El presidente de Ecuador, el conservador Guillermo Lasso, ha decretado este miércoles en medio del juicio político en su contra disolver la Asamblea Nacional (Parlamento), de mayoría opositora, y convocar elecciones generales anticipadas, de modo que gobernará mediante decretos hasta que su sucesor asuma el cargo.

En un mensaje a la nación, Lasso ha anunciado esta disolución mediante el mecanismo legal denominado "muerte cruzada" por la "grave conmoción interna y política" del país, después de haber comparecido el martes ante la Asamblea para realizar su alegato de defensa ante la acusación formulada por la oposición por un presunto delito de peculado (malversación).

La figura legal que se conoce como "muerte cruzada", contemplada en la Constitución de 2008, le permite disolver el Parlamento en vez de esperar al segundo día de debate que debía llevarse a cabo en la Cámara para posteriormente votar la moción de censura, en la que se requieren 92 votos para destituirlo, equivalentes a dos tercios del hemiciclo.

Crisis política

"Ecuador tiene la necesidad de un nuevo pacto político y social que le permita salir de la grave crisis política en la que se encuentra y que, lamentablemente, cada día se profundiza", ha informado Lasso en el inicio de su mensaje.

Asimismo, el presidente ecuatoriano ha indicado que la solución debe poner fin a "una confrontación irracional e inútil" y señaló que no es posible avanzar y enfrentar los profundos desafíos "a los que nos somete la inseguridad y el terrorismo con una Asamblea que tiene como proyecto político la desestabilización del Gobierno, de la democracia y del Estado".

Comentó que, en los últimos dos años, "un sector de la política nacional ha intentado deponer al Gobierno democráticamente elegido".

Lasso ha añadido que el proyecto desestabilizador "subió de nivel con el bloqueo de las iniciativas legislativas presentadas por el Ejecutivo" y ha afirmado que "todos los esfuerzos del poder legislativo están enfocados en desestabilizar al Gobierno con un juicio político infundado".

"Promueven un supuesto delito de peculado por omisión que no existe en nuestra legislación, con el que quieren asegurar que soy responsable político por no haber actuado frente a un presunto caso de corrupción", comenta sobre la acusación de la oposición

Para el gobernante, se trata de "un proceso sin pruebas, contradictorio, confuso, ilegal e ilegítimo, es el mecanismo para destituir al presidente".

"Los acusadores se han obsesionado por acabar con mi Gobierno impulsados por un sobrehumano rencor. Sin embargo, han sido incapaces de encontrar prueba alguna en mi contra porque no hay nada que encontrar, absolutamente nada", ha recalcado.

El gobernante ha apuntado que se ha esforzado "para que el diálogo político sea la herramienta que garantice gobernabilidad (...), pero el ataque a la gestión de este Gobierno no tiene límites".

Como ejemplo, ha comentado que la oposición ha activado 14 juicios políticos a ministros "para generar inestabilidad en el gabinete y entorpecer el trabajo del Gobierno".

Considera que ello es "una constante obstrucción que ha generado una grave crisis política y conmoción interna, que se refleja en la casi nula confianza de la sociedad ecuatoriana en la Asamblea".

Firma del decreto

Lasso ha asegurado que, "para dar una salida constitucional", decidió aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República, que le otorga la Facultad de disolver la Asamblea Nacional "por grave crisis política y conmoción interna".

Además, ha solicitado al Consejo Nacional Electoral la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos periodos.

"Esta es una decisión democrática, no solo porque es constitucional, sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano el poder de decidir su futuro en la próxima elección", ha agregado, al indicar que ello permite al Gobierno centrar todos sus esfuerzos en atender las necesidades de la familia ecuatoriana.

"A partir de hoy, sin bloqueos, el Gobierno nacional expedirá una serie de decretos ley que cumplirán con el mandato soberanamente expresado", ha aclarado, al avanzar que ya ha firmado el primer decreto ley de urgencia económica para reducir impuestos y fortalecer la economía.

Lasso ha subrayado que los servicios públicos atenderán con normalidad, que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional continúan garantizando seguridad y que el sector privado "tiene todas las garantías para desarrollar sus actividades y seguir contribuyendo al crecimiento y desarrollo del país".

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