La Cámara de los Comunes ha dado luz verde este lunes a la ley que permitirá convocar un referéndum sobre la pertenencia del Reino Unido a la Unión Europea, una consulta que el primer ministro británico, David Cameron, se ha comprometido a celebrar antes de que finalice el año 2017.
La normativa superó el trámite de la tercera lectura en la cámara baja de Westminster, con 316 votos a favor y 53 en contra, en una agitada sesión que se alargó más allá de la medianoche, y pasará ahora a la Cámara de los Lores antes de recibir el consentimiento real de Isabel II, según informa Efe.
División de opiniones
Cameron no ha confirmado aún qué opción defenderá, pero ha sugerido que su deseo es que el Reino Unido continúe formando parte de la Unión siempre y cuando Bruselas acepte ceder parte de su poder de decisión en materias como inmigración y justicia.
Aunque las encuestas sobre las preferencias de los británicos ante el referéndum se han dirigido en los últimos meses a favor de la permanencia en el bloque comunitario, este fin de semana se publicó el primer sondeo que otorgaba una ligera mayoría a los partidarios de abandonar la UE. El estudio, elaborado por la empresa Survation a partir de las respuestas de 1.004 personas a finales de la semana pasada, sugiere que el 51 % de los británicos votaría en contra de permanecer en la UE.
El premier ha recibido duras críticas de su propio partido por querer derogar la 'purdah', la prohibición del Gobierno de hacer campaña previa a la votación
El Gobierno todavía no ha fijado una fecha para convocar la consulta y mantiene que el calendario depende el avance de las negociaciones con Bruselas, si bien se ha comprometido a que pondrá las urnas en la calle antes del comienzo de 2018.
Sesión revuelta
Un grupo de 37 conservadores euroescépticos se alineó en la sesión de este lunes con la oposición para eliminar una propuesta que iba a facilitar al Gobierno hacer campaña antes del referéndum y asestó al primer ministro Cameron su primer revés parlamentario desde que obtuvo la mayoría absoluta en mayo. Los tories votaron unidos en contra de que los menores de 16 y 17 años puedan tomar parte en la consulta, una propuesta laborista, y contra la participación de los ciudadanos europeos residentes en el Reino Unido, como proponía el Partido Nacionalista Escocés.
El grupo de conservadores rebeldes, en cambio, se unió a los laboristas y los independentistas escoceses para lograr sumar 312 votos, frente a 285, y tumbar una modificación a la ley que iba a permitir al Gobierno defender públicamente una de las opciones en liza en los días previos al referéndum. La legislación británica establece que el Ejecutivo no puede hacer anuncios relevantes ni utilizar recursos públicos para defender sus puntos de vista en la campaña previa a cualquier cita con las urnas, un periodo de excepción que en el Reino Unido se conoce como purdah y que Cameron aspiraba a derogar en el caso del referéndum sobre la UE.
Los conservadores más escépticos no han tenido problema en votar con libertad en contra de su líder
El ala euroescéptica de los conservadores, que teme que el Ejecutivo británico defienda finalmente la permanencia del Reino Unido en la UE, no aceptó, sin embargo, eliminar esas limitaciones, ni tampoco una propuesta de última hora en la que el Gobierno introdujo una versión matizada de la norma. El texto con el que Cameron pretendía contentar a los críticos de su formación mantenía algunas limitaciones pero dejaba la puerta abierta a que los representantes públicos manifestaran durante los 28 días previos a la votación su postura "en términos comedidos y moderados" y opinaran sobre asuntos de política comunitaria.
El grupo de tories euroescépticos no aceptó ninguna de las propuestas del líder de su partido a ese respecto y apoyaron en cambio la enmienda de los laboristas, que mantiene intacta la norma original e impide al Gobierno involucrarse en la campaña. Para el conservador Bernard Jenkins, que encabezó la revuelta conservadora, la modificación que defendía Cameron permitía burlar el espíritu de la ley y utilizar recursos públicos para promover la postura oficial del Ejecutivo.
