El bloqueo de la propaganda electoral de Vox durante los primeros días de campaña por presentarse en un sobre con la bandera de España ha culminado con la apertura de diligencias contra el presidente de la Junta Electoral Central (JEC), Carlos Granados, y el presidente de Correos y Telégrafos, Javier Cuesta Nuin, por parte del Juzgado de Instrucción número 27 de Madrid por un supuesto delito electoral, según recoge la formación en una nota de prensa.
La apertura de estas diligencias tiene lugar después de que el servicio jurídico del partido que preside Santiago Abascal se personara en los juzgados de Plaza de Castilla para interponer una denuncia en vista de la paralización de la propaganda de la formación durante el proceso electoral que culmina este 20 de diciembre. El grupo político recuerda en la nota que el presidente de la JEC "fue Fiscal General del Estado durante la etapa de Alberto Belloch al frente de los ministerios de Justicia e Interior" y apunta que es la primera vez en democracia que el presidente de la Junta es "encausado en mitad de un proceso electoral".
La formación recuerda que es la primera vez en democracia que el presidente de la Junta es "encausado en mitad de un proceso electoral"
Vox, a través de sus servicios jurídicos, apunta, "entendió desde el primer momento en que tuvo conocimiento de los hechos el 10 de diciembre, que la arbitraria actuación, tanto del Presidente de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos D. Javier Cuesta Nuin en su decisión de paralización injustificada el 7 de diciembre del reparto de todos los sobres de 'Envíos postales de propaganda electoral' de Vox, como la del Presidente de la Junta Electoral Central, D. Carlos Granados Pérez, convalidando el secuestro de dichos envíos, además de ser totalmente contrarias al derecho administrativo electoral (Loreg), a la Ley de banderas (Ley 39/1981), y a los Acuerdos que regulan las obligaciones del Servicio público postal, pudieran ser constitutivos de graves delitos".
En la madrugada del 12 de diciembre Vox interpuso a su nombre las denuncias contra las dos personas sobre las que se ha abierto diligencias ante el Juzgado de Guardia de Madrid por dos delitos electorales a cada uno de ellos, previstos y penados en el art. 139. 5 y 7 de la Loreg, que tipifican por un lado la conducta de “suspender sin causa justificada cualquier acto electoral”, y por otro, de aquellas actuaciones que igualmente causen de manera injustificada “manifiesto perjuicio a un candidato”, con penas de hasta 2 años de prisión y multa; y ello, sin perjuicio de ampliarlas posteriormente a los delitos de prevaricación administrativa previstos en el art. 404 y ss. del código penal, por “dictar a sabiendas de su injusticia una resolución arbitraria”, penado con inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de hasta 10 años.
"Dichas denuncias fueron turnadas al Juzgado de Instrucción, nº 27 de Madrid, el que tras su estudio, nos ha notificado en el día 18, Auto en que acuerda en primer lugar, admitir a trámite e incoar Diligencias Previas de Procedimiento Abreviado al considerar que los hechos denunciados hacen presumir 'la posible existencia de una infracción penal', y en segundo lugar acumular ambas denuncias para tramitarlas conjuntamente al tratarse de hechos y delitos conexos. Los siguientes pasos dentro de la fase de investigación o instrucción penal deberán ser la de citar a declarar a los denunciados y requerir informe a la Fiscalía", asegura la formación.
Además, Vox defiende que "se continuarán los procedimientos hasta sus últimos trámites, con el objetivo de lograr que se dicte en su día la pertinente sentencia condenatoria contra dichos autores, por la comisión de unos hechos de la máxima gravedad en un Estado de Derecho, inauditos en la democracia, como es el secuestro ilegal de toda la propaganda electoral de un partido paralizando el normal desarrollo de su Campaña, con los graves perjuicios que ello supone en la limpieza e igualdad de oportunidades, además de ser una grave vulneración de derechos fundamentales, como ya ha reconocido cautelarmente el Tribunal Supremo, constituyendo hechos delictivos de los que habrán de responder sus autores".
