Más violaciones y delitos sexuales. El número de casos contra la libertad e indemnidad sexual en España han crecido por encima del 9% respecto al último año prepandemia, 2019. Esta categoría, introducida en el informe de criminalidad que el Ministerio del Interior publica de manera trimestral, incluye violaciones, pero también otros delitos relacionados con la libertad sexual o la indemnidad del cuerpo de la víctima.
En total, en los tres primeros meses del año 2021 se produjeron 1.077 delitos más contra la libertad e indemnidad sexual que en 2019, lo que supone ha habido algo más de tres casos diarios que en 2019 no sucedían.
Se trata de una cifra negativa que se refleja en casi todas las comunidades autónomas, aunque hay alguna que se salva de la quema: Castilla y León, Navarra y Canarias redujeron su número de casos, mientras que Baleares ha reflejado exactamente el mismo número de casos que en 2019. Al menos ha sido así en los tres primeros trimestres del año, ya que el último informe, el que cierra el año y refleja qué ha sucedido, aún no ha sido publicado.
En el lado contrario, observamos cómo hay ciertas comunidades autónomas que reflejan aumentos bastante preocupantes. Es el caso de Aragón (+46,98%), Asturias (+60,27%) o Cantabria (+22,62%), donde este caso de delitos se han disparado, aunque el aumento de casos es generalizado en toda España.
Se trata de un claro repunte respecto a 2020, donde la medición se detuvo durante los primeros meses del año por la irrupción del covid-19. Si lo comparamos con el pasado año, el aumento de esta clase de delitos en España es, de media, superior al 30%.
Si nos centramos únicamente en agresiones sexuales, dejando de lado otros delitos de índole sexual (proxenetismo, acoso o abuso sexual) observamos cómo tienen un peso importante en el aumento de los delitos sexuales totales perpetrados en nuestro país. El crecimiento medio a nivel nacional es del 13,95%: en 2021 se produjeron 196 agresiones sexuales más.
Coincide que las tres comunidades autónomas donde más han crecido las violaciones son, precisamente, en las que han aumentado los delitos de índole sexual. En Asturias se han disparado un 250%, en Aragón un 150% y en Cantabria un 114,29%. Al igual que sucede con la tabla anterior, las violaciones están 'in crescendo' en todo el país salvo en algunos puntos muy concretos: Baleares, Galicia y País Vasco.
Provincia | Violaciones en 2019 | Violaciones en 2021 | % |
Andalucía | 189 | 212 | 12,17% |
Aragón | 18 | 45 | 150% |
Asturias | 8 | 28 | 250% |
Baleares | 74 | 53 | -28,38% |
Canarias | 54 | 69 | 27,78% |
Cantabria | 7 | 15 | 114,29% |
Castilla y León | 34 | 43 | 26,47% |
Castilla-La Mancha | 35 | 54 | 54,29% |
Cataluña | 419 | 462 | 10,26% |
Extremadura | 14 | 21 | 50% |
Galicia | 79 | 61 | -22,78% |
Comunidad de Madrid | 173 | 204 | 17,92% |
Región de Murcia | 31 | 48 | 54,84% |
Navarra | 22 | 25 | 13,64% |
País Vasco | 87 | 72 | -17,24% |
La Rioja | 5 | 7 | 40% |
Comunidad Valenciana | 139 | 170 | 22,3% |
Total nacional | 1.405 | 1.601 | 13,95% |
El violador en España: perfil del agresor
El perfil del violador lo conocemos gracias a un estudio desarrollado por Sexviol, conformado por investigadoras de las universidades de Valencia, Jaén, Complutense y Carlos III de Madrid. Este informe desvela que el 80% de los agresores sexuales son conocidos por sus víctimas y que no presentan antecedentes penales. Esta conclusión sale a la luz tras analizar 178 sentencias de la Audiencia Provincial de Madrid.
El estudio, llamado 'Violencia Sexual en España, informe de su incidencia mediante el análisis de fuentes estadísticas y jurídicas', destaca que el 17,4% de los casos, el agresor es la pareja o la expareja y que el 60,1% de los casos, las violaciones se realizan en viviendas y no suele implicar el uso de armas (13,5%) o el empleo de violencia física extrema (menos del 10%).
También señala que en casi la totalidad de los casos, la víctima es una mujer (95,5%) y el agresor un hombre (99,4%). Además, en tan solo el 1,7% de los procesados, el agresor sexual era reincidente. De hecho, lo más habitual (70,2%) es que los procesados no tengan antecedente alguno.