Cuatro años después de su detención, el comisario jubilado José Manuel Villarejo afronta el primer gran juicio por sus encargos de espionaje. La Audiencia Nacional le sienta en el banquillo de los acusados junto con otras 26 personas físicas y cinco jurídicas implicadas en tres proyectos que gestionó desde su entramado empresarial mientras estaba en activo en la Policía Nacional. El juicio será determinante también para investigados en otras piezas que afectan a grandes entes del Ibex puesto que se pronunciará sobre asuntos que trascienden a toda la causa, como es la validez de los audios.
Villarejo llega a la primera vista oral de este macroprocedimiento de corrupción tras haber pasado más de tres años y medio en la cárcel por estos hechos y con un único objetivo: tratar de demostrar que tenía venia de Interior para poder operar con sus negocios privados mientras estaba adscrito a la Policía Nacional. La defensa del comisario planteará desde la primera sesión de la vista -que arranca este miércoles 13 de octubre- que las famosas grabaciones que han ido dando pie a la apertura de hasta una treintena de piezas, están manipuladas.
Su objetivo es demostrar que no valdrían como prueba de cargo para librarse de una petición de cárcel de 109 años si se suman los delitos que se le atribuyen en las tres piezas. Aunque el comisario se ha convertido en protagonista principal de esta presunta organización criminal, junto a él serán juzgados también su mujer Gemma Alcalá (en calidad de administradora de una de sus sociedades) y su hijo José Manuel Villarejo Gil, cada uno por un proyecto diferente. Pese a que el instructor las investigó como líneas separadas, la Sala de lo Penal que va a juzgar el caso decidió aglutinar las tres primeras que se cerraron por la similitud de los hechos.
El comisario afronta una petición total de 109 años y 10 meses de cárcel por los tres encargos gestionados desde el Grupo Cenyt
De este modo, el tribunal que preside la magistrada Ángela Murillo (encargado de juzgar otras causas como las tarjetas black o Bankia) coge las riendas de la primera vista oral que engloba las piezas de Iron, Land y Pintor. La peculiaridad reside en que en estas dos últimas la Fiscalía Anticorrupción ha alcanzado acuerdo de conformidad con los acusados, de manera que el grueso del juicio y de las pruebas periciales irá destinado al encargo de Iron. Se trató de un proyecto ordenado desde el despacho de abogados Herrero y Asociados para espiar a unos trabajadores que se habían ido a la competencia.
Por este asunto, Villarejo afronta 57 años de cárcel, de los que 35 corresponden a siete delitos de descubrimiento y revelación de secretos. Se trató de la segunda pieza separada que abrió el primer instructor de la causa Diego de Egea, y por la que se sientan en el banquillo un total de 14 personas. Entre ellas se encuentran su mujer (afronta 46 años y 9 meses) su socio en el Grupo Cenyt, Rafael Redondo, y otro de los grandes protagonistas del caso Tándem, el exjefe de la UCAO, Enrique García Castaño. A ellos se suman el exinspector Constancio Riaño, el expolicía Antonio Bonilla, así como los contratantes de este proyecto que gestó en 2013 y por el que Herrero pagó 302.000 euros.
El papel de las empresas
Esta fue de las primeras piezas en las que se detectó el contacto directo que tenía el comisario jubilado con policías en activo dentro de la Comisaría General de Información así como con las entidades bancarias. Anticorrupción avisa en su escrito de acusación que tuvo acceso a datos policiales de "carácter sensible" y a información bancaria "confidencial" de sus víctimas, todas ellas integrantes del despacho Balder IP Law. La documental hallada en el domicilio del agente reveló el acceso a movimientos bancarios, transferencias y otros datos secretos con los que habría vulnerado los derechos de los espiados.
Por ese motivo Herrero y Asociados también rendirá cuentas en el juicio, en calidad de persona jurídica. Al igual que ocurriera con Iberdrola, BBVA y otros grandes entes del comisario, el magistrado le imputó al constatar que fallaran los sistemas de control. En el caso de este despacho en cuestión, el Ministerio Público recalca que ni tan siquiera tenía un modelo de vigilancia instaurado para prevenir la comisión de los delitos. Frente a esta tesis se sitúan los acusados los cuales ya denunciaron tras el cierre de la pieza que quedaron diligencias por practicar. Así lo expuso Enrique García Castaño, exalto mando policial también imputado en otras piezas (como el caso Kitchen) y que decidió colaborar con la Justicia.
