciones", explican los magistrados los cuáles añaden que esta diligencia puede también allanar el camino a la Fiscalía a la hora de efectuar su escrito de acusación contra los implicados.
"Puesto que el Ministerio Fiscal ha manifestado su voluntad de incluir, entre otros, un delito cuya perseguibilidad está legalmente condicionada a la denuncia de las personas agraviadas, la comparecencia de estas se convierte en esencial para que el Ministerio Fiscal pueda formular la calificación por dicho delito. El juez de instrucción no está obligado a acordar la diligencia por el mero hecho de que la solicite el Ministerio Fiscal, pero sí a acceder a la solicitud si, como ocurre en este caso, la valora como indispensable para la acusación que aquel manifieste tener intención de formular y encaje en los hechos objeto de la causa", indican.
De esta forma, tras el pronunciamiento de la Sala de lo Penal, el instructor del caso Villarejo tiene ahora en su mano la potestad de citar tanto a la mujer de Del Rivero como al exalto cargo de Sacyr para que expliquen en primera persona si se sintieron agraviados por la actuación del comisario jubilado; lo cual facilitaría la acusación por delito de revelación de secretos.