Acuerdos para evitar prisión
Otra de las piezas que van a juicio desde este miércoles es la relativa a Land. Fue la tercera línea de investigación en abrirse y puso en la picota a la familia del fallecido Luis García-Cereceda, arquitecto conocido por ser el padre de la urbanización de Lujo de La Finca. Las pesquisas practicadas (entre ellas más de 40 declaraciones en sede judicial) evidenciaron que la actual dueña del complejo, Susana García-Cereceda recurrió a los servicios del policía para espiar a su otra hermana en plena pugna por la herencia familiar. Entre los perjudicados de este encargo gestado a mediados de 2013, se encuentran Joaquín Torres (el arquitecto de los famosos), Silvia Gómez-Cuétara o Jaime Ostos.
De nuevo este caso surgió a tenor de todo el material encontrado en el domicilio familiar de Villarejo en Boadilla del Monte y de Redondo tras su detención el 3 de noviembre de 2017. El magistrado les envió al banquillo asegurando que las facturas y las conversaciones implicaban de lleno a los contratantes en cuyo despacho también habrían hallado material del Grupo Cenyt. Del total de siete acusados que hay por esta línea de investigación, tres de ellos llegan a juicio con acuerdo de conformidad para evitar la cárcel.
Ellos son Susana García-Cereceda, el socio de Procisa Francisco Lorenzo Peñalver y el exjefe de Seguridad de la Finca, David Fernández. A todos ello Anticorrupción les aplica la atenuante de confesión y reparación del daño y les rebaja penas a menos de dos años de cárcel, de manera que podrían evitar su ingreso en prisión. No es el caso del comisario jubilado y de su socio García Castaño, que solo por esta pieza se enfrentan a 30 años y diez meses el primero, y 30 años el segundo. Tanto Procisa como sus tres herederas también irán a juicio.
El espejo de otras piezas
Finalmente, los tres magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal juzgarán también a todos los implicados en la pieza sexta de la macrocausa que llevó por nombre Pintor. Entre los principales protagonistas de este encargo que tenía por fin el espionaje de un exmagistrado, se encuentran los empresarios Fernando y Juan Muñoz Támara. Por este trabajo que se gestó entre 2016 y 2017, también será juzgado el hijo del comisario, el cual afronta una petición de 14 años de cárcel, al igual que su padre. En este caso se les atribuye también un delito en grado de extorsión.
La finalidad del proyecto era presionar al exjuez Francisco Javier de Urquía en calidad de abogado de un exsocio de los Muñoz Támara para salir indemnes de un procedimiento por delito contra la Hacienda Pública abierto en Sevilla. De este modo se hicieron con vídeos del exmagistrado en los que aparecía consumiendo cocaína y acompañado de dos prostitutas, con el fin de extorsionarle en aras a que su cliente le pagara una antigua deuda que tenía contraída con los contratantes.
También están implicados otros tres policías ya que Villarejo recurrió a ellos con el fin de aclarar si la víctima del encargo tenía activos o era insolvente, como se había declarado en el juzgado. Para uno de los acusados, Antonio Bonilla, se trata de la segunda pieza ya que también fue procesado en Iron. De nuevo en esta pieza la Fiscalía selló pacto de conformidad con sus principales protagonistas, de modo que la confesión de los Muñoz Támara se traduce en una rebaja de petición de ocho años a 11 meses de cárcel.
Aunque cada una de las investigaciones tiene su propia naturaleza, lo que dirima el tribunal de esta primera gran vista será determinante para las otras líneas que siguen vivas en la Audiencia Nacional tales como las de Iberdrola o BBVA. También marcará el camino para otras cuya investigación ha culminado (a falta de que la Sala lo de Penal se pronuncie sobre los recursos) relativas a los encargos de Repsol y Caixa o la bautizada como Kitchen, en la que se impulsó un operativo parapolicial dirigido por la excúpula del Ministerio del Interior para sustraer a Luis Bárcenas documentación comprometedora del PP de Mariano Rajoy.
